El PSOE está convencido de que la investidura de Pedro Sánchez, la próxima semana, va a ser “movida” dentro y fuera del Congreso, en medio de protestas en las calles que rodean la Carrera de San Jerónimo (Madrid) y en las principales ciudades del país contra la Ley de Amnistía pactada con los independentistas de ERC y Junts per Catalunya, según reconocen a Vozpópuli distintas fuentes gubernamentales.

“Fuera, alrededor del Congreso de los Diputados habrá movilizaciones -que la Policía tendrá controladas- pero también habrá jaleo en el Hemiciclo. Eso lo tenemos todos claro, el primero el presidente. Los diputados de Vox no van a perder la ocasión de gritarle y tratarán de reventar la sesión plenaria; y PP, veremos”, señala otra fuente consultada, convencidas de que los dos partidos de oposición no van a perder la oportunidad de “desestabilizar la investidura”.

No obstante, Sánchez se ha abstraído de los disturbios en las calles de Madrid durante los últimos días y del tremendo “ruido” político generado por su acuerdo con Carles Puigdemont -con acusaciones hacia su persona lindantes con el “golpismo”-, para dedicarse con su equipo al discurso de investidura de más una hora que pronunciará el martes o el miércoles.

El candidato socialista Sánchez se propone hablar de “medidas sociales”, que es para lo que los españoles votaron “un gobierno de progreso” el 23 de julio, se advierte en referencia al acuerdo que firmaron los socialistas con Sumar, donde se incluyen medidas como la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas, y los impuestos a la Banca y las energéticas

En este sentido, las fuentes consultadas ya advierten que “la obsesión periodística y de la oposición con la Ley de Amnistía no es ni va a ser desde luego el eje de su discurso”. La mencionará como parte del acuerdo, pero, en la medida en que forma parte de la negociación de los grupos parlamentarios que le apoyan, no va a hacer especial hincapié en ella; no quiere que contamine el inicio de una legislatura “social”.

Sánchez se propone hablar de eso, de “ciudadanía y medidas sociales”, que es para lo que los españoles votaron “un gobierno de progreso” el 23 de julio pasado, se advierte desde el Ejecutivo en funciones, en referencia al acuerdo que firmaron los socialistas con Sumar. Un pacto donde se incluyen medidas como la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas o la implementación de impuestos a la Banca y las empresas energéticas.

El candidato a la reelección también hablará del pacto con ERC, pero para resaltar que va a suponer una quita del 20% de deuda a todas las autonomías que recurrieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no sólo a Cataluña los famosos 15.000 millones. Y de la propuesta de Junts para que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, que el PSOE no comparte.

Recalcará la apuesta socialista porque Cataluña tenga “suficiencia financiera” en el marco de las comunidades del régimen común, pero sin establecer agravios comparativos con otras autonomías, Caso de la valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha, que también están infrafinanciadas desde hace quince años.

El presidente del Gobierno recalcará la apuesta socialista porque Cataluña tenga “suficiencia financiera” en el marco de las autonomías del régimen común, pero sin establecer agravios comparativos con otras, caso de la Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha, que también están infrafinanciadas desde hace quince años.

“No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista democráticamente elegido por los españoles”. Así empezó su discurso de investidura, el candidato socialista, la pasada legislatura, el 4 de enero de 2020, va a hacer ahora cuatro años, y de forma muy similar lo hará en esta ocasión.

Los puentes con el PP están prácticamente rotos y está por ver qué se puedan reconstruir en asuntos como el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una vez que las cuatro asociaciones de jueces, conservadores y progresistas, han criticado abiertamente la quiebra del Estado de Derecho que supone asumir en el acuerdo con Junts per Cataluña el ya famoso lawfare -uso de los tribunales contra rivales políticos; sin ese desbloqueo del Poder Judicial, que lleva cinco años sin ser renovado, es prácticamente imposible cualquier otro consenso entre los dos grandes partidos.

Sin duda, añade una de las fuentes consultadas, Pedro Sánchez hará mención a este bloqueo, pero la oposición de PP y Vox no le dejarán margen de maniobra después de haber pactado con un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, nada menos que su propia investidura.