La redacción del decreto sobre los 11.000 millones de euros que Pedro Sánchez ha prometido a las empresas para hacer frente a la crisis de la covid ha generado una polémica que el Gobierno intenta sortear antes del próximo viernes, fecha del Consejo de Ministros extraordinario en el que se concretará la medida. Fuentes gubernamentales señalan que existen discrepancias entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y el departamento económico de la Moncloa. Apuntan a diferencias sobre la cuantía de ayudas directas, con un baile de entre 5.500 y 2.500 millones, y a una cuestión de método que ha irritado a la ministra. En Economía niegan la desavenencia y anuncian que harán lo que haga falta para ayudar el sector. Se calcula que la medida afectará a un millón de pymes.
La autoría del decreto de ayudas a las empresas ha generado un enfrentamiento inédito en el Ejecutivo. Así lo aseguran fuentes gubernamentales que sostienen que la ministra Calviño recibió algo parecido a un documento ya finiquitado, con una postura y cifras ya casi cerradas, y que ella no compartía. No sería la primera vez que un ministro recibe un decreto redactado desde la Moncloa y haya manifestado internamente su malestar al presidente Pedro Sánchez.
En este caso, la clave del enfrentamiento atañe a la cuantía de dinero directo, es decir, a fondo perdido, previsto para las empresas en dificultad. Recibirán el dinero las sociedades que puedan demostrar haber perdido al menos el 30% de su facturación con respecto a la época precovid, y que el Ejecutivo quiere apoyar para evitar un alud de quiebras.
"No hay discrepancias"
La oficina económica de la Moncloa de Manuel de la Rocha y del estratega Iván Redondo presiona para aumentar el dinero directo a estas sociedades. En el Ejecutivo se menciona la cifra de 5.500 millones como cuantía definitiva. Aunque desde la Moncloa también deslizan un golpe de efecto para el próximo viernes. Por ejemplo, con un aumento general de las ayudas a través de préstamos por encima del total de 11.000 millones que anunció Sánchez a bombo y platillo en el Congreso, que permitirá reequilibrar los fondos directos en un porcentaje menor con respecto al total de las ayudas.
Calviño también quiere respaldar al sector "haciendo lo que haga falta", pero niega que su posición se limite a los 2.500 millones. Desde su departamento sostienen que la cifra final de ayudas directas se conocerá el viernes, y subrayan que los técnicos ministeriales han estado en todo momento controlando la iniciativa. "La cifra es radicalmente distinta y no hay discrepancias, el decreto no se ha aprobado todavía porque estamos estudiando cómo hacer eficaces las ayudas", afirman. Es decir, que niegan que la Moncloa haya impuesto a Calviño las líneas generales del decreto que se conocerá el viernes, aunque otras fuentes del Ejecutivo sí defienden ese enfoque.
Fuentes gubernamentales señalan que existen discrepancias entre Nadia Calviño y el departamento económico de la Moncloa. Apuntan a diferencias sobre la cuantía de ayudas directas, con un baile de entre 5.500 y 2.500 millones
El temor en algunos sectores del Ejecutivo es que es mejor incidir en medidas de reestructuración de la deuda, que ayudas directas. Argumentan que es dañino para los mercados inyectar dinero sin obligaciones para las empresas ni planes de solvencia a largo plazo, tal vez vigilados por entidades cercanas al Banco de España. Y, sobre todo, quieren evitar que estas ayudas acaben en un maremágnum de ineficacia: si una empresa recibe los fondos pero va a la quiebra igualmente, se bloqueará el efecto dominó de pagos a los proveedores.
Guerra de baja intensidad de Podemos
La Moncloa cree que la magnitud de la crisis no permite hacer cálculos a largo plazo y que es "esencial" ayudar de inmediato al "enfermo". Según el Banco de España, un 18% de las empresas en España están ahora en situación de insolvencia pero su negocio es viable, tal y como adelantó este diario. Estas compañías deben en conjunto 50.000 millones de euros en créditos. Y en medio de este duro enfrentamiento se encuentra Podemos.
El partido de Pablo Iglesias quiere subir la apuesta; habla de conceder ayudas directas por un total de 8.000 millones (Ciudadanos propone incluso 9.000), aunque el asunto, que es esencial para Calviño, no es para los morados una asignatura troncal. Unidas Podemos está volcada en aumentar los recursos para al ingreso mínimo vital, las pensiones y la vivienda. En estos tres sectores están dispuestos a elevar la presión sobre Sánchez, mientras que en el ámbito de los 11.000 millones a las empresas evitarán que la sangre llegue al río.
Sánchez quiso en un primer momento aprobar el fondo en el Consejo de Ministros del martes 9 de marzo. Sin embargo, según explican fuentes del Ejecutivo, en la reunión preparatoria del jueves nadie incluyó la propuesta en la documentación oficial. Esto puede significar que el presidente del Gobierno planeaba elevarlo in extremis jugando la carta presidencial, aunque desde el sector de Calviño aseguran que no hubo retraso, sino que se tenían que cerrar los últimos flecos de una medida muy compleja.
Sin apoyos estratégicos
Aun así, todo apunta a que el Gobierno elevará estas ayudas directas. Los movimientos internos de otros ministros económicos revelan, por ejemplo, que la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha empezado a ponerse de perfil, aunque inicialmente desde su departamento lamentaron la falta de información y desconocían de dónde se sacaría la partida. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se alinea en ese tema con la Moncloa. En cuanto a Podemos, como ya se ha mencionado, su idea es elevar las ayudas y, en general, los morados mantienen una relación de frialdad con Calviño.
Para las fuentes consultadas, la ministra Calviño acabará aceptando la decisión del presidente, aunque con su presión en estos días habrá enviado el mensaje de que el Ejecutivo no está escorado a la izquierda y que quedan márgenes para otras negociaciones sobre los fondos para la recuperación. La mirada de la Comisión Europea está puesta sobre España, y Sánchez corre peligro de convertirse en observado especial si en la ejecución de los fondos incurre en errores que pueden apuntar a una mala gestión de los mismos. El viernes se conocerá la decisión definitiva del Ejecutivo.
