Quizás la recuerden al término de una rueda de prensa en la que explicó por qué según Hacienda Bárcenas no pudo haberse acogido a la amnistía fiscal. Fue entonces cuando un micrófono abierto la cazó confesando a su segunda en el puesto: “No sé ni lo que he dicho. Seguro que me sacan cualquier barbaridad”. Beatriz Viana, la directora de la Agencia Tributaria que dimitió por el informe que atribuía 13 fincas a la Infanta, siempre se negó a que se investigase la lista de beneficiarios de la amnistía fiscal. En su plan de control tributario de 2013, Viana no recogió a los amnistiados entre los potenciales perfiles de riesgo que había que controlar. Y ello a pesar de que al Gobierno se le llenaba la boca defendiendo por tierra, mar o aire que la regularización no eximía del delito.
Por un tiempo, el listado de 31.000 individuos permaneció en un cajón celosamente guardado. Aun así, Beatriz Viana, que ahora ocupa un cargo en la CNMV, obviamente tuvo acceso a los datos. Pudo conocer de primera mano que Rodrigo Rato aparecía entre los acogidos a la amnistía. Y con el agravante añadido de que en el pasado había desempeñado el puesto de jefa de gabinete de Rato cuando éste fue vicepresidente económico.
La decisión de chequear el listado dependía no obstante de instancias más elevadas. Y el cambio de opinión sobre si se debía o no investigar la lista trasciende dos años después, en octubre de 2014. En el Congreso de inspectores de Hacienda celebrado hace seis meses, el sucesor de Viana, Santiago Menéndez, anunció que se aplicaría un control sistemático a los acogidos a la amnistía fiscal. El director de la Agencia Tributaria explicitó allí mismo que se estaban identificando perfiles de riesgo entre los que se habían beneficiado de la Declaración Tributaria Especial.
Motivos no le faltaban. Hacienda permitió que se declarase el dinero directamente en efectivo, sin especificar el origen de los fondos y sin importar si procedía de un país con secreto bancario. Algo que por cierto también se hizo en las dos amnistías del PSOE, pues se desconocía la identidad de quienes compraron la deuda del Tesoro instrumentada para aquellas regularizaciones.
“Con unas Sicav que tributan al 1 por ciento, es fácil estar a bien con el Fisco español. Salvo los casos de empresarios que antaño guardaban el dinero para posibles rescates de un secuestro de ETA, si alguien tiene fuera un dinero no declarado más bien suele ser porque éste presenta un origen ilegítimo”, apuntan diversas fuentes. Así las cosas, parece lógico pensar que muchos de los beneficiarios simplemente quisieron blanquear fondos.
Sin embargo, ¿qué sucedió para que se gestase semejante cambio de opinión? El Gobierno insiste en que nunca lo hubo. Entre la declaración de bienes en el extranjero y la amnistía fiscal, el proceso de cruzar los datos de más de 150.000 declarantes simplemente tarda mucho, sostienen. Pero otras fuentes no opinan así. Consideran que tres años se antoja demasiado tiempo para algo que cotejas informáticamente. Por ejemplo, cruzar los altos cargos con los amnistiados conlleva una tarea informática que no debería haber sido tan difícil y lenta de acometer.
Y en este punto una frase pronunciada hace escasos meses por un alto cargo del Ejecutivo puede arrojar algo de luz: “Si hay un nuevo Gobierno tras las elecciones, ¿qué va a hacer con la lista de los amnistiados?, ¿acaso alguien piensa que no la va a publicar en cuanto tenga la ocasión?”.
La posibilidad de dejar tamaño regalito a los siguientes era demasiado arriesgada. La maquinaria entró en funcionamiento. No podía pasar que el PP lo dejase sin investigar porque la marca no se recobraría nunca. Comienza una voladura interna controlada. Sólo que la explosión se precipitó mientras se manipulaba la bomba. En medio del proceso, Vozpópuli publica en exclusiva que Rodrigo Rato está siendo investigado tras haberse acogido a la amnistía. Un mito del PP ya defenestrado por el caso Bankia vuelve a morder el polvo. El escándalo estalla. Y Montoro resulta el principal damnificado de la metralla desperdigada por todos los medios. Su amnistía fiscal se retrata como uno de los errores más garrafales de la legislatura.
