España

Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido: la lista de Puigdemont para las comisiones del 'lawfare'

El separatismo catalán busca vengarse del Gobierno el PP que aplicó el 155 en 2017. Ya intentó sin éxito citar a algunos ministros en comisiones similares en el Parlament de Cataluña

  • El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa con Soraya Saénz de Santamaría.

El independentismo catalán pretende citar a Mariano Rajoy y la plana mayor de su Gobierno en las llamadas comisiones parlamentarias del lawfare, según ha podido saber Vozpópuli. El objetivo de Carles Puigdemont y ERC es copiar la lista de comparecientes que presentaron en comisiones de temática similar constituidas en el Parlament de Cataluña.

No son sólo los jueces, que como ha quedado acreditado están exentos de acudir a comisiones de investigación constituidas en el Congreso y el Senado. El independentismo quiere su particular venganza de los ministros del PP que aprobaron el artículo 155. Y en este caso, los altos cargos de aquel Gobierno tendrán muy complicado no presentarse a la citación.

La Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos españoles de comparecer en estas comisiones. De no hacerlo, se incurre en un delito de desobediencia grave (artículo 4).

Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el responsable del CNI en este Ejecutivo, el general Félix Sanz Roldán, y el ex titular de Exteriores, Alfonso Dastis, entre otros, están en la lista que prepara Puigdemont.

Obligados a acudir al Congreso

El Congreso de los Diputados, a iniciativa de Junts per Catalunya y con el apoyo del PSOE, aprobó a finales del 2023 la constitución de tres comisiones: una sobre la operación Cataluña (Villarejo), otra sobre el atentado islamista de La Rambla de Barcelona y Cambrils y un último sobre el presunto espionaje de Pegasus.

Estos tres asuntos han sido utilizados de forma recurrente por el separatismo para denunciar una "persecución política del Estado".

Uno de los empeños personales de Puigdemont es insistir en una especie de teoría conspiranoide por la que los servicios secretos españoles toleraron presuntamente el atentado del 17 de agosto del 2017, en el que murieron 15 personas.

Esta teoría ha sido desmontada sistemáticamente a pesar de los empeños del ex presidente catalán. La última de ellas, en una sentencia de noviembre en la que el Tribunal Supremo ratifica las penas a los condenados por estos hechos, respalda la actuación del CNI y le desvincula del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, cerebro de aquellos ataques.

La mayoría independentista ya citó en el Parlament a Sanz Roldán, director del CNI entonces, Zoido, o Sáenz de Santamaría -cuya vicepresidencia ostentaba las competencias de los servicios secretos-. Todos ellos plantaron a la Cámara autonómica. No podrán esquivar el Congreso si son citados.

Rajoy plantó al Parlament

El Parlament también llegó a llamar a Rajoy en una comisión sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El ex presidente del Gobierno no se presentó.

Los cargos políticos del PP serán el único aliciente que tenga el separatismo en estas comisiones, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado bien claro que los jueces no están obligados a prestar testimonio en el Congreso. Y lo el ex comisario José Manuel Villarejo y la operación Cataluña es una tema bastante desgastado para la opinión pública.

Con Pegasus, por ejemplo, se da la paradoja de que una parte del supuesto espionaje se produjo ya durante el Gobierno de Pedro Sánchez. No han citado a cargos políticos, aunque el independentismo ha conseguido el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, y su investigación en un juzgado de Barcelona.

Las comisiones de investigación se aprobaron a finales de diciembre. Y fueron una de las exigencias del separatismo, junto a la ley de amnistía, para investir a Sánchez. Pero todavía no hay fecha para su puesta en marcha efectiva. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró a un medio extranjero que si se evidenciaban indicios de delito, las conclusiones parlamentarias se pondrían en conocimiento de la Fiscalía.

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