La principal ley de la 'trilogía de la desconexión' se atasca. Los independentistas pretendían presentar públicamente la denominada Ley de Transitoriedad Jurídica a principios de la semana próxima. Hay pugnas internas en el bloque secesionista y emergen algunos desacuerdos que se ocultan bajo gestos de firmeza.
El pasado miércoles se aprobó la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá bendecir la ley del referéndum por la vía exprés. Este viernes se hizo lo propio con una de las tres leyes de la futura desconexión, la que recoge el diseño de la futura normativa fiscal catalana.
Sin embargo, la pieza clave de la arquitectura legal de ruptura, la Jurídica, especie de embrión de la futura Constitución catalana, ha sufrido un frenazo en su puesta en marcha. El Gobierno de la Generalitat había acordado con la CUP presentarla en sociedad la semana próxima, pero ha trascendido que hay cambio de planes. El trámite queda aplazado hasta finales de agosto o primeros de septiembre.
El debate no ha sido sencillo puesto que ERC y la CUP pretendían airearla cuanto antes. Se trata de una ley sobre la que el diario 'El País' adelantó buena parte de su articulado, como, por ejemplo, quien tendrá derecho a la nacionalidad catalana, cómo se diseñará el aparato judicial... pero oficialmente se mantiene en el más estricto de los secretos.
Puigdemont ha optado por echar el freno, con la excusa de que es preferible centrarse en difundir la ley del Referéndum, que este mismo viernes firmaron en pleno tanto los miembros del Gobierno como todos y cada uno de los diputados de la mayoría secesionista. El Gobierno central la ha recurrido este paso ante el Constitucional, que posiblemente la neutralice la semana próxima.
El derecho a ser catalán
La ley de desconexión Jurídica es objeto de disputa entre los secesionistas casi desde su puesta en marcha. El presidente de la Generalitat piensa que carece de sentido ponerla en circulación antes de que se celebre el referéndum. Los radicales de la mayoría gubernamental tienen prisa. Quieren que todo el trámite parlamentario quede despachado antes de la fecha mágica del 1-0. El pulso, por ahora, lo está ganando Puigdemont, lo que, en contrapartida, le obliga a no dar ni un paso atrás en los preparativos del referéndum, sea cual fuere la reacción del Ejecutivo de Rajoy la acción de la Justicia.
El presidente del Gobierno dejó claro, en su última comparecencia del curso, que no habrá consulta, que es ilegal, que la ansiedad no es buena consejera y que sigue abierto al diálogo. Los separatistas hacen caso omiso, siguen adelante con su plan. Este lunes presentará su ley del plebiscito en la Cámara, último día hábil para hacerlo, y confían en que el debate se celebre después del 15 de agosto, cuando el Parlamento catalán haya recobrado la actividad tras el breve descanso veraniego.
Estos tironeos internos en el bloque secesionista apenas trascienden a la opinión pública. El presidente de la Generalitat enfatiza los pasos de unidad, como la firma conjunta, aunque en secreto y sin cámaras, de la ley del referéndum en un acto émulo de Fuenteovejuna. "¿No dicen que teníamos miedo a firmar?. Pues hemos firmado todos", señalaba a este periódico un diputado del Pdecat.
Rajoy habló con Puigdemont no por el futuro 'choque de trenes', sino por el choque de un tren en la estación de Francia, que dejó cincuenta heridos. Sólo conversaron de eso. Ni una concesión a estirar el diálogo telefónico para abordar otros aspectos. Es norma de Moncloa, férreamente establecida, que hasta que el referéndum no desaparezca del horizonte, nada hay que hablar con el presidente de la Generalitat.
