Esperanza Aguirre está fuera del caso Púnica. El magistrado Manuel García Castellón ha zanjado siete años de diligencias enviando al banquillo a un total de 10 personas por su implicación en la presunta caja B del PP madrileño. Entre ellos se encuentran Francisco Granados o el que fuera gerente de la formación regional, Beltrán Gutiérrez. Por contra, ha decidido archivar a la causa para un total de 71 imputados, incluida la expresidenta regional. De ella dice que no se le puede procesar por falta de indicios.
En un auto de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado sostiene que los hechos investigados en una de las causas más longevas de la Audiencia Nacional serían constitutivos de delito de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, falsificación, cohecho y tráfico de influencias. Al hilo, atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y da el primer paso para sentar en el banquillo a ocho personas físicas y dos jurídicas.
Se trata del considerado cabecilla de la Púnica, Francisco Granados; el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; el informático de la red Alejandro de Pedro; el exconsejero Borja Sarasola; el exdirecetivo de Indra Diego Mora; el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda Francisco Lobo Montalbán; la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás y las firmas de De Pedro, EICO y Madiva.
El juez 'saca' de Púnica a 71 personas, entre ellas Aguirre, Ignacio González, los exconsejeros Lucía Figar y Salvador Vitoria y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid
Por contra archiva la causa para más de 70 imputados, entre los que se encuentran los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González y los antiguos exconsejeros de Educación, Presidencia y Sanidad, Lucía Figar, Salvador Vitoria y Manuel Lamela, respectivamente. Del mismo modo deja fuera de esta pieza novena al cerebro de la Púnica, David Marjaliza, al exconsejero delegado de Indra, Javier de Andrés o al exdirectivo de la agencia pública Informática de la Comunidad de Madrid que denunció irregularidades en el ente, Silvano Corujo. También quedan fuera Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid.
En la causa se ha investigado, por un lado, la financiación del PP madrileño en las campañas autonómicas de 2007 y de 2011 y las generales de 2008, aunque también se han analizado todas las adjudicaciones que se concedieron a través de empresas públicas del Gobierno madrileño (como Fundescam o el Plan Arpegio) y los contratos de reputación online que facturó De Pedro para posicionar a los 'populares' en las redes sociales.
La "ignorancia" de Aguirre
En relación a Esperanza Aguirre, imputada en la causa en 2019, el juez concluye que se benefició de los trabajos de reputación del 'conseguidor' de la Púnica, Alejandro de Pedro, pero que no ha podido acreditarse que tuviera conocimiento "ni de la contratación, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaron los trabajos" (con dinero público).
El magistrado destaca una llamada telefónica de Aguirre a su entonces 'delfín' Ignacio González el 8 de marzo de 2017 en la que dijo: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”. Al respecto dice que la exmandataria pudo "sospechar o intuir" que se habría sobrepasado el límite de gasto electoral y ello plantea la hipótesis de si se situó en lo que se conoce como "ignorancia deliberada", aunque no hay pruebas suficientes para afirmarlo.
"Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los mismos", reza el auto.
La financiación ilegal de la Púnica
El juez concluye que los implicados en esta causa, que arrancó en 2014, participaron en un presunto circuito de financiación ilegal que redundó en campañas electorales de la formación regional, como la de 2011, ya que la relativa a 2007 estaría prescrita. El instructor implica en este "plan" a varios empresarios cercanos al partidos, como Ricardo Vázquez u Óscar Sánchez Moyano, los cuáles participaron en el circuito a través de sus firmas. Además, asegura que se ocultó el gasto real de las campañas a la Cámara de Cuentas.
Desde el comité de campaña del PP de Madrid se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas ni se pagaron a través de la cuenta de campaña
"EL Consejo de la Cámara de Cuentas de Madrid aprobó el 1 de diciembre de 2011 el Informe de Fiscalización concluyendo que no ha considerado justificados a efectos de la subvención 212.326 euros. Sin embargo, tal cuantía era muy inferior a la realmente incurrida, pues desde el Comité de Campaña del PP de Madrid se autorizaron gastos electorales que no fueron declaradas a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido", reza el auto de 257 páginas.
La principal fuente irregular de captación de recursos fue las aportaciones de dinero en efectivo que se entregaron (directa o indirectamente) al entonces secretario regional del PP, Francisco Granados. Éste -que anotó todo en su libreta- descontaba de las donaciones unas cuantías que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido; el resto se lo hacía llegar al gerente del PP madrileño, quien se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no debían constar ante la Cámara de Cuentas.
"La relación entre Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez era de plena confianza pues el mismo venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación regional y de los diferentes directores de las campañas como nexo de unión entre las personas que recibían el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede Regional", explica el juez.
