Los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detectado que el inspector en segunda actividad Antonio Bonilla, uno de los que se encargó de elaborar los informes para BBVA que investiga la Fiscalía anticorrupción en el caso Tándem, ingresó entre 2011 y 2017 un total de 107.000 euros de dos de las empresas del excomisario José Manuel Villarejo, según consta en un oficio policial de 30 de enero al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el documento, fechado el 30 de enero pasado, los agentes indican además que el propio BBVA, bajo la presidencia de Francisco González, realizó en el mismo periodo de tiempo siete abonos a la empresa de Bonilla (Anbycol SL) por un valor de 12.571 euros. Este periódico ha recabado la versión de este inspector en segunda actividad, cuya defensa rechaza que los trabajos elaborados por el inspector utilizaran información confidencial de la Policía.
Además, la defensa del inspector explica que esos pagos se corresponden con un contrato legal de prestación de servicios de análisis de información que comenzaron el 1 de septiembre de 2013, según consta en el acuerdo firmado entre ambas partes.
Extradición a Guatemala
Precisamente este lunes, Bonilla ha sido citado a declarar como imputado por el juez en el marco de la pieza separada del caso Villarejo denominada Pit, en la que se investigan las maniobras del excomisario para frustar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez-Maura.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga los encargos realizados presuntamente desde 2005 por el BBVA a Villarejo. Entre estos trabajos se incluye el supuesto espionaje a directivos de Sacyr que a finales de 2005 intentaron desplazar a Francisco González de la presidencia del banco.
Entre estos trabajos presuntamente ilegales realizados por Villarejo, el excomisario hurgado en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, según consta en una grabación del polémico agente de 15 de mayo de 2005, adelantada por Vozpópuli.
En el mismo sentido, el ministerio público apunta a otro comisario, en este caso Enrique García Castaño, conocido con el alias de 'El Gordo', como "el principal proveedor de la información protegida, tráficos de llamadas e interceptaciones telefónicas con la que luego José Manuel Villarejo elaboraba informes para su cliente particular, en este caso el BBVA".
Un negocio privado
Y para sostener estas conclusiones, los fiscales encargados del caso recuerdan que Villarejo, en su declaración de 21 de enero de 2019, reconoció que el encargo de BBVA, "que implicaba para su desarrollo el acceso y posterior análisis de tráfico de llamadas y, probablemente, interceptación de comunicaciones, era un negocio privado, por lo tanto, ajeno a sus funciones policiales desarrolladas como comisario en activo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía".
En el mismo sentido, la Fiscalía desmiente a García Castaño y asegura que la investigación que se desarrolla sobre los servicios contratados por el clan de Villarejo con el BBVA "con ocasión del plan de toma del control del banco por parte de la mercantil Sacyr", no afecta a ninguna información clasificada.
