Carles Puigdemont ha entrado en escena en plena negociación por la "posible y futurible" ley de amnistía en la que trabaja el Gobierno y ha pedido al Tribunal Supremo que aparte de la causa del procés al magistrado que la instruye, Pablo Llarena. El expresidente catalán le acusa de "falta de imparcialidad" y de haberse pronunciado sobre esta norma que conllevaría la extinción de cualquier responsabilidad penal para el líder independentista.
En su escrito, remitido a la Sala de lo Penal del Supremo, le atribuye unas declaraciones en las que el magistrado habría enfatizado que, de aprobarse esta norma, habría que mirar si es legítima o se justifica. Sobre estas expresiones, Puigdemont sostiene que plantearse la idoneidad de una ley deriva en una "absoluta falta de imparcialidad" y, por ello, pide que se le aparte de esta instrucción.
"Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo pero parece ser que la falta de imparcialidad lleva al Excmo. Magistrado-Presidente a cuestionar, incluso, la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular", reza el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Llarena pidió cautela sobre la amnistía
La defensa de Puigdemont responde de esta forma a las palabras pronunciadas por el magistrado de la Sala de lo Penal en una conferencia que ofreció el 12 de septiembre en la Facultad de Derecho de Burgos. Al ser preguntado por la norma que ya se da por hecha en el entorno independentista, Llarena pidió cautela a la espera de leer el texto y dijo que había que estudiar si el ordenamiento constitucional lo permite o no.
Sus pronunciamientos adelantan una postura sobre cómo, en el hipotético caso de aprobarse una norma de estas características, el instructor hará lo que esté en sus manos para impedir su aplicación
Al respecto Puigdemont ataca al magistrado que le ha enviado al banquillo y dice que estas manifestaciones “no dejan lugar a duda sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la causa”. El expresidente catalán, que ya le ha recusado en anteriores ocasiones durante la instrucción del procés, asegura que estas declaraciones son "impropias" del magistrado que le investiga.
"Son suficientemente claras respecto no solo de la opinión que le parece algo que ni tan siquiera ha arrancado su trámite parlamentario sino que, además, excede de sus funciones jurisdiccionales. Tales pronunciamientos adelantan una postura sobre cómo, en el hipotético caso de aprobarse por el Poder Legislativo una norma de estas características, el magistrado instructor hará lo que esté en sus manos para impedir su aplicación a este caso concreto", reza Puigdemont.
Cuestión de inconstitucionalidad
El escrito de Puigdemont se conoce en pleno debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las negociaciones a puerta cerrada entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas para, una vez fracasado el intento de Feijóo, lograr reeditar su mandato.
Entre las exigencias que se han puesto sobre la mesa desde Junts y ERC se encuentra una previsible amnistía que dejaría en papel mojado la causa del procés así como todas las condenas y causas pendientes de enjuiciar relacionadas con el procés. En el caso de Puigdemont se traduciría en el fin de la causa del procés, de la que tiene pendiente ser juzgado por los delitos de desobediencia y malversación. Ello implicaría también el fin de la orden nacional de detención que tiene vigente y también de las órdenes internacionales, pendientes de reactivarse.
Un cambio legislativo de este calibre conllevaría no solo el perdón de la pena (supuesto que recoge el indulto) sino el perdón del delito y el reconocimiento explícito de que el Estado de Derecho no fue justo con los amnistiados. De salir adelante una ley de este calibre, el Supremo y los otros tribunales a los que les afecte la norma tendrían que dictar el fin de los procedimientos.
El alto tribunal solo podría frenar el impacto de una ley de amnistía planteando una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o bien recurriendo a Europa. La Carta Magna, en su artículo 163 contempla esta facultad para "cualquier órgano judicial" en caso de que considere que una norma con rango de ley, como ocurriría con la amnistía, pueda ser contraria a la Constitución.
No obstante, este mecanismo que brinda la ley no impediría su entrada en vigor. El alto tribunal tiene potestad en el movimiento dado que el cambio legal afecta de manera directa a la causa que ha investigado, pero la ley seguiría vigente hasta que el Constitucional abordara el asunto.
Jordeli
Al cobarde indecente a CHIRONA.