Esta querella afirma que el Gobierno debe asumir la defensa del magistrado a través de los Servicios Jurídicos del Estado, argumentando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia suscribieron un convenio de colaboración que establece que "los abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y órganos constitucionales, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo".
En esta querella, presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, también se explica que en las afirmaciones realizadas por Llarena, que fueron objeto de la demanda presentada por Puigdemont, "no se expresó una valoración diferente a la que ya constaban en las distintas resoluciones judiciales dictadas tanto por él mismo como por la Audiencia Nacional previamente".
Así, resalta que las declaraciones eran conocidas por las propias notas de prensa del Alto Tribunal y por las noticias publicadas en prensa, por lo que asegura que "no eran más que una mera reproducción de lo expresado anteriormente por resolución judicial".
Tras presentar la querella, el vicesecretario jurídico de VOX, Pablo Fernández, ha apuntado que con esta acción la formación política a la que pertenece "demuestra, que donde no está dispuesto a llegar el Gobierno para amparar aquellos ciudadanos que defienden la libertad, la Constitución y la unidad en España, estará siempre VOX, fiel a su compromiso con los españoles".
