PP y Vox cuentan con pocas opciones para paralizar la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. El PSOE encamina su proposición de Ley Orgánica al Pleno del próximo 30 de enero, donde se espera que consiga los votos necesarios para su aprobación. Mientras tanto, PP y Vox perfilan sus estrategias para tumbar la norma antes de su entrada en vigor y que los delitos cometidos por los independentistas no sean amnistiados.
Los de Abascal podrían aún usar una última carta y conseguir que el Informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía pase por la Comisión Constitucional. Hace algo más de una semana, Vox presentó en la ponencia de la Comisión de Justicia una propuesta en firme para que la Francina Armengol informe previamente a la comisión parlamentaria encargada de los asuntos con relevancia constitucional sobre la iniciativa firmada por los socialistas.
Finalmente, dicha iniciativa no se incluyó en el orden del día de la sesión del pasado martes de la Comisión de Justicia, por lo que no se pudo proceder a su votación.
Ante lo ocurrido, Vox estudia emitir un recurso a la Mesa del Congreso y de ahí, si procediese, interponer acciones legales. Según informan a Vozpópuli fuentes parlamentarias, el grupo aún no ha decidido cuál será su estrategia a seguir en los próximos días, aunque deberá elegir si esta es la vía más asequible antes de que la norma llegue este martes al Pleno del Congreso.
La última sesión pública de la comisión presidida por el socialista Francisco Lucas Ayala se convirtió en un auténtico ring, donde PP y Vox lanzaron -sin efecto- sus últimos golpes para tumbar la tramitación de la futura ley de amnistía. Finalmente, la Comisión de Justicia rechazó, con 17 votos a favor y 20 en contra, la petición del Grupo Popular de abrir un trámite de comparecencias de expertos en la materia para dar su opinión sobre la proposición de ley de amnistía.
La petición de Vox no se votó en la Comisión
Seguidamente, el portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías, interpeló al presidente de la Mesa para informar a la Sala de que no se había incluido la proposición de su grupo en el orden del día. Tras un breve receso, la Mesa comunicó su intención de someterla a votación. No obstante, tal y como apuntó el diputado de la formación de Abascal, no se pudo proceder a la misma en ese momento al no estar recogida en el orden del día.
Los populares y Vox defienden que tras las "contundentes" conclusiones de los letrados de la Comisión sobre la amnistía, expresadas en un informe en el que se exponen serias dudas sobre la cabida de la norma en la Constitución, debe considerarse como una objeción de fondo de naturaleza constitucional que impide continuar con la tramitación de esta proposición de Ley y, en consecuencia, proponen la suspensión de la tramitación de la iniciativa.
En esta misma línea, los de Abascal recurren al artículo 43.2 del Reglamento del Congreso para solicitar que la amnistía pase por la Comisión de Justicia. El articulado de la Cámara Baja estipula que "la Mesa del Congreso, por propia iniciativa o petición de una Comisión interesada, podrá acordar que sobre una cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión informe previamente otra u otras Comisiones", por lo que al tratarse de cuestiones que atañen a la Carta Magna se solicita el pronunciamiento de la comisión presidida por José Zaragoza Alonso.
La amnistía recibe el sí de la Comisión de Justicia
PP y Vox solicitaron desde el inicio que el órgano parlamentario encargado de evaluar la ley de amnistía debía ser la Comisión Constitucional, al entender que la misma es contraria a la Carta Magna. No obstante, se decidió que la norma impulsada por Sánchez y sus socios sería estudiada por la Comisión de Justicia, donde también se ha encontrado con algún otro escollo.
La amnistía evitaba, así, la revisión de la Comisión Constitucional y, por tanto, evitaría ser evaluada por el ex secretario general del Congreso Carlos Gutiérrez que, tras su renuncia como letrado mayor de la Cámara Baja, ha pasado a ser letrado de esta comisión en sustitución de Manuel Fernández-Fontecha, que llevaba en ese cargo desde 2020.
Aun así, el texto presentado por el PSOE, y que sigue a la espera de poder incorporar nuevas modificaciones, no pudo evitar el criterio desfavorecedor de los letrados, ya que el informe emitido precisamente por los letrados de la Comisión de Justicia pusieron sobre la mesa serias dudas sobre la cabida de la ley de amnistía en la Constitución.
Junts y ERC negocian con el PSOE aprobar sus enmiendas
El próximo 30 de enero, el Pleno del Congreso tendrá que votar la aprobación del texto final de la amnistía. Esta será la última oportunidad para ERC y Junts para incluir sus enmiendas en la norma, que necesitan el sí de PSOE, Sumar, BNG, EH Bildu y PNV.
A pesar de que el reglamento del Congreso no permite incorporar más modificaciones al texto de la proposición de Ley orgánica aprobado este martes hasta el Pleno, es cierto que existe una baza con la que cuentan ERC y Junts para seguir presionando al PSOE.
El artículo 118.3 del reglamento del Congreso establece que se pueden admitir enmiendas destinadas a subsanar errores o "incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales", pero sólo permite tramitar enmiendas transaccionales con el sí de todos los grupos. Es decir, si los independentistas quisieran aprobar un texto firmado junto a Sánchez y sus socios, necesitarían -obligatoriamente- el voto a favor de los de Feijoó y Abascal.
Dejando esta opción por descartada, Junts y ERC podrían apostar todas sus cartas al texto inicial de sus enmiendas parciales. Al estar ya presentadas en el Congreso, sólo necesitarían una mayoría simple para conseguir su aprobación en el Pleno.
