El Partido Popular ha presentado al PSOE su propuesta judicial con el foco en el CGPJ. La formación popular ofrece una hoja de ruta para desatascar la renovación del Poder Judicial que pasa por llevar la negociación a las Cortes para que sea este órgano el que selle el pacto que permita renovar un CGPJ caducado desde diciembre de 2018. Del mismo modo solicita al Gobierno que tumbe la ley aprobada en marzo del año pasado para limitar su actuación mientras siguiera en funciones.
El documento, que se ha remitido también al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo recoge cerca de una quincena de propuestas divididas en tres apartados. La primera de ellas apunta a que las negociaciones que hasta la fecha lideraban Esteban González Pons y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pasen a las Cortes Generales. También recoge que sean los vocales del nuevo CGPJ los que elijan a su presidente "sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo".
Con todo se trata de dos puntos que ya recoge la Ley, la cual estipula que 10 vocales se eligen por el Congreso y otros 10 por el Senado y que su presidente es designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Sin embargo, en la práctica la elección del presidente de este órgano se solía sellar en el pacto político que se alcanzaba con el reparto de vocales, de manera que la designación del presidente en el primer pleno solía estar pactada.
CGPJ en funciones
El Partido Popular ofrece también que, simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ se presente una proposición de ley para "despolitizar la Justicia española". La misma incluye que se derogue el marco legal actual que impide al CGPJ tomar cualquier decisión estando en funciones. El PSOE quiere reformar dicha norma, que sacó adelante el año pasado con su socio de Gobierno, pero únicamente para que los vocales puedan designar a sus dos candidatos del Tribunal Constitucional.
Se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores
El PP responde que no se puede reformar solo para este trá mite sino que lo que hay que hacer es derogar por completo la reforma pare que el actual órgano de gobierno de funciones pueda llevar a cabo los más de 60 nombramientos que tiene pendiente de acometer en el Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia.
El documento sostiene también que los jueces y magistrados que sean nombrados por cargo de elección política o de gobierno con rango superior al de director general no puedan reingresar al servicio activo hasta que pasen, el menos, dos años de su cese. Del mismo modo sugiere que no se pueda votar como vocal del CGPJ a quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años anteriores.
Posible recusación del fiscal general
La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo sugiere también cambios de calado en los nombramientos. Propone que todos los altos cargos de la carrera judicial se nombren por mayoría de tres quintos (13 votos de los 21 vocales que integran el CGPJ) En lo que respecta a los magistrados del Tribunal Supremo propone que se exija una antigüedad de 25 años en activo (edad que exige a día de hoy la Ley para ser elegido presidente del TS o del CGPJ).
La propuesta también dedica un capítulo a la Fiscalía General del Estado. El documento precisa que, para lograr una mayor autonomía, se permita recusar al máximo representante de este órgano (opción inviable en la actualidad que solo se aplica a la figura de jueces y magistrados). Además, pide prohibir acceder a este cargo a todos aquellos fiscales que provengan de la actividad política en los cinco años anteriores, como ocurre con la actual fiscal general, Dolores Delgado.
La propuesta judicial también abarca la problemática de la plantilla en la carrera. Al respecto el PP propone incrementar el número de jueces en un millar en un plazo de cinco años y mantener el actual sistema de acceso a la carrera por oposición.
En lo que respecta al CGPJ se introduce una disposición adicional en virtud de la cual se presente a las cámaras, en un plazo de seis meses desde su constitución, una propuesta para reformar el sistema de elección de vocales siguiendo el modelo europeo para que sean los propios jueces los que se elijan entre ellos.
El PP especifica en el documento que sigue vigente la voluntad de acuerdo para renovar el CGPJ, si bien insisten en que el Gobierno está dificultando mucho el pacto con su decisión de reformar otra vez la ley para renovar el Tribunal Constitucional. El Gobierno, por su parte, sostiene que adopta esta medida ante la insistente negativa del Partido Popular a sentarse a negociar la renovación de un órgano que está en funciones desde diciembre de 2008.
