El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, detenido este martes en Valencia por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, privatizó en 1997 las concesiones de la ITV bajo sospecha, una de las operaciones por las que la trama dirigida por este exdirigente del PP podría podría haber ingresado hasta 10 millones de euros, según explican a Vozpópuli fuentes del caso, que investigan el fiscal de Anticorrupción Pablo Ponce y la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez y la UCO de la Guardia Civil.
El 1 de enero de 1998 Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, inició su primera gran privatización. Y el sector elegido fue la Inspección Técnica de Vehículos, las ITV. Siete meses antes, en mayo de 1997, un decreto del Gobierno valenciano, firmado por el propio Zaplana y su consejero de Empleo, Industria y Comercio, Diego Such, abría paso a las concesiones privadas de la ITV, lo que suponía de facto una privatización del servicio.
El decreto apartaba de la gestión de las ITV a la firma pública Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), y recordaba que la fórmula de gestión directa a través de una empresa pública era "sólo una de las formas posibles de gestionar el servicio de Inspección Técnica de Vehículos", ya que la ley preveía "otras alternativas y, entre ellas, la de gestión indirecta en régimen concesional".
"Alternativa más congruente"
El decreto firmado por Zaplana destacaba también que la "fórmula concesional" o privada era "la alternativa más congruente con las exigencias presentes de la política industrial, que postula la sustitución de la tradicional actuación administrativa por la colaboración de entidades privadas convenientemente supervisadas por los entes públicos".
En diciembre de 1997, en concreto el 18 y el 29 de diciembre de ese año, el Gobierno de Zaplana hacía públicos los nuevos concesionarios de la ITV en la Comunidad Valenciana. Las adjudicatarias, que disponían de un periodo de 25 años para la explotación, prorrogable a 75 años, fueron siete grupos de empresas, en las que destacaban las valencianas o con fuerte presencia en esta Comunidad.
Entre las firmas elegidas estaban Gesfesa, de las familias Ferrando y Quesada; Servicios de Excavaciones (Sedesa), de la familia del ex director de la Policía Juan Cotino; y entidades como Caja del Mediterráneo (CAM) o grupos de servicios como Aguas de Valencia (AVSA).
72 millones
Un informe del Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, que analiza la gestión privada de las empresas privadas con la ITV privatizada por Zaplana, resalta que los ingresos entre 1997 y 215 de estas firmas superaron los 72 millones de euros, de los que la UTE de los Cotino habría ingresado unos 9 millones de euros. Sin embargo, Sedesa vendió su participación en 2006.
En concreto, el lote de Sedesa, y que ahora está bajo sospecha, era el número 1, que tenía las ITV en la provincia de Castellón. La UTE Valenciana de Revisiones, que así se llamaba este lote, estaba formada por Sedesa, Levantina de Obras y Edificios SA e Inspecciones Técnicas y Verificaciones SA.
La operación policial se inició a partir de la repatriación de parte de las mordidas, que presuntamente estaban ocultas en paraísos fiscales
Los investigadores creen que los empresarios habrían pagado por las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico. La operación policial se inició a partir de la repatriación de parte de las mordidas, que presuntamente estaban ocultas en paraísos fiscales.
Abogado uruguayo
Precisamente, en el caso Lezo la grabación de una conversación entre Zaplana e Ignacio González puso de manifiesto que el expresidente madrileño se planteó adquirir el 50% (junto con Eduardo Zaplana), de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot -cuyo despacho facilita a sus clientes estructuras societarias en numerosos países-.
Y este martes por la mañana, veinte años después de la privatización de las ITV, la UCO de la Guardia Civil ha detenido a Zaplana, junto a dos sobrinos de Juan Cotino, Vicente y José, pero también al que fuera jefe de Gabinete de Zaplana en la Comunidad Valenciana, Juan Francisco García, considerado el gran muñidor de la operación.
También han sido arrestados el que fuera director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y posteriormente director de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y su mujer, Felisa López.
Rato, Olivas y Camps
Juan Cotino será próximamente citado a declarar como investigado, al igual que la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresidente autonómico y exministro, Mitsuko Henríquez, según informa Efe.
Zaplana es el segundo ministro del Gobierno de José María Aznar imputado por cobrar mordidas de empresas privatizadas, tras el exvicepresidente Rodrigo Rato, que está investigado por cobrar mediante empresas familiares contratos de publicidad de firmas como Endesa, Telefónica, Repsol, Argentaria, Retevisión, Iberia, Tabacalera o Aldeasa.
El exministro de Trabajo se convierte, además, en el segundo presidente de la Comunidad Valenciana en ser detenido, tras José Luis Olivas (presidente entre 2002 y 2003), y en el tercero en ser investigado, tras el propio Olivas y Francisco Camps (presidente entre 2003 y 2011).
