El PP ha invocado la doctrina Botín para evitar sentarse en el banquillo por el supuesto borrado de los discos duros de Luis Bárcenas. La petición la fundamenta en que ni el extesorero ni la Fiscalía acusarán al partido por estos hechos.
El escrito, al que ha tenido acceso Efe, está dirigido al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, en el que pide el sobreseimiento libre y archivo de la causa para la formación política y su tesorera, Carmen Navarro; una vez la Audiencia Provincial ha confirmado su procesamiento en la causa por presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento.
Se trata de una jurisprudencia fijada por el Supremo en 2007 que establece que para que se abra juicio a una persona por determinados delitos debe ser acusada por alguien directamente perjudicado, en este caso Luis Bárcenas, o por el Ministerio Fiscal. Pero el extesorero retiró su acusación contra el partido hace meses y la Fiscalía no tiene previsto acusar a la formación, toda vez que pidió revocar su procesamiento ante la Audiencia Provincial.
La estrategia del PP era previsible puesto que ya había anunciado hace meses que llegado el caso recurriría a esta figura jurídica, aunque las acusaciones populares han señalado a Efe que confían en que la juez Rosa María Freire acuerde la apertura de juicio oral y deje esta cuestión en manos del tribunal sentenciador. Esto conllevaría que el PP acabe sentado en el banquillo de los acusados.
Precisamente los populares presentaron un escrito ante la magistrada hace un año en el que ya exponían esta doctrina para archivar la causa, si bien la magistrada señaló que no trataría esta cuestión hasta resolver sobre su procesamiento.
Rechazo de las acusaciones populares
Defienden las acusaciones populares que la doctrina Botín no tiene cabida en este caso porque la destrucción de los ordenadores "se hace dentro de un plan para eliminar pruebas en un procedimiento judicial" lo que "afecta al interés general", en concreto "al normal funcionamiento de la administración de Justicia".
