El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), y los consejeros de Hacienda y Menor, Dunia Almansouri y Mohamed Ahmed, ambos de CPM, han sido imputados por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación tras aceptar el juzgado la querella presentada por el PP por la presunta concesión "a dedo" de la gestión del nuevo centro de menores de Rostrogordo instalado a raíz de la crisis sanitaria de la covid-19.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, los tres miembros del Consejo de Gobierno han sido citados por el Juzgado de Primera Instrucción número 5 "para ser oídos en declaración en calidad de investigados" el próximo 5 de marzo de 2021, acompañados de sus respectivos abogados.
El magistrado titular de este tribunal, en su resolución, también ha pedido a la Ciudad Autónoma de Melilla que "remita el expediente de contratación por el cual está adjudicado desde el 8 de septiembre de 2020 el servicio de Gestión de Centro de Menores en el Fuerte de Rostrogordo".
Centro de menores de Rotrogorso
En el auto judicial se ha requerido a la Seguridad Social para que le remita un certificado de las personas contratadas desde el 8 de abril de 2020 en el centro de Menores de Rostrogordo, "con indicación de su categoría y tipo de contrato".
Por último, ha pedido a la Dirección General del Menor de la Ciudad Autónoma de Melilla y a la empresa que lleva la gestión "para que ambas informen de forma detallada del número de menores acogidos en el Centro de Menores en el Fuerte de Rostrogordo" desde el día que comenzó a funcionar esta instalación, a principios de abril de 2020.
El Gobierno de Melilla, que integran Cs, CPM y PSOE, creó este centro de acogida para descongestionar el Centro de Menores de El Fuerte de La Purísima para su descongestión, dado que su ocupación cuadriplicaba su capacidad óptima, y así llevar mejor el periodo de confinamiento por la covid-19 y evitar posibles contagios.
El PP, poco después, presentaba una querella por considerar irregular la cesión a una empresa de la gestión del mismo por presuntamente no seguir el procedimiento para este tipo de cuestiones y ello ha llevado a un juez a imputar al presidente de la Ciudad y a los consejeros de Hacienda y del Menor.
