La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para ampliar a 12 meses los plazos máximos de instrucción de las causas penales podría afectar al fin de las investigaciones de causas que están a punto de concluir como Púnica, la presunta 'caja b' del PP, o 'el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.
El texto aprobado definitivamente este miércoles en el Senado señala en una disposición transitoria que la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente ley".
Indica además que "a tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que esto quiere decir que se reiniciará el plazo de las causas de instrucción por el nuevo tiempo máximo establecido, 12 meses, que pueden ser prorrogables hasta seis meses sucesivamente, siempre y cuando el juez instructor así lo acuerde.
Por ello, causas penales cuyas instrucciones debían estar a punto de finalizar pueden verse prolongadas por este nuevo artículo, ya que permite que se vuelvan a prorrogar si el juez considera que no se han dado las circunstancias para finalizar la investigación.
Sin declaración de complejidad para prórrogas
El nuevo artículo 324 de la LECrim fija el límite temporal en 12 meses, medio año más que lo fijado anteriormente por el PP en su reforma en 2015, que tan criticada fue por las carreras judicial o fiscal durante este tiempo.
Además, la nueva redacción también elimina la necesidad de declaración de complejidad a instancias de la Fiscalía para poder prorrogar las causas hasta los 18 meses, ya que ahora será el juez instructor "de oficio o a instancia de parte" quien acuerde mediante un auto la ampliación de la duración de las investigaciones por "periodos iguales o inferiores a seis meses".
Así, el fin de macrocausas de corrupción que llevan años abiertas en la Audiencia Nacional, en las que se investigan la presunta financiación en 'b' del PP como la 'Púnica', cuya conclusión estaba prevista a principios de junio, o los 'papeles de Bárcenas', que tenía como fecha tope el próximo 28 de agosto, pueden verse pospuestos.
Lo mismo ocurre con otras causas que expiran el año que viene, como la que se analiza la fortuna de la familia Pujol, cuya fecha de conclusión se ha señalado para marzo de 2021. La reforma del artículo 324 de la LECrim también puede incidir en otros casos que se investigan fuera la Audiencia Nacional, como el que lleva un juez de los juzgados de instrucción madrileños contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto origen ilícito de su patrimonio, cuya fin estaba fijado para el pasado mes de junio.
Plazos suspendidos
Se da la circunstancia de que algunas de estas fechas también se han visto alteradas por la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, el pasado 14 de marzo, y que no se reactivaron hasta el 4 de junio. Así lo ha previsto, por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que ha sumado a la Púnica los más de 80 días en los que los plazos han estado suspendidos.
