No habrá paz para los malvados. Como reza la película de Enrique Urbizu con José Coronado como protagonista, el secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, se ha propuesto que Carles Puigdemont pague por los actos del 1-O pese al guardaespaldas Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos juega con una baza en el Parlamento Europeo que regatea los efectos de la futura amnistía a Puigdemont y puede suspender de empleo y sueldo al líder de Junts.
En septiembre, Ciudadanos exigió por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que suspenda como eurodiputado al nuevo socio de Sánchez por incumplir la Ley Electoral española al no haber jurado la Constitución, requisito previo indispensable para aprobar su acta como europarlamentario. Entre las funciones que tiene asignadas Vázquez como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara está la verificación de las actas de los eurodiputados.
Este procedimiento, como explica el propio Vázquez en declaraciones a Vozpópuli, "no se vería afectado por la posible amnistía a Puigdemont". "Una cosa es que haya accedido al acta de eurodiputado de manera fraudulenta y otra el procedimiento judicial que tiene pendiente al estar fugado de la justicia -este último sí se vería afectado por la amnistía-", explica. La decisión de inhabilitar como eurodiputado a Puigdemont está en manos de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE).
Al frente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Vázquez contactó con la Junta Electoral Central (JEC) para preguntar sobre los motivos por los que no había enviado la comunicación oficial de la adquisición de la condición de eurodiputado de Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé. A través del mencionado organismo europeo, Vázquez interrogó a la JEC acerca de las consecuencias legales de esta falta de notificación.
El 3 de noviembre de 2022, tal y como se relata en la carta emitida a Metsola, la JEC respondió que "ninguno de ellos había acatado la Constitución española, requisito de obligado cumplimiento recogido en el artículo 224.2 de la Ley Electoral". La JEC argumentó que ante la falta de este requisito, "sus respectivos escaños deben permanecer temporalmente vacantes hasta que se cumpla con el acatamiento de la Constitución española, suspendiendo en consecuencia sus derechos y privilegios como miembros del Parlamento Europeo".
La retirada de la inmunidad de Puigdemont, en juego
La amnistía de Puigdemont sí podría tener efecto en otro de los procesos liderados por Ciudadanos en Europa. Se trata de la retirada de la inmunidad del líder de Junts como eurodiputado para que se pueda tramitar la euroorden y Puigdemont sea enviado detenido a España para ser juzgado.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) denegó en julio el recurso del expresidente catalán y dos de sus consejeros contra la retirada de su inmunidad como europarlamentario, decisión tomada por el Parlamento Europeo a instancias de Vázquez. Por aquel entonces, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ministra de Justicia, se congratulaba de la decisión. El Gobierno de Pedro Sánchez desoyó durante cuatro años las peticiones de ayuda del eurodiputado de Ciudadanos.
Puigdemont recurrió esta decisión al Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE), que en caso de aprobarse la amnistía en España mantendría la inmunidad de los eurodiputados de Junts. "A no ser -explica Vázquez- que alguna instancia nacional, como el Tribunal Supremo, destapase que la amnistía está sirviendo para tapar delitos de malversación de caudales públicos, lo que conllevaría un choque frontal con la normativa europea".
Otra de las derivadas europeas de la amnistía son las sanciones económicas a las que se enfrentaría España. En procesos similares se ha sancionado a los Ejecutivos de Polonia y Hungría.
