El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez tratan de averiguar adónde fue a parar el "botín" de la sociedad pública madrileña Arpegio en el marco del caso Púnica.
Los investigadores sospechan que, durante el boom inmobiliario, la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región constituyeron los consorcios urbanísticos que adjudicaron suelo para la construcción de viviendas protegidas y de precio libre; tal suelo público de la región de Madrid "se convirtió en un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras que, a cambio del pago de comisiones en efectivo y regalos, fueron favorecidas con las ansiadas parcelas, vulnerando la legalidad de los procesos de adjudicación".
En ese escenario, el poder de adjudicación de las viviendas correspondió al exconsejero del Partido Popular, Francisco Granados. De igual forma, el juez recalca en un auto que forma parte del sumario de esta trama de corrupción que la mesa de contratación de Arpegio S.A. se convirtió presuntamente en "el centro de decisiones amañadas por las que se cobraron presuntamente comisiones en las decenas de adjudicaciones de suelo público que se llevaron a término". La gran pregunta ahora es saber adónde fueron a parar esos fondos desviados.
Fondos malversados
En todo este entramado corrupto destaca, junto con el nombre de Granados, el del ex jefe de gabinete de la exministra Celia Villalobos, Eduardo Larraz, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre, quien escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros. Tal y como desveló Vozpópuli, los investigadores sospechan que Suiza pudo ser el destino final de "fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo Arpegio).
Pero no sólo Suiza. Recientemente, desde el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional se han cursado Comisiones Rogatorias a Islas Vírgenes y Panamá para ver si parte del “botín” de Arpegio fue a parar a dichos paraísos fiscales. El objetivo: poder recuperar los activos desviados de la Comunidad de Madrid. Según informan fuentes jurídicas, estas solicitudes de auxilio judicial internacional no serán las únicas que enviará España para poder averiguar el destino de los fondos supuestamente desviados de la empresa pública de suelo.
Antes de abandonar el Juzgado rumbo a la Sala de Apelaciones de la Audiencia, el juez Velasco acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio y los citó a declarar, aunque su marcha hizo que las comparecencias fueran aplazadas 'sine die'. De hecho, en un auto dictado el pasado jueves el instructor declaró causas complejas las piezas separadas número 13 y 16, donde se investiga el desfalco en torno a Arpegio y Nuevo Arpegio.
