El Gobierno de La Rioja entra en escena en el caso Ghali. El ejecutivo regional ha confirmado que jugó un papel activo en la recepción del líder del Frente Polisario en España y que su presidenta, Concha Andreu, dio instrucciones concretas de que se facilitara el ingreso del activista saharaui en el Hospital San Pedro de Logroño. Ahora bien, su gabinete no esclarece si lo hizo ya bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche.
Las claves sobre los hechos ocurridos el 18 de abril se recogen en la respuesta facilitada por la Consejería de Salud a una pregunta parlamentaria formulada por el grupo del Partido Popular. El documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, aclara que La Rioja intervino en esta gestión “a resultas de una petición de colaboración del Gobierno” de Pedro Sánchez y por razones humanitarias debido a la gravedad de su estado de salud tras su contagio de covid.
“En atención a la solicitud hecha por un tercer país, la presidenta de la comunidad, en el marco de sus competencias y de la natural lealtad institucional al Gobierno español, dio las instrucciones oportunas para que se respondiera positivamente a la mencionada petición de colaboración. Los datos específicos de la atención recibida forman parte de la intimidad de cada paciente y no pueden ser revelados respetando la ley de protección de datos”, reza la contestación que firma la consejera de Salud y portavoz del Gobierno regional, Sara Alba.
De este modo el equipo de Andreu da respuesta a la pregunta formulada por el diputado popular Jesús Ángel Garrido, el cual solicitó el pasado mes de mayo esclarecer “qué miembro” del Gobierno riojano fue avisado de la llegada de Ghali al hospital San Pedro. La misma se conoce además a escasos días de que Camilo Villarino, el que fuera jefe de gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González-Laya, declare en calidad de investigado en el marco de la causa penal abierta en los juzgados de Zaragoza por presunto delito de falsedad documental.
La versión de Moncloa
El magistrado al frente de estas pesquisas, Rafael Lasala, trata de esclarecer los detalles que rodean el ingreso de Ghali en España el 18 de abril, así como su salida del país el 2 de junio. Pese a que el Ejecutivo ha negado irregularidades con este operativo, las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza apuntan a que, por órdenes de Exteriores, no se identificó ni a Ghali ni a las dos personas que aterrizaron con él el 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza.
Al respecto cabe apuntar que el Gobierno, en respuesta a las preguntas registradas por la oposición en el Congreso de los Diputados, insistió en que el líder del Frente Polisario entró en España con su pasaporte personal y en estrecha comunicación con Marruecos. En concreto, Vox interrogó al Ejecutivo sobre si Ghali aterrizó en España con documentación falsa y si el Ministerio del Interior había abierto alguna investigación al respecto.
"La entrada del Sr. Ghali se produjo con la documentación a su nombre, por lo que los dos extremos por los que se interesa la pregunta carecen de sentido”, afirmó el Ejecutivo. En otra respuesta al mismo partido, el Gobierno aseveró que “no existían impedimentos normativos que impidieran la entrada del Sr. Ghali en España”, respondió el Ejecutivo.
Pero no fue la única ocasión en que Moncloa aseguró que la llegada de Ghali se efectuó en virtud de los procedimientos legales. “La entrada se produjo con la documentación a su nombre -indicó en otra respuesta parlamentaria al PP-. Es fruto de una decisión tomada debido a su condición médica grave y desprovista de cualquier connotación política”, respondieron.
Pendiente de Exteriores
Sobre estos hechos se pronunciará este próximo miércoles 1 de septiembre Camilo Villarino, el que fuera mano derecha de la entonces titular de Exteriores. El instructor de la causa le citó en calidad de investigado a tenor de la existencia de unos whatsapps girados con el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández-Sánchez, el cual también comparecerá en la causa como testigo el próximo 13 de septiembre.
Villarino le trasladó en dichas comunicaciones que “no era preciso” que el avión procedente de Argelia pasara el trámite de aduanas o inmigración y que dicha respuesta fue “perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente”. También confirmó tanto lo manifestado por Fernández-Sánchez como por el general jefe de la Base Aérea de Zaragoza, José Luis Ortiz-Cañavate, en relación a que las comunicaciones fueron verbales y que no consta expediente administrativo de este asunto en Exteriores.
Por ese motivo el instructor de la causa ha dado impulso a las pesquisas ampliando el foco también a la salida del país de Ghali. La misma se produjo la madrugada del 2 de junio desde el aeropuerto de Pamplona y tras prestar declaración en las causas que entonces tenía abiertas en la Audiencia Nacional. Al respecto, la sala ha requerido a la Policía Nacional para que identifique el mando o autoridad que está detrás del dispositivo de salida, tal y como adelantó este medio.
La versión policial
Del mismo modo el procedimiento acaba de sumar también el informe confeccionado por la Comisaría General de Información en relación a la presencia de Ghali en España. Los agentes confirmaron que el activista saharaui fue trasladado en ambulancia medicalizada desde Zaragoza hasta el Hospital de Logroño, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos. Según constató la Policía en su oficio, Ghali se registró con el nombre de Mohamed Benbatouche y lo hizo acompañado de un médico argelino (que a su vez aportaba informe médico sobre Ghali con otro nombre ficticio) y con el número dos del Polisario, Salem Lebsir.
Sin embargo, los médicos que le atendieron le reconocieron y así se lo trasladaron a los agentes trasladados al terreno. Su presencia en España no solo desató una crisis sin precedentes con Marruecos, sino que también implicó la reapertura del procedimiento penal abierto en 2008 en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, torturas y terrorismo, entre otros. El magistrado al frente del caso, Santiago Pedraz, le citó a declarar y le permitió que lo hiciera por videoconferencia desde el hospital de Logroño. Tras escucharle, le dejó en libertad sin medidas cautelares.
El pasado 29 de julio, el magistrado accedió a la petición de la defensa de Ghali y le archivó esta causa al considerar que los hechos denunciados estaría prescritos por haberse cometido entre 1975 y 1990. Además recalcó que no había pruebas de calado que pudieran implicarle en las torturas recogidas en la querella de los denunciantes y que los testigos incurrieron en numerosas contradicciones en su relato. Con todo, la Audiencia Nacional declinó investigar lo relativo a su entrada en el país y su supuesta identidad falsa ya que no es competencia de este órgano.
