España

Sánchez impone un apagón informativo en plena tragedia para no responder preguntas de corrupción

Tanto el PSOE como Sumar se atrincheran en la catástrofe de Valencia por respeto. Pero su objetivo es controlar la comunicación y evitar cualquier riesgo

  • María Jesús Montero, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en Moncloa. -

No existen precedentes de que un partido político en España haya suspendido toda comunicación pública por motivos de luto. La declaración del luto oficial -en vigor desde este jueves hasta el próximo sábado- impone protocolos concretos, como el izado de banderas a media asta, y sirve para simbolizar el respeto oficial ante cualquier tragedia nacional, como la devastadora DANA acaecida este miércoles en varias provincias españolas, que se ha llevado por delante la vida de al menos 95 personas -al cierre de esta información- y ha provocado la desaparición de otras tantas decenas. Pero no existe, en definitiva, norma alguna que obligue a los partidos o a las figuras políticas a evitar declaraciones públicas. Y, aún así, Pedro Sánchez ha impuesto un apagón en su partido, el PSOE, al que se ha sumado su socio, Sumar. 

Ambas formaciones, salpicadas en las últimas semanas por varios escándalos, emitieron este miércoles sendos comunicados en los que anunciaron su intención de 'desaparecer' mediáticamente. "El Partido Socialista Obrero Español no hará declaraciones políticas durante los tres días de luto oficial [...] Es el momento de estar con sus familias; arroparlas y apoyar a todas las unidades de rescate que siguen trabajando en condiciones durísimas. La confrontación política tiene sus momentos, pero hoy es la hora de la unidad en el dolor", explicaron los socialistas. "Con motivo de los tres días de luto oficial tras las trágicas pérdidas causadas por la DANA, no realizaremos ninguna declaración política. Nuestra solidaridad y apoyo están con las familias afectadas y los seres queridos de las víctimas", siguieron en Sumar.

La reputación de la coalición está bajo mínimos. Las malas noticias se suceden en las últimas semanas para Moncloa. La situación empieza a ser insostenible. Hace dos semanas se imputó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; algo inédito en democracia. Pero el rastro es largo. El estallido del caso Koldo, a principios de año, abrió la caja de Pandora. Desde entonces, todos los males se han propagado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La supuesta trama de cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia, con epicentro en el Ministerio de Transportes que dirigía entonces José Luis Ábalos, está detrás de casi todo. Y el remate fue la caída de Íñigo Errejón, una figura clave para Sumar, cercado por varias denuncias de agresión sexual. 

En cualquier caso, España declaró tres días de luto oficial tanto tras el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, en 2013, como después del accidente del vuelo de Spanair, en 2008, en los que murieron 79 y 154 personas respectivamente. En ninguna de ambas catástrofes, los partidos en el Gobierno -PP y PSOE respectivamente- anunciaron apagón público alguno. Por no hablar del atentado yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Entonces, el Ejecutivo de José María Aznar (PP) también decretó tres días de luto. Y tanto el PSOE como el PP hicieron declaraciones, algunas de las cuales generaron una gran controversia en torno a la autoría de los atentados y a la gestión de la información del Gobierno. Aquella fue una guerra política atroz que fracturó a la sociedad española en dos y cuya cicatriz todavía se percibe nítidamente.

Algunos socialistas, en conversación con este diario, explican que no quieren replicar de nuevo lo agrio del combate político en pleno dolor. Pero el 11-M estuvo salpicado por la política desde el primer momento, a tres días de unas elecciones generales y con la sospecha de la autoría yihadista tras la participación de España en la guerra de Irak. La DANA de Valencia es una tragedia natural. Los socialistas ya se preparan para atacar al presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, a quien señalan por haber desmantelado la Unidad de Emergencias Valenciana y por haber enviado la señal de alerta tarde, cuando las inundaciones estaban en su apogeo. Moncloa lanza mensajes velados de asunción de responsabilidades en la Comunidad Valenciana, donde apuntan también los socios de izquierda del Gobierno en el Congreso. Podemos, sin ir más lejos, considera que “los mecanismos de previsión no funcionaron adecuadamente” y por ello solicita que se impulsen medidas para la depuración de responsabilidades políticas.

El equipo del presidente del Gobierno quiere que el foco lo tenga por el momento el dirigente popular, en tanto máximo responsable de la Generalitat. El PP lleva semanas apremiando al Gobierno a convocar una conferencia de presidentes autonómicos. Fuentes del entorno del presidente explican que el autonomismo del PP debe ser coherente. Moncloa tampoco tiene intención, mientras esté activo el gabinete de crisis, de convocar un consejo de ministros extraordinario. Aunque Sánchez se desplaza este jueves a Valencia para seguir de cerca las tareas de rescate y reparación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de la Unidad Militar de Emergencias. La comparecencia del presidente este miércoles en Moncloa fue sin preguntas. Lo que está claro es que el Gobierno quiere limitar la exposición del Ejecutivo a las cuestiones de la prensa.

El comité de crisis que presidió Sánchez se puso en contacto con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Castillla-La Mancha, Murcia y Andalucía, así como con los delegados del Gobierno en estos territorios. Además, puso a su disposición todos los efectivos que sean necesarios de la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil. Y se mantendrá reunido de forma permanente para analizar la situación hasta que la DANA remita. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, precisó que en la Comunidad Valenciana, la más afectada, está activo el nivel dos, movilizándose en consecuencia “todos los medios disponibles” por parte del Gobierno de España. Hay 1.116 efectivos de la UME, 344 vehículos, además de medios aéreos, 200 efectivos del Ejército de Tierra, 750 guardias civiles, 100 agentes de la Policía Nacional, a los que se suman, agentes de policía locales, autonómicos, de Protección civil y numerosos voluntarios. Por delante queda todo un mundo para recuperar una normalidad que nunca será igual. 

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