El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de "un clan policial mafioso" que "infectó" durante años a la Policía Nacional, según la Fiscalía Anticorrupción, aseguró en su declaración como imputado celebrada en julio 2016 ante el juez del caso 'Pequeño Nicolás', Arturo Zamarreño, que sus grabaciones se realizaron por "interés policial", según consta en la declaración, en la que la imagen del excomisario aparece pixelada por razones de seguridad.
La detención de Villarejo y los posteriores registros autorizados judicialmente el 3 de noviembre de 2017 en domicilios de Boadilla del Monte (Madrid), Estepona (Málaga) y Galapagar (Madrid), este último del socio del agente Rafael Redondo, han puesto de manifiesto que el polémico comisario guardaba en su casa cientos de grabaciones sin interés policial, que no se habían realizado bajo mandato judicial, tal y como demuestra la grabación realizada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Sin embargo, en su declaración de 2016, el juez Zamarreño interrogó a Villarejo sobre las grabaciones que en ese momento se conocían: la de una reunión entre policías y el CNI en el caso del 'Pequeño Nicolás', pero también sobre la del ático del expresidente madrileño Ignacio González.
Villarejo se desvinculó de la primera, al mismo tiempo que aseguraba que la segunda había sido por orden de su entonces jefe, ahora fallecido, Miguel Ángel Fernández-Chico, que también estuvo presente en la conversación grabada en 2009 presuntamente por Villarejo en presencia de la ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, y del exjuez Baltasar Garzón.
Revelación de secretos
"A mi juicio existen algunos indicios que permiten relacionarle a usted con un delito de revelación de secretos", aseguró entonces el juez Zamarreño, que continuó con su relato: "El 20 de octubre de 2014 se llevó a cabo una reunión en la Dirección General de la Policía en la que intervinieron miembros de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y agentes del CNI, la reunión fue objeto de una grabación ilegal, toda vez que se instalaron en el teléfono de uno de los participantes en esa reunión, en concreto en el teléfono del señor [comisario] Marcelino Martín Blas un programa espía [...] que sirvió para motorizar el teléfono haciendo una simple llamada, y a partir de ahí se produce la grabación de todo lo que estaba sucediendo en la sala", explicó el juez Zamarreño, que consideró que Villarejo había sido el impulsor de la grabación.
En su interrogatorio, el magistrado Zamarreño dijo que Villarejo había sido el responsable de la grabación, y aseguró, de forma textual: "Comprenderá usted que se pueda entender como grave y muy frívolo el hecho de grabar una reunión entre gente del CNI y gente de la Policía".
A lo que el excomisario le dio la razón, para después desvincularse de la misma, apuntando a que los agentes Marcelino [Martín Blas] y Rubén [López] "lo solían hacer mucho. No me extraña que lo hubieran grabado ellos".
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Marcelino Martín Blas y Rubén López fueron los agentes que iniciaron la investigación contra Villarejo, que ha acabado con el comisario jubilado en la cárcel. Y desde hace varios años son sus principales antagonistas.
Y ese fue el momento en el que el juez Zamarreño aludió a la grabación realizada por el propio Villarejo, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en la este intentó que no se hiciera público que disponía de un ático a un alquiler a muy bajo precio en Estepona: "Me permitirá que le diga que la grabación del ático del señor González...esa la realizó usted... Eso de las grabaciones no es una cosa exclusiva de...", continuó el juez, que fue interrumpido por Villarejo, que contestó: "Claro que no, nosotros grabamos por interés policial. Había un interés policial, el director Adjunto Operativo me ordenó que lo hiciera, y yo lo hice".
Asimismo, Villarejo declaró al juez que en el caso de la grabación del ático de González a la reunión que había solicitado el expresidente madrileño, presunto cabecilla de la trama de corrupción 'Lezo', fue acompañado de Enrique García-Castaño, conocido como 'El Gordo', que le ayudaba en sus operaciones. García-Castaño también fue arrestado en el 'caso Tándem'.
"Ingente información"
Un auto de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre autorizó a la Policía a acceder a la "ingente" información contenida en los dispositivos informáticos incautados a Villarejo y a su socio, mucha encriptada, cuyo análisis ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción abrir diferentes procedimientos en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
El propio ministerio público relata que entre los elementos que se incautaron en los registros había un dispositivo de captación activa de información, estructurado en ocho dispositivos de comunicaciones. También había cuatro aparatos de contramedidas, tres bases estáticas y una externa de apoyo de emergencia.
Anticorrupción informó además de la incautación de doce coches y cinco motocicletas para vigilancia o transporte, así como de tres vehículos para comunicaciones y varios elementos de transmisión dúplex.
Los agentes también descubrieron "software y hardware que sirve para acceder a determinados bancos de datos, y una infraestructura de análisis y muestreo de soportes para análisis documental, procedimientos de contraste utilizados en reproducción de documentos, equipos de audio para grabaciones convencionales, equipos de captación de audio en ambientes hostiles y equipos ópticos varios de fotografía y vídeo, entre ellos los captadores de imágenes en situaciones adversas", según la Fiscalía.
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El ministerio público explica que entre los servicios de carácter transversal contratados había medidas de seguimientos personales documentados: "Directamente dirigidos a conocer vínculos de carácter estrictamente personal e íntimo, que les permitiera posteriormente utilizarlos contra ellos en la controversia por la herencia del patrimonio que se disputaban", explica el ministerio público en relación a la pieza 'Land', sobre una disputa interna de la familia García-Cereceda.
Precisamente, el hecho de que Villarejo haya grabado cientos de conversaciones ha convencido a la Fiscalía para que no se levante el secreto de sumario, porque esto permitiría que "las defensas de los investigados tengan acceso, al mismo tiempo que los investigadores, a la ingente documentación tanto en soporte papel como en soportes informáticos incautados en el curso de las diligencias de entradas y registros practicados al comienzo de la investigación, que en buena parte se encuentran aún pendientes de analizar", destaca Anticorrupción.
Esta situación, completa el ministerio público, derivaría "sin duda en la frustración de toda la investigación pendiente, puesto que el conocimiento simultáneo por las partes de estas fuentes de prueba supondrá la posibilidad cierta de advertencia previa a otros partícipes en los hechos, como son otros clientes que hubieran podido contratar y abonar los servicios del Grupo Cenyt cuando el investigado José Manuel Villarejo se encontraba en activo como Comisario del Cuerpo nacional de Policía", concluye Anticorrupción.
