El PP cree que Pedro Sánchez va a tragar con la amnistía que le exige Carles Puigdemont porque necesita ser presidente con plenos poderes -“no en funciones”- y tener así el camino despejado para relevar al hoy presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, cuando, tras las elecciones europeas del 9 de junio, se negocie la renovación de las instituciones comunitarias, aseguran a Vozpópuli diversas fuentes de ese partido.

Ceder ahora al fuerte rechazo social contra la Ley de Amnistía -incluso de destacadas figuras del PSOE como Felipe González, Alfonso Guerra, Emiliano García Page, Javier Lambán, y cientos de ex ministros y ex cargos- y fiarlo todo a una repetición electoral el 14 de enero es una moneda al aire que a Sánchez no le garantiza nada: no le garantiza que a Alberto Núñez Feijóo sigan sin darle los números para arrebatarle La Moncloa y ni siquiera que, aún pudiendo continuar él, en junio de 2024 el Gobierno no siga en funciones y España políticamente empantanada y sin presupuestos.

Recién elegido presidente de la Internacional Socialista, lo cierto es que Sánchez es el único superviviente de un socialismo europeo hoy en franca decadencia y eso le permite mucha visibilidad política dentro y fuera de la Unión, admiten los populares. A eso le une una magnífica relación forjada durante los años de la pandemia con la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, lo cual ha hecho circular en los pasillos comunitarios desde hace meses la posibilidad de que ambos formen un ticket para el quinquenio 2024/2029, como ya informó este periódico.

Con el actual Alto Representante, el español Josep Borrell, de salida y Von der Leyen, conservadora y del norte, postulándose para continuar al frente de la Comisión, no es descabellado pensar en un primer ministro del sur -el sustituto de Michel tiene que salir de la mesa del Consejo- para mantener los tradicionales equilibrios geográficos e ideológicos en la UE.

Con el actual Alto Representante de la UE, el español Josep Borrell, de salida y Von der Leyen, conservadora y del norte (alemana), postulándose para continuar, no es nada descabellado pensar en un primer ministro socialista del sur -el sustituto de Michel tiene que salir saldrá de la propia mesa del Consejo de primeros ministros- para mantener los tradicionales equilibrios geográficos e ideológicos en la UE. Eso sí, con permiso del primer ministro portugués, el también socialista Antonio Costa, igualmente valorado en ámbitos europeos por el milagro económico que vive el país vecino.

Lo que está claro, señalan las fuentes populares consultadas por este periódico, es que para lograr que se cumpla esa hoja de ruta, el actual inquilino de La Moncloa debe asegurarse que la legislatura arranca antes de fin de año, y por eso le ven decidido “a todo”; incluso a desdecirse de que el 1-O de 2017 en Cataluña fue un delito de “rebelión” y de su rechazo -y el de todo su gobierno- a una posible Ley de Amnistía por inconstitucional.

El pasado miércoles en Nueva York, donde asistía a sesión anual de apertura de las ONU, empezó a desandar ese camino: “una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni en una judicialización, como vimos”, llegó a decir el presidente del Gobierno en funciones en un intento de acercar posturas con quien la endiablada aritmética parlamentaria ha convertido en el gran protagonista de su investidura, el huido ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En círculos gubernamentales se da por seguro que la investidura de Sánchez acabará produciéndose en octubre o noviembre, después de la investidura fallida de Feijóo éste 27 de septiembre, y cruzan los dedos para que no haya una repetición electoral el 14 de enero. Parece que Junts pel Cat y ERC ya han asimilado que un Ejecutivo en funciones no puede presentar un proyecto de ley de Amnistía y que el PSOE no puede presentar antes del debate de investidura una proposición de ley tan compleja sin poner en riesgo su propia estabilidad.

Puigdemont no acaba de fiarse: quiere desactivar a los tribunales españoles porque cree que el juez del Tribunal Supremo va a enviar a Bélgica una nueva orden de entrega del fugado que podría hacer saltar por los aires toda la estrategia de negociación de la investidura

La cuestión ahora está en alcanzar algún tipo de compromiso legislativo post-investidura, aunque los de Puigdemont no acaban de fiarse porque saben que los tribunales españoles pueden dar al traste con la estrategia de apaciguamiento en Cataluña que pretende seguir desarrollando Pedro Sánchez en la legislatura que comienza.

Sin ir más lejos, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dio este martes 19 de septiembre diez días al huido para que acredite si ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJE) la retirada de su inmunidad como europarlamentario. El ex presidente de la Generalitat lo interpreta como un aviso de que Llarena va a remitir a Bélgica otra duro orden de entrega del fugado a la Justicia española y quiere evitarlo a toda costa.

Y a ese frente en el Supremo se le puede añadir otro en el Tribunal Constitucional, una vez que la ley haya sido aprobada. El ex ministro socialista de Justicia hasta julio de 2021, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, sigue defendiendo en privado que ninguna Ley de Amnistía sería constitucional y, por tanto, su voto en el pleno del alto tribunal será no cuando éste tenga que dictaminar cualquier proyecto de ley o proposición de ley aprobada por el Congreso en tal sentido, aseguran a Vozpópuli diversas fuentes del alto tribunal.

Campo, según estas fuentes, se mantiene fiel a lo que decía hace dos años y medio, cuando le tocó explicar el indulto del Gobierno a Oriol Junqueras y al resto de los condenados por la intentona separatista del 1-O en Cataluña no fugados como Puigdemont; entonces matizó que un indulto es el derecho de Gracia que ejerce el Estado una vez juzgados y condenados unos delitos, lo cual no tiene nada que ver con amnistiar, que es tanto como decir que no lo hubo delito.

El sector conservador del Tribunal Constitucional está convencido de que su presidente, el progresista Conde-Pumpido, va a usar una estrategia dilatoria de años para impedir que un eventual fallo de inconstitucionalidad impida la aplicación práctica de la amnistía en cuanto el Parlamento apruebe la norma

Ese eventual rechazo a la amnistía de quien hasta hace dos años era titular de Justicia en el segundo gobierno de Sánchez, todavía no impediría el visto bueno a la norma de un TC que hoy está compuesto tan solo por once magistrados porque no se ha cubierto la vacante de Fernando Valdés, fallecido este año, quien dejó de ser magistrado del tribunal en 2020 por un caso de violencia de género.

El no de Juan Carlos Campo simplemente reduciría la mayoría del sector progresista, siete frente a cuatro conservadores tras la salida de Valdés, y la dejaría en un seis a cinco. El verdadero problema para Pedro Sánchez se suscitaría si, además del ex ministros, alguien más de ese sector progresista decide pasarse también al otro bando y se produce un seis cinco a favor de rechazar la amnistía a todos los procesados por el 1-O en Cataluña.

En este hipotético caso, ni siquiera el voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido, terminaría inclinando la balanza en pro de la amnistía, porque dejaría la correlación de fuerzas en un endiablado empate a seis magistrados; es decir, no saldría adelante la declaración de constitucionalidad del proyecto de ley. No obstante, el sector conservador del TC está convencido de que Conde-Pumpido va a usar una estrategia dilatoria de años para impedir que un eventual fallo de inconstitucionalidad impida la aplicación práctica de la amnistía en cuanto el Parlamento apruebe la norma.

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