La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de devolver a los juzgados de Madrid la causa en la que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, según fuentes jurídicas citadas por Ep. El magistrado dictó un auto el pasado 18 de septiembre en el que se inhibía del procedimiento al entender que fue en la capital "donde se residenció toda la actividad criminal" investigada.
Andreu señalaba que los delitos fiscales y de corrupción entre particulares que se imputan a Rato únicamente podrían ser investigados en la Audiencia Nacional si causaran "una grave repercusión a la economía nacional, lo que no se da en el presente caso".
En relación con el delito de blanqueo de capitales, que se investiga por una inversión que una sociedad vinculada a Rato realizó en un hotel de Berlín (Alemania), el juez sostenía que fue en Madrid "donde se urdió la trama, donde se transfirieron las cantidades de dinero que presuntamente se habrían obtenido ilícitamente, donde se habrían cometido los delitos precedentes y desde donde, en definitiva, se habrían realizado todas las actividades dirigidas a la presunta ocultación y transformación de las ganancias ilícitas".
"Parte de los delitos, en el extranjero"
La conclusión de Anticorrupción es que "si todo o parte de los actos de blanqueo se han producido en el extranjero es competente el Juzgado Central de Instrucción", es decir, la Audiencia Nacional. Y argumenta que si ésta no asume la competencia, la instrucción de este blanqueo de capitales se plantea "inviable" porque el Juzgado de Madrid no puede instruir un delito cometido, aunque sea en parte, en el extranjero al carecer, a juicio de Anticorrupción, de competencia orgánica y territorial para hacerlo, según informa Efe.
Anticorrupción alega que el lugar del crimen no es sólo Madrid: las sociedades opacas están registradas en Reino Unido, o sitas en Bahamas, Ginebra o Alemania. El órgano competente es por tanto la Audiencia Nacional
Además, en su recurso, la Fiscalía insiste en que "no es Madrid donde se residencia únicamente la actividad criminal", como consideró el juez Andreu, ya que Kradonara recibe transferencias de Albisa en dos cuentas en Madrid de las que luego se transfieren fondos a Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín y en la que Rato posee una participación del 50%. Sin embargo, aunque la compañía alemana Bagerpleta recibe el dinero en cuentas de una sucursal en Lérida, esas cantidades de origen supuestamente ilícito se destinaron a invertir en Alemania.
Y tal inversión, en opinión de la Fiscalía Anticorrupción, integra la comisión de un delito de blanqueo que debe ser competencia de la Audiencia Nacional. "Se trata de investigar el flujo dinerario que procedente del extranjero, de origen injustificado, llega a Kradonara y sale invertido a Alemania", incide Anticorrupción que recuerda, además, que Kradonara pertenece a Vivaway, una sociedad cuyo beneficiario último es Rato, constituida en Reino Unido.
Millones de euros "de origern desconocido"
En su recurso, Anticorrupción recoge que Kradonara recibió en total 6,5 millones procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce, porque hay transferencias por un importe total de 3,4 millones de euros en 2006, 2007, 2011 y 2014 a las que hay que sumar otras por 3,047 millones recibidas directamente desde Vivaway.
Y, a su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose. Sobre esta última, la ONIF apunta que está domiciliada en Bahamas y Rato es su beneficiario final, aunque no lo haya declarado, y añade que el exvicepresidente del Gobierno recibió directamente 300.000 euros de Red Rose.
Por otro lado, destaca que tanto 495.000 euros procedentes de Albisa, como 100.000 con origen en Telefónica, los recibió Kradonara y fueron a parar a la sociedad alemana Bagerpleta, que a su vez recibió algo más de 950.000 euros "con origen desconocido", a través de Vivaway y Kradonara. Motivos más que suficientes para que Anticorrupción considere que el caso Rato debe ser asumido por la Audiencia Nacional, aunque no relaciona estas operaciones con el caso Bankia, en el que se investiga también al exvicepresidente del Gobierno por la salida a bolsa de la entidad.
