El tribunal que juzga a los líderes del procés aceptó la declaración como testigo del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Lo había pedido el abogado del exconseller Joaquim Forn. El interrogatorio al exconseller permitió esbozar algunas de las cuestiones que tendrá que aclarar Zoido cuando se siente ante los jueces con la obligación legal de responder a todas las preguntas y decir la verdad. Uno de los interrogantes es si conocía y consintió la compra por parte de los Mossos d’Esquadra de armas largas y hasta cinco millones de cartuchos de munición.
Forn explicó que se firmaron tres contratos y uno de ellos se vio sometido a un “cierto retraso” que provocó su queja tras los atentados de Barcelona y Cambrils, apenas dos meses antes del referéndum ilegal del 1-O. “Hablé con el ministro (Juan Ignacio Zoido) y me dijo que se solucionaría”, afirmó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Añadió que finalmente recibieron cinco millones de cartuchos y posteriormente, en 2018, se adquirieron las armas largas y revólveres.
Para la defensa de Forn -que ejerce el abogado Javier Melero- confirmar este extremo es clave ya que de ese modo se podrá comprobar si, dada la situación política en Cataluña, la Administración del Estado paralizó los expedientes correspondientes a la adquisición de armamento. Busca poner en evidencia que no era tal el grado de alarma de dicha Administración. La Fiscalía acusa a Forn de un delito de rebelión por el que pide para él 16 años de cárcel.
La entrevista a 'Vozpópuli' que citó Forn
Junto a Zoido, también ejercerán de testigos la mayoría de altos cargos del Ministerio del Interior cuando se produjo la consulta del 1-O como el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Forn le aludió cuando explicó que no estaban preparados para cumplir con las directrices que inicialmente impuso la Fiscalía para impedir el referéndum.
Para ello se escudó en las declaraciones que el secretario de Estado realizó en una entrevista concedida a Vozpópuli en la que cifró en 90.000 policías los efectivos que hubiesen sido necesarios para frenar la consulta. Eso son casi dos tercios de todas las fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente se movilizaron 8.000 mossos -de los cuales sólo un millar eran antidisturbios- y en torno a 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil.
El despliegue previsto por los Mossos d’Esquadra también será una de las partes esenciales de los interrogatorios a los representantes del Interior para intentar salvar a Forn. Su abogado alega que el dispositivo fue supervisado por la Fiscalía. Sostiene que el Ministerio Público puso de manifiesto que el despliegue no era adecuado para un referéndum ilegal, pero no introdujo modificación alguna. Se aferra el exconseller a que lo mismo cabe decir del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, nombrado coordinador de seguridad del 1-O por el fiscal superior de Cataluña. Tampoco presentó objeciones.
El número de detenidos
Los entonces responsables de Interior también tendrán que explicar el número de detenidos que se produjeron durante la jornada del referéndum. Según los datos que obran en poder de las defensas de los acusados, hubo 5 arrestos. Los líderes del procés se aferran a esta cifra para cuestionar la gravedad y entidad de la resistencia ofrecida por las masas presuntamente rebeldes y sediciosas a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El testimonio de Pérez de los Cobos sobre lo que sucedió el 1-O es la base del relato acusatorio contra Forn y el entonces mayor de los Mossos, José Luis Trapero, procesado en la Audiencia Nacional. Este coronel de la Guardia Civil también tendrá que aclarar algún episodio de aquella fecha como los motivos por los que se desconvocaron las reuniones de coordinación previstas para la jornada del referéndum, un total de cuatro.
A la primera de ellas, convocada a las 10 horas, acudió el número dos de Trapero, Ferrán López. A su llegada le comunicaron que se había suspendido. La explicación que siempre han ofrecido desde el Ministerio del Interior es que a esa hora ya se había constatado que los Mossos d’Esquadra no estaban cumpliendo con las órdenes del Tribunal Superior de Justicia para frenar el referéndum y por tanto consideraron innecesario seguir con las reuniones.
Los WhastApp con el Delegado del Gobierno
El exsecretario de Estado de Seguridad también será preguntado acerca de la instrucción que emitió el 29 de septiembre por la que se dictaban normas para el cumplimiento de las órdenes de la jueza en relación con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. En ese documento decía que “toda intervención debe estar presidida por la premisa general de priorizar la seguridad, tanto de los efectivos policiales como de los ciudadanos, sobre la eficacia, y preservar la pacífica convivencia. Se hará un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso en su empleo”.
También está citado como testigo el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a quien Forn aludió en su interrogatorio. Explicó que el 1-O se cruzaron varios mensajes de WhatsApp en los que el exconseller le envió unas imágenes de las cargas policiales en los colegios. “Le pregunté si esto era dar cumplimiento al auto que había dictado el TSJC y creo que le avisaba de una carga, había preocupación con gente con niños y gente mayor”, narró Forn.
Finalmente hablaron por teléfono y se produjo una “discusión elevada de tono” en la que Forn -según declaró- le pidió que parasen las cargas o al menos reducir “la violencia extrema”. “Él me dijo que haría una gestión. Al poco recibí un whatsapp donde me dijo: ‘Ya he hecho lo que tenía que hacer’”, relató Forn, quien no se atrevió ante el tribunal a hacer una “relación causa efecto”, pero recordó que a partir de una cierta hora se cesaron estas actuaciones. Millo también podrá aclarar, en este sentido, por qué la Policía y la Guardia Civil solo actuaron la mañana del 1-O y se retiraron por la tarde.
