Nueva tormenta a la vista en el seno del Gobierno de coalición. Unidas Podemos está dispuesto a romper con el PSOE y apoyar una ley de Vivienda alternativa que regule el precio de los alquileres, según ha sabido Vozpópuli. La propuesta, sino se resuelven las discrepancias antes, estaría impulsada por partidos del bloque de investidura como ERC, Junts per Catalunya (JxCat), Más País o EH Bildu, entre otros.
El partido morado no apoyará una ley de Vivienda que excluya la regulación de los precios del alquiler. Así se lo ha trasladado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es una línea roja para Podemos, que cuenta además con el respaldo de los aliados parlamentarios del Ejecutivo, en especial las formaciones independentistas catalanas. La negociación de esta norma, dicen estas fuentes, tiene potencial para dificultar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y desestabilizar el Gobierno.
Diez meses sin acuerdo en Vivienda
Una de las posibilidades que se baraja es que estos partidos; liderados por ERC y JxCat -que aprobaron su propia ley autonómica en Cataluña-; impulsen una proposición de Ley de Vivienda en el Congreso. La propuesta incluiría topar el alquiler. El grupo de Unidas Podemos estaría dispuesto a apoyarla aunque el PSOE se desmarque, según informan fuentes parlamentarias a este diario.
Unidas Podemos recuerda que Sánchez se comprometió hace 10 meses por escrito a recoger esta regulación en la nueva ley de Vivienda. Y pide al PSOE que cumpla su palabra. La medida ha generado fuertes resistencias en el área económica del Gobierno, que lidera Nadia Calviño. Pero la formación morada no está dispuesta a ceder. La mesa confederal de Unidas Podemos acordó por unanimidad en julio mantener la presión para que el PSOE honre su promesa. Esta mesa reúne a todas las confluencias del partido, como los Comunes de Ada Colau.
El cambio en el Ministerio de Transportes, liderado ahora por Raquel Sánchez tras el cese de José Luis Ábalos, no ha allanado el camino al acuerdo entre los dos partidos de la coalición. La ministra Sánchez se entrevistó en julio con Díaz y la ministra de Políticas Sociales, Ione Belarra, sin que se produjeran avances de ningún tipo. Raquel Sánchez impulsó una normativa de regulación de alquileres durante su etapa como alcaldesa del municipio barcelonés de Gavá. Como regidora, por cierto, también cuestionó la ampliación del aeropuerto del Prat, que ahora defiende el PSOE pero no Podemos.
Ceuta, luz y salario mínimo
La ley de Vivienda no es el único escollo que separa a PSOE y Podemos en este arranque del curso político. Otro de ellos es la reforma del sector energético para bajar de forma inmediata la factura de la luz, que sigue batiendo récord de precio en agosto. El partido morado ha puesto sobre la mesa dos propuestas para limitar el precio de la energía nuclear y la hidráulica mediante decreto ley. Y se remiten tanto a Calviño como a la vicepresidenta Teresa Ribera para que tomen una decisión política.
A Podemos tampoco le ha gustado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta. Belarra ya hizo pública una carta cuestionando el método de Marlaska para devolver a Marruecos los menores que cruzaron a Ceuta durante la avalancha migratoria de mayo. Los tribunales, posteriormente, han paralizado estas entregas. Podemos cree que la crisis se ha reconducido tras la intervención de la justicia y el encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
PSOE y Podemos han alcanzado también este jueves un acuerdo político para la subida del salario mínimo interprofesional, que se espera entre en vigor en septiembre. El pacto entre presidente y vicepresidenta es total y se produce después de la discrepancia que generó entre ambos partidos la congelación del salario mínimo en diciembre del 2020. Díaz convocará a los agentes sociales en los próximos días para rubricar el acuerdo con patronal y sindicatos. El plan es subir el salario en la línea que indicaron los expertos: entre 12 y 19 euros. El objetivo de dicho plan es pasar de los 950 euros actuales hasta una horquilla que va de los 1.011 hasta los 1.049 euros en 2023.
