La comunidad saharaui encaja un nuevo revés de Pedro Sánchez y denuncia que su posición es "una clara vulneración del derecho internacional". Este martes, el PSOE interpretó el papel de oposición e intentó frenar la tramitación del proyecto ley presentado por Unidas Podemos para conceder la nacionalidad española a todos aquellos saharauis nacidos antes de 1976, fecha en la que el Sáhara Occidental perdió oficialmente su condición de colonia española, alegando diferencias "técnicas" y "políticas". Finalmente, el Congreso de los Diputados dio luz verde a su tramitación con el apoyo de 168 diputados, incluido el voto a favor del PP y la abstención de los de Abascal.
La posición de la bancada socialista ha sido interpretada como un nuevo guiño de Sánchez a Marruecos apenas dos semanas después de que el líder del Ejecutivo viajara a Rabat donde se comprometió a "evitar aquello que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a la soberanía". La abogada saharaui Fátima M-Fadel explica a Vozpópuli que el voto emitido por el PSOE en el Congreso de los Diputados desacredita las resoluciones emitidas por la ONU respecto al Sáhara Occidental.
El proyecto ley -que Unidas Podemos presentó poco después de que se hiciera pública la carta firmada por Pedro Sánchez y dirigida a Mohamed VI en la que el presidente del Gobierno aceptaba la propuesta marroquí de autonomía "como la base más seria, creíble y realista para la resolución" del conflicto- plantea otorgar la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes de 1976 y sus descendientes en primera línea de consanguinidad mediante un procedimiento muy similar al que se utilizó con los sefardíes. La nueva norma también reduce a dos años el tiempo de espera para aquellos que lo consigan por residencia, equiparando las condiciones a las vigentes para los solicitantes de países latinoamericanos o Guinea Ecuatorial (territorios bajo dominio español en la era colonial).
Nacionalidad de origen
Los saharauis defienden, no obstante, que la propuesta presentada por los de Ione Belarra es insuficiente y no acaba con los obstáculos a los que se enfrentan de aquellos ciudadanos que desean optar a la nacionalidad, ya que el nuevo texto elimina la condición de origen de aquellos que han nacido en la que en su día fue considerada como la 53ª provincia española. "El proyecto ley de Unidas Podemos viene a decir que se les concede la nacionalidad por carta de naturaleza, una especie de gracia del Gobierno, cuando en realidad es una nacionalidad derivativa", defiende Fátima M-Fadel, miembro de APRASE (Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España).
La abogada explica que el Sáhara nunca ha sido reconocido como un nuevo Estado y, por tanto, sus ciudadanos "siguen siendo españoles de origen". "El Gobierno dice 'vamos a darle algo a esta población', pero se olvidan de toda la responsabilidad que tiene España para con el pueblo saharaui", añade.
En el texto existen "contradicciones" jurídicas
Entre las principales de trabas con las que se topan aquellos que no viven en España es la imposibilidad de acudir a un Registro Civil para presentar la documentación. En respuesta a esta problemática, la norma contempla que la solicitud podrá dirigirse "a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y podrá presentarse a través de la forma establecida en la Ley 39/2015", por lo que -según explica la letrada- considera la opción de hacerlo de manera telemática. La representante saharaui prefiere ser cauta y esperar a que la ley sea aprobada, aunque mantiene que el nuevo texto presentado por UP contiene varias "contradicciones" jurídicas.
Fátima M-Fadel detalla que uno de los puntos que más incertidumbre genera es aquel en el que se reconoce que se admitirán documentos expedidos por "las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España", ya que "España no reconoce a la República Saharaui Democrática". En consecuencia, la abogada interpreta que esta materia entra en conflicto con la línea marcada por el jefe del Ejecutivo respecto a sus cesiones a Marruecos.
"La norma está mal redactada, se nota que quien lo ha hecho no tiene mucha idea de cómo funciona el proceso de nacionalización. La legalización de los documentos no la puede hacer el Frente Polisario, porque no está reconocido", aclara la jurista.
La representante saharaui denuncia que el PSOE utilice este tipo de "errores" en la norma para justificar su rechazo a la iniciativa, que lejos de ser la solución última, sí incluye facilidades jurídicas. "Se lo han puesto en bandeja para poder rechazarlo. El PSOE ha buscado una excusa, pero su posición es política", sentencia. M-Fadel defiende que si la voluntad de Sánchez y los suyos fuese apoyar el proyecto bastaría con presentar una enmienda a este u otros puntos, pero Moncloa prefiere evitar un encontronazo con Rabat.
