El anuncio de supresión del delito de sedición ha cogido a contrapié a una parte del independentismo que se había mostrado crítica con una estrategia de diálogo de ERC que ahora se ha visto avalada con este resultado, si bien JxCat, la CUP, la ANC y Òmnium Cultural ven múltiples amenazas en esta reforma.
Estas son las claves de un anuncio que vuelve a agitar la política catalana, sumergida de nuevo en una descarnada batalla entre fuerzas independentistas por hacer prevalecer su relato:
Primeros frutos de la mesa de diálogo
El pasado miércoles por la mañana en el Parlament, el presidente del grupo de JxCat, Albert Batet, arremetió por enésima vez contra una mesa de diálogo que "no da resultados" en amnistía y autodeterminación e instó al presidente catalán, Pere Aragonès, a detallar el "listado de supuestos éxitos" que ha dado esa vía.
Aragonès le pidió que esperase al 31 de diciembre para hacer balance, pero en realidad el mismo miércoles por la noche se cerró en buena medida el acuerdo para suprimir el delito de sedición, que va a quedar reemplazado por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas.
La eliminación del concepto de sedición representa para ERC "un gran paso adelante" hacia la "desjudicialización" del conflicto catalán, un paso que "no habría sido posible sin la negociación política entre los dos gobiernos y sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar con la represión", aunque ahora el objetivo es avanzar en la "resolución del conflicto político".
Lecturas contrapuestas
Nada tiene que ver la lectura que del acuerdo sobre sedición hace JxCat, que desde el principio de la legislatura catalana en 2021 se desmarcó de la mesa de diálogo impulsada por ERC y el PSOE y apostó por la "confrontación" con el Estado.
Para el secretario general de Junts, Jordi Turull, esta reforma del Código Penal está hecha "a medida para decir que el 1-O fue delito", mientras que la presidenta de JxCat, Laura Borràs, teme que el "remedio de los desórdenes públicos agravados" pueda ser "peor que la enfermedad de la sedición".
En concreto, la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos presentada en el Congreso rebaja de 15 a 5 años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse "desórdenes públicos agravados", con un máximo de ocho años de inhabilitación.
Los temores de Puigdemont
Uno de los más escépticos con esta reforma es el expresidente de catalán Carles Puigdemont, que, una vez leída la "letra pequeña" de la propuesta, observa "trampas" como los conceptos de "intimidación" y "actos preparatorios", contemplados en el articulado, y subraya que, en Alemania, los hechos de octubre de 2017 en Cataluña no serían delito "ni de 15, ni de 5, ni de medio año de cárcel".
Si lo que se pretende, avisa Puigdemont, es que las jurisdicciones europeas "no tengan más remedio que aplicar una extradición automática, esto servirá para intentar liquidar" su estrategia: "Haciendo presentable ante Europa unas extradiciones y unas condenas penales que ahora mismo nadie compartía y constreñir aún más el camino de la confrontación con el Estado para culminar la independencia no me parece que sea una victoria", subraya.
Tampoco comparten la satisfacción de Aragonès otras siglas del mundo independentista como la CUP, que acusa a ERC de "vender como victorias políticas los juegos malabares" de Sánchez, o la ANC, o incluso Òmnium Cultural, que teme que el delito de "desórdenes públicos agravados" pueda servir para "perseguir a la disidencia política" y al activismo, "más allá del independentismo".
¿Acuerdo presupuestario a la vista?
Desde que JxCat rompió la coalición de gobierno con ERC, los republicanos han hecho hincapié que su prioridad sigue siendo pactar los próximos presupuestos de la Generalitat con sus antiguos socios y con los comunes, dejando en un segundo plano al PSC, al que le exigían dar pasos adelante en materia de "desjudicialización".
Dada la beligerancia de los mensajes de JxCat hacia el Govern, parece improbable un acuerdo presupuestario en estas condiciones, pero ahora Aragonès podría ver a los socialistas como alternativa viable para aprobar las cuentas y evitar una prórroga.
Aún más verosímil -si no se tuercen las cosas en las próximas semanas- parece un apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, después de que el año pasado ya ofreciera sus votos para aprobarlos.
