La Comisaría General de Información de la Policía Nacional detalla en un informe remitido a la Audiencia Nacional el modus operandi de las sucesivas cúpulas de ETA y la implicación "solidaria" de cada uno de sus miembros en la comisión de atentados terroristas. Los investigadores sostienen que los jefes de los diferentes aparatos -independientemente de su área de dirección- son igualmente responsables de las actividades criminales de los comandos.
El juez que investiga el atentado de Santa Pola en 2002 se ha basado en estas conclusiones para imputar a seis jefes de la banda en las diligencias. Fuentes de la lucha antiterrorista indican a Vozpópuli que este mismo recorrido judicial se podría extender a otros atentados, incluidos algunos que aún no tienen ningún tipo de condena.
El informe policial al que ha tenido acceso este diario se centra en la figura de Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias Ramontxu, máximo responsable del aparato internacional de ETA en el año 2002. En agosto de ese año, los terroristas Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso colocaron un coche bomba a las puertas de la casa cuartel de Santa Pola. Una niña de seis años, Silvia Martínez, y Cecilio Gallego, un jubilado que se encontraba por las inmediaciones, murieron víctimas de la explosión.
El informe de inteligencia demuestra en un primer apartado que Ramón Sagarzazu era efectivamente el máximo responsable del aparato internacional de ETA, encargado de coordinar las reuniones que la organización mantenía en Francia con organizaciones afines, así como de los terroristas que permanecían huidos fuera de España. Para ello, la Policía se basa en diversos informes y declaraciones.
Uno de ellos es la declaración del etarra Miguel Ángel Eguibar Michelena, quien ubicó presencialmente a Ramón Sagarzazu en una reunión celebrada a finales de 1996 en París, en la que se establece el funcionamiento interno del aparato internacional. Sagarzazu ya sería el máximo responsable de este área. También se recoge un documento intervenido del terrorista Mikel San Argimiro en un apartamento en Francia, en el que cuenta cómo regresó de forma clandestina de México con el apoyo de Sagarzazu.
La Policía cita igualmente diversos informes que recogen las directrices de Ramón Sagarzazu para proporcionar documentación falsa a miembros de ETA, los diversos alias que utilizaba para sus comunicaciones internas -Lauxien y Txango-, así como su responsabilidad en la organización de las reuniones celebradas por el comité ejecutivo de la banda, compuesto por los máximos responsables de cada área.
Decisiones colegiadas por la cúpula
Con esas pruebas, la Policía sostiene que Sagarzazu era el jefe del aparato internacional de ETA y que, como tal, formaba parte del núcleo más estrecho en la toma de decisiones de la banda terrorista. “En la fecha en la que se cometió el atentado [de Santa Pola], ostentaba la máxima responsabilidad del aparato internacional de ETA”. Un órgano funcionaba de “forma colegiada” y en el que se adoptaban las decisiones estratégicas de mayor relevancia.
Los investigadores sostienen que Sagarzazu tenía la misma responsabilidad que los dirigentes Juan Antonio Olarra Guridi (alias Juanvi o Jon), Ainhoa Múgica (Olga), Mikel Albisu (Mikel Antza), Félix Ignacio Esparza Luri y María Soledad Iparraguirre (Anboto).
La Policía considera que la cúpula de ETA ideó, planificó y coordinó la campaña de verano de 2002, mediante la cual la banda terrorista proyectaba sus atentados en zonas de afluencia turística para poner de relieve su capacidad de actuación. Los investigadores sostienen que Sagarzazu tenía la misma responsabilidad que los dirigentes Juan Antonio Olarra Guridi (alias Juanvi o Jon), Ainhoa Múgica (Olga), Mikel Albisu (Mikel Antza), Félix Ignacio Esparza Luri y María Soledad Iparraguirre (Anboto).
Entre los atentados perpetrados por ETA en la campaña de verano de 2002 figura el de la casa cuartel de Santa Pola, en el que fueron asesinados Silvia Martínez Santiago y Cecilio Gallego Alaminos. La Audiencia Nacional se basa en este informe de la Policía Nacional para imputar a toda la cúpula de la banda por el doble crimen, por el que ya fueron condenados Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso por colocar la bomba bajo el coche.
La Comisaría General de Información ofreció al magistrado un avance de sus pesquisas sobre Sagarzazu al ser el miembro de aquella cúpula del que disponía de informes más escuetos. En fechas próximas entregará al juez nueva documentación relacionada con los demás integrantes del comité ejecutivo de la banda. El magistrado cuenta igualmente con otro informe de la Guardia Civil que ubica a cada uno de los citados dirigentes de ETA en lo más alto de la organización.
De hecho, fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el criterio de la Policía con relación a Sagarzazu ha sido clave para imputarle en este sumario que se reabrió en marzo. Pese a que la Guardia Civil no le incluyó en su informe sobre los jefes de ETA en 2002, la Policía sostiene que hay indicios de sobra que le sitúan en el 'Comité Ejecutivo'. Por ello, el magistrado Manuel García Castellón ha decidido imputarle en la causa, junto con los otros cinco históricos de ETA, por la autoría intelectual de los asesinatos.
La prescripción de los delitos
Por su parte, fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario señalan que la decisión del juez abre las puertas a que se produzcan nuevas imputaciones de las sucesivas cúpulas de ETA en los atentados perpetrados por la organización. En algunos casos, si el recorrido judicial prospera, serviría para que algunos de los asesinatos sin resolver se salden con alguna condena a un miembro de la organización.
La principal dificultad de aplicar esta norma a los atentados de ETA es la prescripción de sus delitos. La Fiscalía General, en base al caso de Miguel Ángel Blanco, trata de establecer un criterio claro sobre cuántos años y qué circunstancias concretas deben concurrir para dar por concluidas todas las vías de investigación en los crímenes perpetrados por la banda.
Fuentes jurídicas sostienen que el atentado de Santa Pola aún no ha prescrito porque no se han cumplido veinte años de aquella fecha. Desde entonces, ETA ha perpetrado otros trece atentados mortales, que se han cobrado la víctima de 17 personas. Algunos de ellos aún permanecen sin esclarecer.
Antza y Anboto
Estos casos son diferentes a la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la cual se ha visto salpicada por las dudas sobre la prescripción del delito. El fiscal del procedimiento, Vicente González-Mota, no participó en los últimos interrogatorios al no compartir el criterio de sus superiores sobre este asunto. La Secretaría Técnica (órgano que dirigía el futuro fiscal general del Estado) se posicionó a favor de computar la prescripción como se ha hecho tradicionalmente, esto es, contando 20 años desde la comisión de los hechos.
Ello implicaría que la causa estaría prescrita para dos de los tres jefes de ETA imputados en la causa y que solo se podría seguir contra el histórico Kantauri, cuya entrega se ha vuelto a solicitar a Francia. González Mota discrepa. El fiscal ha acabado apartándose del procedimiento ya que él sostiene que debe ser la Sala de lo Penal la que se pronuncie por estos hechos al tratarse de un sumario ordinario.
El atentado de Santa Pola, sin embargo, no se encontraría con este galimatías jurídico, ya que la apertura de diligencias se ha efectuado antes de que transcurrieran los 20 años. De esta forma, aunque se declarara la causa prescrita para Antza y Aboto por el atentado de Blanco, tendrían que rendir cuentas en este sumario. Precisamente ambos comparecieron ante el juez por el asesinato de 1997. Los dos se negaron a responder amparándose el primero en que ya fue juzgado en Francia por pertenecer a ETA y la segunda en que las autoridades galas no le han entregado por estos hechos.
