El Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) decidió en diciembre de 2016 blindar la seguridad del entonces presidente, Francisco González (FG), tras recibir información policial facilitada por el clan policial mafioso encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Estos datos, de carácter reservado, revelaron al banco los antecedentes penales y otros datos personales de varios de los presos que compartían prisión con el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que entonces permanecía interno, de forma preventiva, en la cárcel madrileña de Estremera.
Vozpópuli ha tenido acceso a una copia de la carta que el entonces jefe de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano, imputado en el caso Villarejo, remitió en diciembre de 2016 al secretario general del Consejo de Administración de BBVA, Domingo Armengol, en la que le informaba de que Pineda, "en la actualidad interno en el Centro Penitenciario Madrid-7 (Estremera) [...] tiene estrechas relaciones con otros internos de su prisión fundamentalmente originarios del países del Este y Colombia, y que cumplen condena por delitos muy graves", especifica el documento.
La investigación desarrollada por Asuntos Internos de la Policía ha puesto de manifiesto que la información sobre Pineda y sobre los presos que coincidieron con él en la cárcel de Estremera (Madrid) fue obtenida de numerosos registros policiales. En este sentido, un informe de la Policía de 30 de julio de 2019 alerta al juez Manuel García Castellón de las decenas de consultas realizadas por diferentes funcionarios sobre los presos vinculados a Luis Pineda. Villarejo incluía estos datos en sus informes y notas informativas, que entregaba a cambio de fuertes sumas a dinero a sus clientes, entre ellos BBVA, que le pagó en total más de diez millones de euros.
"A cambio de precio"
Estos documentos confidenciales, según la Policía, "contienen una ingente cantidad de datos relativos a las personas objeto de investigación, buena parte de los cuales son accesibles a través de las diferentes ficheros y aplicaciones policiales, cuyo régimen jurídico [...] no contempla como usos previstos ni corno comunicaciones de datos previstas la cesión de tal información a entidades privadas (menos aún, a cambio de precio)".
Fuentes de la entidad destacan que los integrantes del Consejo, en el que el actual presidente, Carlos Torres, era consejero delegado, no tenían por qué saber que los datos procedían de ficheros policiales
Fuentes de la entidad explican que los integrantes del Consejo de Administración, en el que desempeñaba el cargo de consejero delegado el actual presidente, Carlos Torres, no tenían por qué saber que los datos que aportó el jefe de Seguridad, Julio Corrochano, sobre las actividades de Pineda en la cárcel procedían de ficheros de uso exclusivo de la Policía: "El informe remitido al secretario general es meramente técnico, igual a los que envían otros departamentos. De su lectura es imposible detectar nada irregular. Ahora, con lo que se sabe se podría sospechar, pero el informe es una mera recomendación técnica", resaltan las mencionadas fuentes del banco.
En este sentido, el mencionado escrito sobre las actividades de Pineda que Corrochano dirige en diciembre de 2016 al secretario general del Consejo especifica que el acceso a la información policial, y por tanto reservada, está amparado en la ley de Seguridad Privada. Esta norma, en su artículo 14, especifica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad privada, en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección".
Sin embargo, en otro documento sobre Pineda, adelantado por El Cierre Digital, Corrochano reconoce que, "por exigencias normativas" no puede plasmar por escrito la información policial a la que había tenido acceso.
En este escrito, en el que se profundiza sobre las actividades de los presos que acompañaban a Pineda en la cárcel, Corrochano llega a reconocer que había tenido acceso a "información sensible" sobre las relaciones de Pineda con los internos; que estarían relacionados, explica, con "delitos de narcotráfico y pertenencia a bandas criminales que tienen capacidad de cometer en el exterior delitos por encargo", a modo de "sicariato".
Sin embargo, los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional destacan en un oficio, incluido en el sumario del caso Villarejo, que el acceso a estos ficheros policiales, solo está autorizado "para usos policiales y para la comprobación de la existencia de requisitorias judiciales o policiales". Vozpópuli ha confirmado que la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que el Ministerio del Interior regula el acceso al fichero denominado Perpol, impide facilitar los datos a empresas privadas, como es el caso de BBVA.
Además, en el registro de la vivienda de Rafael Redondo, uno de los socios de Villarejo, los agentes descubrieron en un ordenador una carpeta denominada "Bond" que contenía "notas informativas" relacionadas con "el asunto búlgaros, conteniendo datos personales y otros obrantes en los ficheros y bases de datos policiales (algunas de las cuales se llegan a citar expresamente, verbigracia, Sidenpol) relativos a las personas cuyo nombre da título a los mencionados archivos", especifican los agentes.
Ciudadanos búlgaros
También se intervinieron informes policiales, de la Dirección General del Tráfico, datos de la Seguridad Social y del propio BBVA, banco al que uno de los ciudadanos búlgaros investigados por el clan policial por relacionarse con el presidente de Ausbanc había solicitado un préstamo.
"Con el hampa"
En su declaración como imputado Francisco González reconoció, a preguntas de uno de los fiscales de anticorrupción, que Julio Corrochano le había advertido de que Pineda se mezclaba en la cárcel "con gente relacionada con el hampa": "Y entonces el Consejo de Administración, y ahí se hacen una serie de procesos, deciden en un acuerdo prolongar y reforzar mi seguridad. A lo mejor este contrato corresponde a esto, pero yo este contrato no lo he visto", contesta FG al ser interpelado sobre un documento requisado al clan de Villarejo en el que se explicaban los riesgos "del presidente de BBVA".
Al insistir el fiscal sobre el contrato para investigar a Pineda, FG reconoce que el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, "le pide al Consejo de Administración, a través del secretario general que refuercen y extiendan mi periodo de vigilancia". El expresidente del banco, al ser interpelado de nuevo sobre si el Consejo de administración tenía constancia del informe de Corrochano, respondió: "No lo sé, pregunte al secretario general, seguro que lo puede tener. Yo lo único que sé es que se toma ese acuerdo en el Consejo de Administración, porque yo soy presidente".
Vozpópuli ha preguntado a BBVA sobre si el secretario general del banco, Domingo Armengol, trasladó a los integrantes del Consejo de Administración los mencionados informes que incluían información policial de carácter confidencial. También ha reclamado si podía tener acceso a las actas, para conocer el sentido del voto de todos los integrantes del órgano de gobierno de la entidad, entre los que estaba en esas fechas el actual presidente, Carlos Torres. Sin embargo, este periódico no ha obtenido una respuesta satisfactoria, ya que fuentes del banco aseguran que las actas son secretas y que nunca se hacen públicas.
