La decisión del Tribunal Constitucional de aceptar a trámite los recursos de los condenados del procés dificulta la negociación para renovar el órgano de garantías. Según explican a Vozpópuli fuentes jurídicas, la admisión de los escritos reafirmará las razones del PP para bloquear la actualización del máximo tribunal ante el temor de que el cambio de jueces pueda afectar la actual ecuación de conservadores y progresistas, así como los criterios con los que se han evaluado hasta ahora las peticiones de los independentistas.
Actualmente, el Tribunal Constitucional cuenta con 12 magistrados: siete de conocido perfil conservador y cinco de orientación progresista. La plantilla debió haberse actualizado el pasado 7 de noviembre, cuando venció el mandato de cuatro de los magistrados (dos propuestos por el PP y dos por el PSOE). Sustituirlos implica modificar un tercio del tribunal, incluidos su presidente -Juan José González Rivas- y su vicepresidenta -Encarnación Roca-.
Para la renovación se necesita el apoyo de tres quintos del Congreso de los Diputados; es decir, 210 escaños. La matemática parlamentaria condena a PSOE y a PP a llegar a un acuerdo que en lo que va de legislatura ha resultado imposible.
El PP, en minoría
En esta ocasión, la formación de Pablo Casado negocia en minoría, lo que podría dejarle -en el peor escenario- con un solo nombramiento y afectaría la mesa final del Constitucional. El siete-cinco actual podría traducirse en un seis-seis, con el poder de desempate en el presidente del tribunal.
Fuentes consultadas aseguran que desde el PP temen que Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pase a ocupar la presidencia del órgano de garantías en su eventual renovación. Este cambio derivaría, según las mismas fuentes, en un Constitucional "más progresista".
Ante este escenario, 'Génova' puede optar por mantener el bloqueo hasta que se resuelvan los recursos vinculados al procés o al menos hasta 2021. Aunque ello representa un retraso en la renovación -pendiente desde noviembre-, los cuatro magistrados se mantendrían aún dentro de sus nueve años de mandato constitucional. Eso sí, incumplirían el plazo del periodo legal previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tras la reforma pactada en 2010 por PSOE y PP. Según recoge la normativa, ante tal dilación "a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso de la renovación".
Conservadores y progresistas
La plantilla actual del tribunal de garantías había destacado en los últimos años por su unanimidad al momento de resolver las deliberaciones vinculadas al procés. La unidad, sin embargo, se vio afectada el pasado noviembre, cuando los magistrados del Pleno desestimaron un recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras contra su prisión provisional durante la instrucción y la celebración del juicio en el Supremo.
La resolución en la que se concluía que los derechos fundamentales del líder independentista no habían sido vulnerados contó con un voto discrepante al que se adherieron tres magistrados. Juan Antonio Xiol, María Luis Balaguer y Fernando Valdés fueron los que se apartaron de la mayoría. Este último es uno de los que se encuentra actualmente en funciones.
A principios de marzo, poco antes de que se decretara el estado de alarma, se presentó otra discrepancia entre los jueces. El Pleno desestimó el recurso de amparo presentado por Jordi Sànchez contra varias resoluciones que acordó el Tribunal Supremo mientras se encontraba en prisión provisional. Los mismos tres magistrados firmaron otro voto particular en el que defendieron el derecho a la actividad política del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Nueva doctrina
Ahora, el Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, y los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borrás. Según consta en las providencias correspondientes, los magistrados han apreciado que concurre en todos los escritos una especial trascendencia constitucional, dado que plantean un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal.
Las fuentes consultadas destacan que aunque el tribunal ha perdido la unanimidad en las deliberaciones sobre el desafío independentista, el Pleno aún mantiene su postura. De ahí que consideren que ante la posibilidad de perder la ecuación actual de conservadores y progresistas en el órgano de garantías, el escenario de bloqueo se prolongará mientras se resuelve el debate soberanista.
