El PP ha solicitado al juez del denominado 'Delcygate' Antonio Serrano-Arnal, que indague si hubo comunicaciones previas a la Secretaría de Estado de Interior acerca del viaje a a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que propició el encuentro entre ésta y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, encuentro desvelado por 'Vozpópuli'.
La petición al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid se incluye en toda una batería de diligencias "de especial importancia y urgencia" con las que la formación liderada por Pablo Casado, personada como acusación popular, pretende asegurar que todo el material de interés para la investigación se ponga de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial, "al objeto de garantizar la integridad de las grabaciones originales y evitar posibles manipulaciones".
En el escrito de petición de pruebas, se solicita la relación de todas las cámaras de videovigilancia que tengan acceso a la grabación de la pista de aterrizaje donde tomó tierra el avión, donde circuló una vez en tierra, y donde quedó estacionado, y demás dependencias del Aeropuerto en las que se hayan producido los hechos denunciados zonas de tránsito y zonas VIP, Sala Ejecutiva.
Pide también al juez que ordene un clonado de los equipos informáticos en que se hayan registrado las grabaciones de los hechos
Igualmente interesa el PP que se realice una inspección ocular de los citados lugares y emplazamiento de las cámaras, así como la entrega a la Comisión Judicial de las grabaciones íntegras de las cámaras mencionadas con anterioridad.
Clonado de equipos informáticos
Pide también al juez que ordene un clonado de los equipos informáticos en que se hayan registrado las grabaciones de los hechos denunciados -concretamente de los días 19 y 20 de enero de 2020-, "al objeto de que se obtengan copias íntegras de los servidores que permitan acreditar las operaciones que con posterioridad a la grabación se hayan podido realizar para excluir, borrar o manipular la información".
También piden desde el PP que se facilite a la Comisión Judicial información de las empresas encargadas de la grabación de imágenes, de las empresas de seguridad privada que operen en el aeropuerto, de la empresa encargada del vuelo, así como relación completa de todas las personas que los días 19 y 20 de enero de 2020 hayan prestado servicios en la terminal en la que aterrizó al avión y en cualquier otra dependencia en la que se haya producido el tránsito o permanencia de las personas mencionadas implicadas en el encuentro.
Preguntar a policías y guardias civiles
Entre estas personas, el PP cita expresamente a los funcionarios de la Guardia Civil y Policía Nacional "que puedan ofrecer información sobre los hechos denunciados, con entrega de los archivos correspondientes a los registros de entrada y salida de las instalaciones del aeropuerto".
Finalmente, el PP quiere se entreguen de manera inmediata al Juzgado la totalidad de los informes que se hayan evacuado por la autoridades aeroportuarias, la fuerza actuante o las empresas intervinientes sobre los hechos investigados, incluyendo el detalle de la comunicación del plan de vuelo, pasajeros y mercancías transportadas.
Al aceptar a finales del pasado mes de febrero la instrucción de esta causa, en la que también están personados como acción popular los partidos políticos Vox y Laócratas, el juez ya solicitó al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios y encargados responsables de llevar a cabo el protocolo para atender a la llegada de mandatarios. Barajas cuenta con una comisaría propia y en las instalaciones trabajan agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de seguridad privada.
El magistrado cuenta también la declaración jurada ante notario del vigilante de seguridad privada que presenció la reunión y que asegura que Rodríguez "pisó suelo Schengen y que introdujo dos carros de maletas en España", ya que se trata de un documento que forma parte de la querella presentada por Vox, según apuntan las fuentes consultadas.
En el Supremo aún no se ha abierto ninguna investigación formal, pues los magistrados ni siquiera han solicitado que Fiscalía informe si considera pertinente abrir causa o no
El caso también podrá ser estudiado en el Tribunal Supremo, pues tanto Laócratas -a quien desde este órgano se ha impuesto una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular- como Vox han presentado sendas querellas contra Ábalos dada su condición de aforado por ser miembro del Gobierno.
Caso parado en el Supremo
No obstante, en el alto tribunal aún no se ha abierto ninguna investigación formal, pues los magistrados ni siquiera han solicitado que Fiscalía informe si considera pertinente abrir causa o no.
La investigación judicial gira en torno a la prohibición de Delcy Rodríguez para entrar y hacer tránsito en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela. Esto implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.
La número dos de Maduro viajó a España en el mismo avión que el ministro de Turismo, Félix Plasencia, quien esos días visitó la Feria FITUR sin problemas al no figurar entre los sancionados por la Unión Europea.
