La decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de dictar mañana su auto de procesamiento sobre los investigados por el procés abre la puerta a reactivar la orden de arresto contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de los consejeros de su Gobierno huidos por Europa. También a la ex dirigente de las CUP, Anna Gabriel. La Fiscalía informó la semana pasada de que solicitaría al juez que reactivase la orden europea de detención contra los fugados una vez que el magistrado diese el paso de procesar, trámite que aboca al banquillo de los acusados a los que hasta ahora tan sólo eran investigados.
El Ministerio Público se pronunció al respecto el pasado 12 de marzo por medio de un comunicado oficial que fue difundido a los medios de comunicación. La frase no dejaba lugar a la especulación: “en lo referente a la situación de los investigados que se encuentran fuera del territorio nacional, Antoni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont y Meritxell Serret, el Ministerio Fiscal procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se haya dictado auto de procesamiento en la causa”.
Fuentes fiscales admiten ahora a Vozpópuli que no esperaban que Llarena se diese tanta prisa por lo que no tomarán su decisión en ningún caso hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos durante la jornada de mañana. Este mismo jueves los cuatro fiscales del caso Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno se reunirán y entre los asuntos a tratar estará el de pedir o no que se reactive el arresto de los huidos, según las mismas fuentes consultadas.
Varios delitos
Aunque es habitual que el auto de procesamiento se dicte al finalizar la investigación judicial, en este caso no impedirá que el juez Llarena siga instruyendo y ordenando diligencias a las fuerzas policiales. De hecho, este mismo martes el magistrado pidió a la Guardia Civil más documentos sobre el contenido de un informe ya entregado por este cuerpo relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia. El magistrado podría procesar este viernes a los investigados sólo por delitos de rebelión y/o sedición y dejar el delito de malversación para más adelante.
La retirada en su momento de la orden de arresto contra Puigdemont y sus consejeros tenía por objeto reactivarla en una fase más avanzada de las pesquisas con indicios más sólidos que presentar a las autoridades judiciales extranjeras, en el caso de Puigdemont a Bélgica, que ya manifestó reparos en su momento.
Fuentes judiciales también afirmaron que la intención de Llarena es pedir de nuevo la detención de los huidos tras el auto de procesamiento, si bien es cierto que eso fue antes de que Jordi Sánchez diese un paso al costado y se activase la opción Turull como presidente. Otra de las incógnitas ahora mismo sobre la decisión del juez es si el procesamiento afectará -en rebeldía- también a los fugados. Formalmente no están siquiera personados en la causa.
A las 10.30 horas de mañana el magistrado ha convocado a todas las partes personadas para notificarles el auto. A la misma hora están citados varios de los investigados para celebrar con ellos una vista en la que podría decidir directamente su ingreso en prisión. Entre ellos se encuentra el exconsejero Jordi Turull y presumible candidato a optar a la Presidencia de la Generalitat tras la fuga de Puigdemont y la renuncia del preso Jordi Sánchez, hasta ahora el plan B del independentismo.
Lluís Guinó, el único diputado imputado sin citar
El resto de citados para la vista son la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la dirigente de ERC, Marta Rovira y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Todos ellos se encuentran actualmente en libertad provisional. Durante esas vistas, previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las acusaciones pueden pedir el ingreso en la cárcel de los citados. El partido VOX, que ejerce la acusación popular en esta causa, ya ha avanzado que se plantea solicitar el ingreso en la cárcel para ellos.
En caso de que el juez dictase el ingreso en prisión de todos ellos, el único diputado de la lista de JxCat investigado en la causa pero con opciones de ser investido al poder acudir presencialmente a su pleno de investidura sería Lluís Guinó. Sin que hayan renunciado a su acta, pero fugados en extranjero quedan el propio Puigdemont y Comín. Guinó, exmiembro de la mesa del Parlament en el momento en el que se declaró la república independiente, se encuentra en libertad bajo fianza de 25.000 euros.