Enseguida, en el Gobierno surge la pregunta de quién ha soltado semejante carga de profundidad con unas elecciones a la vuelta de la esquina. “Hacienda siempre tuvo el contenido y nunca se filtró. Pero tan pronto como se remite la lista al Sepblac para que lo investigue, la información se divulga. Dos días, tardaron dos días”, enfatiza alguien al corriente de las entretelas del caso.
En la diana de las sospechas de varias fuentes consultadas se sitúa al director del organismo encargado de investigar el blanqueo, Juan Manuel Vega, quien fue nombrado por Guindos en mayo de 2013 para sustituir al jefe designado por el anterior Ejecutivo socialista.
Las rivalidades fratricidas en el Gobierno emergen de nuevo a flor de piel. En Hacienda y buena parte del Gobierno dirigen la mirada hacia el entorno del titular de Economía, quien ya está de salida y con la vista puesta en el Eurogrupo. “Guindos ha visto que no va a poder recuperar todo el dinero que ha inyectado en el rescate bancario y no quiere que se le eche en cara que no hizo todo lo posible para depurar responsabilidades. Al menos se va a asegurar de que los principales responsables sean empapelados. Que nadie pueda decirle que no rodaron las cabezas. El diez negritos versión Guindos lleva tiempo escribiéndose”, sugiere una fuente cercana al Gobierno. Conviene recordar que no es la primera vez que un órgano que cuelga del Ministerio de Economía carga contra Rato. Con ocasión del affaire de las tarjetas black, el Frob no perdió baza y se apresuró a refutar el informe de Bankia que exculpaba de delito a Rato y cía. O lo que es lo mismo, de golpe y porrazo les cerró la única vía de escape del Gólgota de la Justicia ordinaria.
Desvelado el caso por Vozpópuli, el Gobierno tiene que hacer de la necesidad virtud y convertir a Rodrigo Rato en un ejemplarizante punto y aparte con la corrupción. Sin embargo, diversas fuentes insinúan que varias decenas más de nombres ligados a la amnistía podrían propalarse en las próximas fechas. El largo camino por un campo de minas ha comenzado…
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N. de R.
En relación con el artículo de fecha 18 de abril de 2015 publicado en el digital Vozpópuli bajo el título La directora de la Agencia Tributaria que se negó a investigar la amnistía fue jefa de gabinete de Rato, firmado por Antonio Maqueda, quiero manifestar lo siguiente:
En la noticia se me acusa de “negarme” a investigar la amnistía fiscal y se dice que “el listado de 31.000 individuos permaneció en un cajón celosamente guardado”. Ambas afirmaciones son rotundamente falsas además de ser una acusación grave efectuada sin ningún tipo de prueba.
Igualmente falsa es la afirmación “En su plan de control tributario de 2013 Viana no recogió a los amnistiados entre los potenciales perfiles de riesgo que había que controlar”. Para demostrar la falsedad de esta acusación, remito a la lectura de las Directrices del Plan de Control Tributario de 2013 que figuran publicadas en el BOE de fecha 12 de marzo de 2013 donde, literalmente, puede leerse: “…la Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos…”. Es decir, que la comprobación de la lista de “amnistiados” sí se incluyó de forma expresa en el Plan de Control de 2013.
En cumplimiento de esta previsión, a lo largo de 2013, bajo mi superior dirección y la del entonces Director del Departamento de Inspección, se realizaron procesos masivos de análisis de datos para identificar perfiles de riesgo correspondientes a contribuyentes que hubieran intentado acogerse de forma indebida a los procesos de regularización y se dieron instrucciones para realizar requerimientos, informes e investigaciones que derivaron en la carga en Plan de Inspección de determinados contribuyentes. Así se reconoce en la nota de prensa de la AEAT de fecha 17-10-2014, accesible a través de Internet en la página web de la Agencia Tributaria en la que se hace referencia, y cito literalmente, a estas actuaciones realizadas al “inicio de 2013”. Se trata, por tanto, de actuaciones ordenadas por el equipo que yo dirigía. Este hecho, que se iniciaran entonces las actuaciones, desmiente por sí solo el titular.
Se afirma también que yo pude “conocer de primera mano que Rodrigo Rato aparecía entre los acogidos a la amnistía”. Y se relaciona con el puesto que desempeñé en su día como jefa de gabinete de Rato cuando éste fue vicepresidente económico. Niego rotundamente haber dado nunca ninguna instrucción para actuar o dejar de actuar en contra o a favor de ningún contribuyente.
Beatriz Viana Miguel
Inspectora de Hacienda del Estado
Exdirectora General de la AEAT
