Vox quiere empujar al Gobierno a pronunciarse sobre el derecho de manifestación. El partido liderado por Santiago Abascal ya ha notificado a las distintas Subdelegaciones de Gobierno el lugar, el itinerario y la duración de las manifestaciones sobre ruedas que pretende celebrar contra el Ejecutivo en todas las provincias del país.
En total, la formación ha comunicado su pretensión de llevar a cabo 52 'caravanas-protesta' el próximo 23 de mayo a las 12 horas. Faltan menos de 10 días. En Madrid la ruta es fija: el Paseo de la Castellana.
Pero Vox ha planteado diferentes itinerarios en otras capitales de provincia. De esta forma, las autoridades gubernativas podrían verse obligadas a tener que aportar más de una motivación en caso de rechazar la iniciativa. No hay una única alternativa.
El Real Decreto que regula el estado de alarma no contempla acudir a una manifestación como uno de los supuestos por los que un ciudadano puede salir de su casa o desplazarse, pero este derecho no está suspendido bajo la figura del estado de alarma.
El derecho de manifestación no está suspendido bajo la figura del estado de alarma, pero podría verse limitado
Catedráticos en Derecho Constitucional coinciden en que podría verse limitado como consecuencia de las restricciones a la libertad de circulación y de las medidas sanitarias exigidas por la pandemia, pero no está suspendido. Mientras que jueces gallegos prohibieron una protesta en coche el pasado 1 de mayo, otros magistrados aragoneses respaldaron otra manifestación.
Los de Abascal, que defienden que los españoles están sometidos a un "estado de emergencia encubierto", buscan que Pedro Sánchez y el resto de ministros se retraten. La idea de la formación es que los manifestantes puedan ir en sus vehículos para, según ellos, respetar las medidas de seguridad y ofrecer las garantías sanitarias que se requieren ante la pandemia. La iniciativa ha sido bautizada como 'Caravana por España y su libertad'.
No colapsar áreas donde hay hospitales
Según ha podido saber este diario, el itinerario propuesto para la marcha de la capital es fijo y se ubica en el Paseo de la Castellana. Vox pretende recorrer el tramo que conecta Plaza Castilla y Nuevos Ministerios. La formación estaría tratando de dejar libres las áreas donde se sitúan el Hospital de La Paz y el Hospital Ramón y Cajal para evitar otro pronunciamiento en la línea del de la Sala Primera del Tribunal Constitucional.
Esta no admitió a trámite el recurso de amparo presentado por el sindicato gallego Central Unitaria de Traballadores (CUT) ante la prohibición a celebrar una manifestación en Vigo. La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra la frenó y el asunto acabó en manos de la Justicia.
Los magistrados, primero los del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y luego los del Constitucional, consideran que la marcha habría tenido "una posible repercusión en la asistencia sanitaria, al incidir sobre el tráfico y traslado de enfermos".
Apreciaron "falta de las garantías de seguridad en una situación de máximo contagio". Los de Abascal no quieren que suceda lo mismo con sus 'caravanas', así que han tratado de sortear hospitales. Además, el partido ha comunicado rutas alternativas en el caso de otras capitales de provincia. Son los casos de Sevilla y Barcelona.
Vox quiere que las Subdelegaciones se pronuncien sobre la manifestación y, en caso de rechazarla, se vean obligadas a valorar más de una opción y, por ende, a aportar más de una motivación para justificar la negativa. "Si no se puede por una zona, debería poderse por otra. Planteamos alternativas", señalan fuentes de Vox.
Posibilidad de prohibición
Si las subdelegaciones consideran que existen razones fundadas de que se pueden producir alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes, podrán prohibir la manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario.
La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación. De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia competente en el plazo de cuarenta y ocho horas.
La estrategia de Vox podría llevar a estos órganos dependientes del Gobierno a tratar de fijar un criterio común para no incurrir en contradicciones. La formación apunta a que la última palabra la tendrá el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Fuentes del Ministerio del Interior aseguran a este diario que el departamento liderado por Grande Marlaska "no tiene competencias" a la hora de autorizar o no las manifestaciones en las distintas provincias, sino las Subdelegaciones.
Manifestaciones en otras capitales europeas
En Vox se miran en el espejo de otras capitales europeas. En Múnich, Berlín o Stuttgart ya se han producido manifestaciones contra las restricciones. Por otro lado, la formación recuerda las protestas de los taxistas que colapsaron Madrid y Barcelona. "Ahora apenas hay tráfico, pero nuestra idea no es colapsar las carreteras. Solo queremos que los españoles puedan ejercer el derecho a manifestación contra el Gobierno", dicen fuentes del partido.
El criterio jurídico del TC podría servir para marcar la línea de los pronunciamientos ante las 'caravanas' del 23 de mayo, pero no está todo cerrado. En su escrito en relación a la manifestación prohibida en Vigo, la Sala Primera del TC también aprovechó para dar un tirón de orejas a la propia Subdelegación de Pontevedra.
Tachó la resolución del mencionado órgano de "arbitrariamente ambigua" porque "ni siquiera deja totalmente clara la prohibición". "Cualquier defecto de la motivación administrativa habría quedado subsanado por la extensa motivación del órgano judicial", señalaron los magistrados en referencia al pronunciamiento posterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Además, el sindicato al que prohibieron llevar a cabo la protesta, la CUT, registró un recurso de súplica contra la inadmisión a trámite de su recurso de amparo porque considera que debe haber "un pronunciamiento del Pleno del Constitucional" antes de, tal y como advierte, llevar este asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
