Se avecina un arranque de curso político muy movido para el Gobierno. La oposición ha diseñado una ofensiva parlamentaria contra el gabinete de Pedro Sánchez, que propiciará un desfile de ministros por la Cámara Baja durante el mes de septiembre. La Diputación Permanente -el órgano que permanece activo fuera del período de sesiones- debate este lunes el orden de las comparecencias que saldrán adelante, previsiblemente, con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios.
En total son 25 las peticiones de comparecencia, entre las que se incluye la del propio jefe del Ejecutivo a petición del Grupo Parlamentario Popular. Los de Pablo Casado quieren que Sánchez explique por qué no cesa al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "tras conocerse que es copropietario de una ONG, FIADELSO, que recibió 4,9 millones de euros en subvenciones públicas y con los que se pagaron viajes a personas clave de los casos Imelsa y Crespo Gomar, empresas investigadas por presunta financiación ilegal del PSPV".
Quien también estará en el ojo del huracán será el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Deberá explicar el cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí; el acercamiento de presos de ETA; las medidas frente al asalto a la valla de Ceuta por parte de más de seiscientas personas inmigrantes. Unidos Podemos también registró este viernes otra petición tras la devolución exprés a Marruecos de otros 116 migrantes. Los independentistas de ERC y PDeCAT reclaman explicaciones por altercados en Barcelona y por agresiones al fotoperiodista Jordi Borràs y a personas que intentaban impedir la retirada de lazos amarillos.
PP y Ciudadanos no desistirán de su ataque al Gobierno de Sánchez por lo que tachan de "dedazos" del Presidente. Ambos grupos reclaman que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acuda a la Cámara Baja para explicar la política de nombramientos en empresas públicas. Y piden asimismo la comparecencia de Ábalos por Salvamento Marítimo. Unidos Podemos también ha reclamado que acuda para informar de la gestión de las autopistas cuando vuelvan a ser de titularidad pública. Y deberá detallar su actuación frente a la crisis del sector del taxi y de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC).
Asimismo, los populares quieren que la vicepresidenta Carmen Calvo acuda a explicar qué "medidas
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género va a poner en marcha" ante los últimos casos ocurridos. También le exigen que dé cuenta del contenido del último decreto ley aprobado por el Ejecutivo para aplicar medidas del pacto citado anteriormente.
Aunque inicialmente lo había pedido el PP, la ministra de Cooperación Territorial, Meritxell Batet, acudirá a petición propia, sobre el contenido de la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado que tuvo lugar el pasado 1 de agosto en Barcelona.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, también deberá explicar a instancias del PP la posición de España ante "los graves sucesos acaecidos en Nicaragua" y sobre el cierre unilateral decidido por Marruecos de la Aduana Comercial de Melilla. Y la ministra de Industria, Reyes Maroto, tendrá que explicar las exportaciones de armas y material de doble uso a países que las han usado o puedan usarlas en el conflicto de Yemen. El ministro de Agricultura, Luis Planas, deberá explicar el nuevo tratado pesquero acordado entre la Unión Europea y Marruecos.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo y Migraciones, también deberá desgranar la política del Gobierno en materia migratoria y hablar sobre pensiones. También pasará por el Congreso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para explicar la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y para detallar si tiene previsto implantar medidas para frenar el incremento del precio de la electricidad y ante el "fracaso" del bono social.
Por otra parte, la ministra de Educación, Isabel Celaá, tendrá que explicar a petición de Unidos Podemos por qué no ha derogado aún el decreto de racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Asimismo, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, está citada para hablar sobre la lucha contra la pobreza infantil.
