El cerco a la exalcaldesa de Valencia se sigue estrechando a raíz del presunto blanqueo de capitales del grupo municipal popular. Tras la maniobra de los populares intentando blindar a Barberá en su condición de aforada, la exregidora puede que no se libre de que declare por este caso. Tal y como apunta el diario Valencia Plaza tanto el magistrado instructor como el fiscal Anticorrupción han empezado a mover ficha y han comenzado los trámites para llevar este caso al Tribunal Supremo para que la exregidora responda como investigada -término que sustituye al de imputado-.
El PP sitúo a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado para que no pierda el aforamiento en el caso de que se disuelvan las Cortes por una nueva convocatoria de elecciones generales. Barberá formará así parte como suplente de este órgano del Senado, que es el que da continuidad al parlamento entre periodos de sesiones y entre legislaturas. Algo que ha provocado el enfado de sus compañeros en Génova ya que, salvo que renuncie a su aforamiento expresamente, sólo el Tribunal Supremo podrá tomarle declaración como investigada.
De esta forma, el juez y el fiscal simplemente aplicarán el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim): "Del mismo modo que en el artículo anterior se procederá cuando se impute un acto punible contra un Diputado o Senador, los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española".
En este caso, salvo que renuncie a su condición de aforada, solamente Rita Barberá sería juzgado en el Supremo, ya que el resto de la pieza por presunto blanqueo de capitales se quedará en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.