Pedro Sánchez ordenó endurecer el decretazo eléctrico a menos de 24 horas de aprobarlo en Consejo de Ministros, según ha sabido Vozpópuli. El episodio se produjo entre la mañana y la tarde del lunes. El presidente del Gobierno había concertado una entrevista con TVE esa noche. Y pidió conocer el borrador de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que originalmente se limitaba a nuevas rebajas de tipo impositivo y que para nada tocaba los beneficios de las eléctricas. Sánchez montó en cólera por el escaso alcance de las reformas y pidió ampliar el decreto en la línea de las demandas que planteaba Unidas Podemos.
El Gobierno ha aprobado esta semana una de las normas más polémicas de la legislatura. El objetivo es poner freno a la escalada de los precios de la luz, que marca máximos históricos desde hace un mes. El real decreto-ley contiene ocho medidas. Una de ellas obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan. El Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros el impacto de este 'hachazo' a las empresas.
Sin embargo, este diario ha sabido que el borrador que manejaba el Gobierno el lunes por la mañana, 24 horas antes del Consejo, era exactamente la mitad —tanto en número de medidas como en alcance de las mismas— del presentado ante la opinión pública. Y se circunscribía a pequeños retoques en materia fiscal similares a la bajada del IVA de antes del verano. Así quedó patente en una reunión que mantuvieron los equipos técnicos de Ribera y de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Políticas Sociales, Ione Belarra, esa misma mañana. El disgusto en Podemos era muy evidente a esas horas.
Cabreo de Sánchez con Ribera
Sánchez, según explican varias fuentes a este diario, convocó a varios técnicos de la Presidencia en La Moncloa para valorar si la propuesta de Ribera bajaba o no la factura de la luz. La respuesta fue negativa, lo que molestó profundamente al jefe del Ejecutivo. Sánchez llamó a continuación a Ribera y exigió a su ministra asumir los planteamientos de su socio morado y conseguir esa rebaja en el recibo, por lo menos a precios del 2018, que ha prometido a los españoles.
"El compromiso del presidente en esa entrevista al diario El País ha provocado que el PSOE cruce unos límites que parecían impensables", dicen fuentes conocedoras de la tensión que se vivió durante esa jornada.
El cabreo de Sánchez con Ribera, "monumental" según estas fuentes, se tradujo en un cambio radical del decreto a última hora de la tarde del lunes. El giro sorprendió en el seno del PSOE, pero también en Podemos, que no daba crédito a lo que estaban sucediendo. Así lo trasladaron a sus jefes políticos Josep Vendrell, jefe de Gabinete de Díaz; y el secretario de Estado de Derechos de Sociales, Nacho Álvarez; que eran los representantes de la formación morada en las reuniones técnicas con Transición Ecológica.
La negociación del decreto ha dejado muy satisfecho a Unidas Podemos, según han reconocido sus líderes en numerosas declaraciones públicas. El partido morado considera que el PSOE ha ido más lejos de lo que nunca soñaron gracias a la presión que han ejercido en las últimas semanas. Ribera, por su parte, ha salido muy tocada de este envite, porque ha hecho lo que dijo que no iba a hacer.
En La Moncloa no ha gustado la forma en la que la ministra de Transición Ecológica ha abordado la crisis de la luz desde su estallido inicial en agosto. El primer gran traspié de Ribera fue durante su comparecencia en el Congreso tras las vacaciones. Primero, apeló a la "empatía" de las empresas del sector como toda solución a la subida de precios. Y segundo, ha tenido que desdecirse y aplicar recetas de su aliado de coalición que ella mismo calificó poco menos que de populistas en su intervención ante el Parlamento.
Errores de improvisación
La premura con la que se corrigió y rehízo el decreto provocó, por ejemplo, que Sánchez facilitara una cifra de impacto económico para las eléctricas mucho menor en la entrevista de TVE que la que luego dio Ribera. El presidente habló de "detraer 650 millones" al año de beneficios a las grandes compañías eléctricas. El cálculo está basado en unas condiciones normales en la evolución de los precios del gas. La estimación fue corregida al alza el martes para llegar a los 2.600 millones, que según los expertos solo se alcanzarán si todos los parámetros de la evolución de precios en el sector se llevan al límite.
Otro de los problemas de la improvisación y los cambios de última hora ha sido con el sector de las renovables. De hecho, tal y como adelantó Vozpópuli, Ribera se ha comprometido con la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) a matizar y aclarar que el recorte de las retribuciones del decreto solo se aplicará a los proyectos que hayan integrado el incremento de los precios del gas.
Es decir, los contratos de venta de energía a largo plazo (PPA, en sus siglas en inglés) que se han firmado con empresas del mismo grupo, sí mantendrán este recorte del Gobierno. Pero los proyectos que fueron ganadores de la subasta de energía de 2017 no se les aplicará esta minoración para esquivar una cascada de pleitos por la inseguridad jurídica.
