La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha embolsado en los dos últimos meses más de 9.000 euros por dos únicas visitas a su lugar de trabajo; el Senado. Han sido el pasado 13 de enero, fecha de constitución de la Cámara Alta, cuando juró su cargo, y la semana pasada para organizar su despacho. Pese a que no ha habido gran actividad en estas fechas, Barberá no se ha presentado a reuniones importantes ni al encuentro con Mariano Rajoy ni el día en que se formaron las Comisiones. Sí se la ha podido ver, sin embargo, a través de la ventana de su domicilio, de dónde ha salido poco y cuando lo ha hecho ha sido para ir a la peluquería.
Barberá no entragará su acta y Rajoy no se lo ha pedido, mientras dos juzgados de Valencia ya preguntan por su aforamiento para abrir un proceso de investigación
Barberá recibe cada mes 4.636 euros por su puesto de senadora desginada por Les Corts. Según recoge la Cadena Ser, se embolsa, por un lado, 2.813 euros de asignación constitucional, la que cobran todos los senadores, y por otro, 1.822 de indeminización por ser de circunscripción de fuera de Madrid, algo por lo que no se tributa. Además, habría que añadir transporte, dietas y tarjeta taxi. Por último, el Grupo Popular recibe subvenciones según los escaños obtenidos en las elecciones, aunque la formación asegura que no le dan "ningún complemento" al no ocupar cargo alguno.
Este martes 15 de marzo hay pleno en el Senado, y los ojos están puestos en la valenciana porque ni sus compañeros saben si acudirá o no. Desde que saltara la Operación Taula Barberá apenas se ha expuesto a los medios, salvo la rueda de prensa forzada en la que defendió su inocencia y anunció que no tenía ninguna intención de dimitir. No piensa renunciar a su acta parlamentaria y el propio presidente del Gobierno en funciones no se lo ha pedido. Es más, la mantuvo blindada: Barberá dejó de presidir la Comisión Constituciones -perdiendo los 1.431 euros de asignación- pero pasó a ser miembro suplente de la Diputación Permanente, de manera que aunque se disuelvan las cortes ella seguiría aforada y cobraría su nómina igualmente.
Además, en este tiempo desde que asumió su cargo como senadora, dos juzgados de Valencia han preguntado a la Cámara Alta por su condición de miembro de esta institución. En concreto, a raíz del caso Imelsa y de la operación Taula. Muchos compañeros de su entorno empiezan a dudar de que todo lo que se ha descubierto pasara delante de sus ojos y ella no supiera nada, y algunos han ido más allá pidiendo en público una dimisión.
