¿Boda por amor o simple matrimonio de conveniencia? Rafá Zouhier, condenado a diez años de prisión por traficar con los explosivos utilizados en los atentados del 11-M, conocerá en los próximos días si el 16 de marzo, fecha fijada para su excarcelación tras cumplir íntegra su pena, será expulsado de España o puede permanecer en nuestro país como un ciudadano libre. Lo primero lo reclama una de las afectadas de aquellos sucesos que insiste en que la "la presencia de Zouhier en territorio nacional solo servirá para agravar el sufrimiento de las víctimas”. Lo segundo lo pide el propio reo, que esgrime como principal argumento un supuesto arraigo que cuenta ahora con un 'as' en la manga de última hora: su matrimonio con una ciudadana española celebrado el pasado mes de septiembre en la prisión de Puerto I (Cádiz) donde se encuentra recluido.
La Fiscalía se muestra partidaria de la expulsión de Zouhier al considerar que éste sigue siendo peligroso tras su supuesta radicalización religiosa en prisión
La Sección Segunda de la Audiencia Nacional tomará la decisión en los próximos días después de haber recibido un informe de la Brigada de Extranjería de la Policía y de escuchar a la defensa del recluso, a la afectada por los atentados y a la Fiscalía. El abogado del reo reconoce a Vozpópuli que el matrimonio no impide su expulsión, pero asegura que "lo dificulta". Sin embargo, el Ministerio Público y la víctima insisten que la supuesta "peligrosidad" de Zouhier debe pesar más que dicho enlace a la hora de tomar una decisión y, por tanto, debe ser repatriado a Marruecos según ponga un pie en la calle. Los informes de Instituciones Penitenciaria sobre el comportamiento del recluso que han reclamado estas dos últimas partes serán claves para que los magistrados decidan su futuro. Con ellos, pretenden demostrar que el aún preso se ha radicalizado durante esta década de estancia entre rejas.
La estancia de Zouhier en nuestro país comenzó a complicarse en 2005, cuando ya estaba encarcelado por los atentados. Entonces, venció el permiso de residencia del que disfrutaba y no pudo renovarlo. La posterior condena a diez años de cárcel abrió, de hecho, la puerta a su expulsión en aplicación del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, que recoge la posibilidad de enviar de vuelta a su país a todos aquellos ciudadanos extranjeros sin permiso de estancia que hubieran sido condenados a una pena superior al año de cárcel. Ésta puerta fue aprovechada en 2012 por Gonzalo Boyé, abogado de una de las víctimas durante el juicio, que en nombre de ésta presentó un escrito ante la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional para pedir ya entonces la expulsión inmediata de Zouhier. El letrado esgrimía un artículo del Código Penal que establece que los tribunales –siempre a instancias del fiscal– tienen la facultad de enviar al Estado de origen a aquellos reos extranjeros que no residan legalmente en España una vez que hayan accedido al tercer grado penitenciario o hayan cumplido tres cuartas partes de su condena. Zouhier estaba en aquel momento en esta última circunstancia.
Un año para casarse
Desde el primer momento, el recluso se negó a ello y se empeñó en demostrar su arraigo en nuestro país para pedir, una vez cumplida la condena, no ser devuelto a Marruecos. Ya entonces aseguraba que su familia seguía viviendo en Madrid y que, de hecho, él se instaló en España cuando era sólo un adolescente. Además, recalcaba que entre sus planes estaba casarse con una joven universitaria española con la que se carteaba desde poco después de ingresar en prisión. Fue entonces cuando inició los trámites para celebrar la boda. Unos trámites que, según señalaba ayer a este diario su letrado, Antonio Alberca, se han retrasado durante más de un año porque su expediente ha sido sometido a un meticuloso escrutinio por parte del Registro Civil antes de dar luz verde a la boda. "Entrevistaron a mucha gente, hicieron muchas investigaciones y al final no les quedó más remedio que concluir que no era una boda interesada. Los presos también tienen corazón", añade el letrado a este diario.
La defensa asegura que la boda se retrasó un año porque el Registro Civil sometió a un meticuloso escrutinio la solicitud de matrimonio para detectar si era de conveniencia
Ahora, esa boda se ha convertido en el principal argumento del recluso para pedir su permanencia en España, según consta en un reciente escrito de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso este diario. Dicho documento, en el que se solicita tanto a la defensa de Zouhier como al representante legal de la víctima del 11-M que envíen sus alegaciones en el plazo de tres días para tomar una decisión, se señala que el tribunal ya tiene en su poder un informe de la Brigada de Extranjería y Documentación en el que se recogen los dos expedientes administrativos que se han incoado sobre su expulsión. El primero, el de su repatriación en aplicación del artículo 57.2 de la Ley de Extranjería por su condena de diez años. El segundo, el abierto después de que se oficializara el matrimonio con la ciudadana española. En este caso, el reo pretende acogerse al artículo 15 de la misma ley para quedarse.
Falta, sin embargo, el pronunciamiento de la Fiscalía, que hasta ahora se ha mostrado partidario a la expulsión de Zouhier con el argumento de su peligrosidad. De hecho, según confirman a este diario fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha pedido que, además del informe de los agentes de Extranjería, se incorporen aquellos otros elaborados por Instituciones Penitenciarias durante estos años sobre la evolución que el condenado del 11-M ha tenido dentro de prisión, donde ha permanecido siempre clasificado en Primer Grado (el de los reos más peligrosos) y en régimen de aislamiento. El fiscal pretende demostrar con ello que Rafá Zouhier ha sufrido presuntamente una radicalización en su posiciones religiosas en la década que lleva en prisión.
Un hecho que niega su defensa, que sólo admite que ahora "observa los preceptos del islam y cuando ocurrieron los hechos no lo hacía, pero eso no significa, ni mucho menos, que sea un musulmán radical". Incluso afirma que durante su estancia en prisión ha estudiado filosofía y ya no es aquel joven histriónico cuyas reacciones y comentarios durante el juicio del 11-M le hicieron ganarse más de un reprimenda por parte del juez Javier Gómez Bermúdez. Incluso, en mayo de 2012 barajó acogerse al entonces recién aprobado Plan de reinserción que el Ministerio del Interior preparó para la reinserción de presos de ETA. Su objetivo era entonces ser trasladado a una de las siete cárceles de la Comunidad de Madrid precisamente para casarse con su novia española. No lo logró y siguió en la cárcl gaditana, pero la boda sí tuvo lugar año y medio después. Un enlace que, hoy, es su principal argumento para lograr 'in extremis' no ser expulsado.
