Lo vivido en el Congreso de los Diputados el pasado martes 19 de septiembre fue para algunos un espertento. Por primera vez en la historia, en vez de utilizar el castellano en el hemiciclo, se permitió por ley que cada uno usara la lengua cooficial que escogiera. El resultado fue un caos pagado con dinero público. Con todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene la intención de inventir hasta 280.000 euros en traducir los plenos plurilingües, una concesión al independentismo catalán.
Ante este gasto en pinganillos, miles asociaciones y personas han denunciado que ese dinero se podría haber utilizado, por ejemplo, para empezar a impulsar la ley ELA, una ley que lleva esperando años a ser aprobada. Los que atacan al Gobierno por esta inversión con dinero público creen que también se podría haber utilizado para renovar el material de la Guardia Civil, para más investigación pública contra el cáncer o enfermedades raras o para mejorar el sistema de salud público.
La reivindicación más repetida estos últimos días ha sido precisamente la de la ley ELA, una crítica liderada, entre otros, por Jordi Sabaté Pons. "Me parece nauseabundo que se priorice antes poner en vigor una ley que permita poder hablar en el Congreso de los Diputados las lenguas cooficiales, que poner en vigor una ley de vida o muerte, como es la ley ELA. Hablar en catalán, gallego y euskera, no salva vidas", cuenta el famoso 'youtuber', enfermo de ELA, a Vozpópuli.
Es cierto que aprobar esta ley sería mucho más caro que los 300.000 euros de los pinganillos: "Tendría una cobertura presupuestaria de 360 millones de euros anuales, aunque realmente el gasto anual no superaría los 150 millones de euros anuales, ya que, por desgracia, más de la mitad de enfermos de ELA, debido a la agresividad de la enfermedad, no llegarían a poder ser asistidos", desarrolla Sabaté. Pero los afectados no entienden por qué se sigue gastando el dinero en cosas "innecesarias" en vez de apostar por una ley que serviría para "salvar miles de vidas humanas".
Ley ELA, material de la Guardia Civil...
La Guardia Civil también ha mostrado su descontento con los casi 300.000 euros que se han utilizado para los plenos plurilingües. Así lo comunicó la asociación Independientes de la Guardia Civil, que denunció que "la administración alega falta de crédito presupuestario para la adquisición de material policial de última generación mientras que prevé una dotación de 280.000 euros para financiar pinganillos e intérpretes en el Congreso de los Diputados".
El organismo ha mostrado su malestar porque Sánchez deneiga de "forma sistemática la inmediata dotación de medios policiales de última generación a los miembros de las FCSE". Creen que es necesario que se priorice la dotación de medios humanos y materiales a través de la adjudicación inmediata de pistolas Táser y cámaras corporales a todos los agentes ya que son los encargados de garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio y alegan que con este material se podrían evitar situaciones que pueden llegar a comprometer la propia vida de los agentes y del conjunto de la ciudadanía.
Ese mismo dinero se podría haber utilizado para financiar tratamientos contra el cáncer, una necesidad que en repetidas ocasiones se ha retrasado por ser "demasiado caros", según una pregunta realizada por el diputado del grupo Pablo Carbonero. Lo mismo podría decirse de otros tratamientos para paliar enfermedades raras, ya que no se invierte en ellos porque supone un gasto muy grande de dinero.
Y por supuesto, también se podrían haber invertido esos casi 300.000 euros en tratar de ayudar a uno de los sectores públicos más necesitados de ayudas: el sistema de salud. Se necesita dinero para mejorar las instalaciones, los medios de los hospitales, los servicios de urgencias, pagar mejor a los empleados, invertir en Atención Primaria, dar más dinero a las consejerías...
280.000 euros no servirían de mucho, pero sí podría servir, por ejemplo, para pagar 284 noches de hospital de una sola persona, para atender 103 partos, para cubrir 1.610 visitas a urgencias y por supuesto, 280.000 euros serían un respiro para cualquier comunidad, cualquier hospital o cualquier centro de salud. Porque en cuestiones de salud, cada euro cuenta.
