El papel de Felipe VI en el proceso de consultas previo a la investidura está siendo muy comentado en los cuarteles generales de los dos grandes partidos. En el PP se reconoce que Mariano Rajoy puso al monarca en apuros al declinar provisionalmente la propuesta de comparecer ante el Congreso como candidato a la Presidencia. En la dirección del PSOE hay quien acusa al Rey de haber sido parcial al haber encajado la treta del presidente en funciones sin cerrarle la puerta a intentar la investidura cuando a él le convenga. Con la Constitución y el Reglamento del Congreso en la mano, nada se opone a la posibilidad de que el candidato propuesto por el monarca pueda renunciar a serlo. Rajoy no lo ha hecho, solo ha dejado correr el turno, a la espera de que Pedro Sánchez sea el primero en someterse al examen. El martes se sabrá si repite la jugada y si el líder socialista acepta el encargo, pero lo que se tiene claro en algunos sectores del partido, críticos con la actual dirección, es que si Sánchez lo hace sin tener bien amarrados antes los apoyos necesarios para superar la investidura, habrá hecho un flaco favor a Felipe VI colocándole de nuevo en aprietos cuando se cumple poco más de año y medio de su proclamación.
La Constitución permite al Rey tener un papel más activo en la búsqueda de candidatos con amplios apoyos
En el PSOE se han revisado tantos informes como en el Gobierno sobre el margen de actuación que la Constitución ofrece al Rey en situaciones políticas tan complejas como la nacida después del 20-D. Y se ha llegado a la conclusión de que cuando finalice este martes la segunda ronda de consultas, Felipe VI debería tener claro antes de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura si realmente cuenta con los votos necesarios para superarla, aunque sea por mayoría simple. “Aunque el Rey tiene una función instrumental en este proceso, nada le impide evitar proponer candidato a alguien que le reconoce que carece del respaldo necesario, máxime si no representa la lista más votada, como tampoco llegar a ejercer como intermediario y tomar un papel más activo para ahormar una propuesta que cuente con el respaldo más amplio posible. En este sentido, puede convertirse en el catalizador de las diferentes ofertas políticas, forzando incluso la posibilidad de acuerdo entre ellas, pues es cuando las consultas que ha realizado alcanzarían de verdad su verdadero significado”, aseguran en el sector crítico del PSOE con la actual dirección.
Nunca hizo falta que Juan Carlos asumiera este papel de sintetizar las propuestas de los partidos y ahora a su hijo puede tocarle tener que asumir esta tarea, sobre todo si unas nuevas elecciones no cambiaran demasiado la aritmética electoral. Un examen somero de todas las investiduras registradas desde 1979 revela que Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy superaron la investidura en primera votación en nueve ocasiones, no solo en contextos de mayoría absoluta de sus partidos (1982, 1986 y 2000), sino también cuando carecían de ella (1979, 1989, 1993, 1996 y 2004).
Suárez, Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy fueron investidos siempre en primera votación
Fuentes socialistas añaden que lo natural sería que si el martes Sánchez sale de La Zarzuela con el encargo de formar Gobierno, el presidente del Congreso, Patxi López le dé todo el tiempo que necesite para ello. Ni la Constitución ni el reglamento del Congreso marcan un plazo taxativo para la fecha del pleno de investidura, circunstancia de la que se valió, por ejemplo, José María Aznar en 1996 para negociar durante tres semanas con los partidos que finalmente le auparon a La Moncloa en aquella ocasión.
La compleja coyuntura económica y el eco que ha empezado a tener el bloqueo institucional en España en la mayoría de las capitales europeas y en los mercados internacionales, aconsejan acortar los plazos y es aquí donde se plantea otro problema, pues podría llegar a considerarse una irresponsabilidad que Sánchez aceptara la tarea de formar Gobierno aun a sabiendas de que le va a ser inviable conseguir su objetivo. La única ventaja de una votación fallida es que pondría automáticamente el reloj en marcha y tendrían que respetarse los 60 días antes de convocarse nuevas elecciones. Los expertos consultados por los dos grandes partidos consideran que “en todos los casos” habría que agotar dicho plazo. Una vez transcurrido este tiempo, sería el Rey quien tendría que disolver las Cortes en una decisión que llevaría aparejada la convocatoria de nuevas elecciones y que, posteriormente, debería ser refrendada por Patxi López como presidente del Congreso.
El Gobierno ha estudiado atajos para precipitar las elecciones en caso de que no haya ningún candidato a la investidura
Otro rompecabezas diferente derivado del vacío constitucional se presentaría en caso de que Rajoy y Sánchez renunciaran finalmente a comparecer en la investidura. Hay juristas que defienden que sin una investidura fallida no habría espacio para convocar nuevas elecciones, pero también los hay que opinan que con un informe del Consejo de Estado avalado por el Parlamento, el Rey podría dar este paso contando siempre con el refrendo del Congreso y el Senado, que encararían una autodisolución en sendas sesiones plenarias. En eso, precisamente, parece estar ahora el Gobierno. El puzzle, de momento, sigue sin encajar.
