El Partido Popular (PP) ha tildado este lunes de "demoledor" el informe del Consejo de Estado sobre los decreto gubernamental de los fondos europeos, después de que este órgano consultivo haya detectado "deficiencias" en el texto que, a juicio de Génova, demuestran "la discrecionalidad, falta de rigor jurídico y la ausencia de controles administrativos" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto.
La formación que dirige Pablo Casado ha pedido las comparecencias urgentes en el Congreso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, al tiempo que ha sacado pecho por haber sido el primero en denunciar en sede parlamentaria la ocultación de este informe por parte del Ejecutivo.
Ante la negativa del Gobierno de enseñar el informe del Consejo de Estado, el PP acudió al Tribunal Constitucional pidiendo amparo. "Hoy se demuestra que el PP tenía razón con su denuncia. Que Sánchez ocultaba el informe porque tenía mucho que ocultar", han subrayado fuentes 'populares'.
El PP critica la falta de transparencia
En un argumentario interno al que tuvo acceso Vozpópuli, Génova hace hincapié en la "falta de transparencia" del Gobierno, al no adjuntar la información que dice que ha recabado, de ahí que el Consejo de Estado indicase que no podía pronunciarse "sobre la tramitación seguida, pero sí mostrar su preocupación sobre la manifiesta insuficiencia de la memoria remitida”.
El órgano consultivo que dirige María Teresa Fernández de la Vega hace hincapié en un punto del informe de 97 páginas que “la memoria remitida adolece de graves insuficiencias en su contenido". En especial, en la concurrencia "de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, los títulos competenciales y la exigencia de análisis de impacto presupuestario".
El PP se hace eco de que tal Señalando que tal circunstancia "podría llegar a ser examinada por el Tribunal Constitucional, si se diera el caso de que la norma fuese recurrida". Y en cuanto a los PERTE, Génova incide en que el Consejo de Estado apunta a "una cierta indefinición" al mostrar dudas "de que el desarrollo reglamentario pueda modificar la propia naturaleza jurídica de estas entidades”.
Tras ello, el argumentario de los 'populares' subraya que el informe cuestiona que la simplificación de trámites "siempre lleve aparejada una reducción de los controles", tal y como quiere Moncloa, y pone el foco en la falta de control en el caso de convenios.
"Las mismas dudas se plantean respecto a las subvenciones, especialmente las de concesión directa", alerta el PP, para el que la reducción en algunos trámites ambientales "puede tener justo el efecto contrario al deseado". Por último, se advierte del riesgo de "inflar" el sector público, "creando consorcios sin necesidad y sin control".
