“No puede ser tenido como material indiciario suficiente, ya que ni en sí mismo es fuente de información ni contiene un acopio de indicios válidos y suficientes para los fines procesales pretendidos”. Así de rotunda se muestra la Audiencia Nacional con el recurso de apelación presentado por el abogado José Luis Mazón, representante del partido político Soberanía, contra don Juan Carlos I por el 23F.
La sección segunda de la Sala de lo Penal ha tomado esta decisión al entender que no puede acoger ninguno de los motivos en los que se justifica el recurso, aunque hubiesen prescrito, y aunque el Juan Carlos I hubiese perdido la inviolabilidad como consecuencia de su abdicación.
Respecto a la apertura de una investigación, la sala considera la prescripción del delito como un “avatar sustantivo absolutamente impeditivo no solo de una pena sino también de la instauración de un proceso penal”. Originalmente, se recurrió ante la Sala la decisión que adoptó el pasado 8 de mayo el juez Santiago Pedraz al no admitir a trámite la querella contra el Rey y el expresidente Felipe González, basada en el contenido de lo que escribió Urbano.
“No hay elementos mínimamente fiables y verosímiles que permitan entablar una investigación criminal”, sostiene la Sala, en una querella que acusaba al rey y a Felipe González de formar parte de “una trama civil” detrás del golpe de Estado, y que el juicio por el intento de golpe “se cerró en falso”. También era extensiva a Enrique Múgica, exdefensor del pueblo, y Ramón Tamames, ampliación que también rechazó Pedraz.
Según sostenía en su querella Mazón, del libro de Urbano se desprende que existió una trama civil en el 23F que "pasó desapercibida y resultó impune porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio rey".
