El Gobierno de Pedro Sánchez concedió un total de 47 indultos desde que llegó a La Moncloa hasta 2020, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia. Supone una cifra ínfima de los miles de expedientes que se tramitan anualmente, pero se da la circunstancia de que diez de ellos (el 21%) no contaban con el informe favorable de la Fiscalía o del tribunal sentenciador.
Esto pone de relieve que la opinión de los jueces y fiscales no es vinculante a la hora de adoptar la decisión de indultar a un condenado, que corresponde al Consejo de Ministros a instancias de Justicia. Esta medida de gracia ha regresado ahora al primer plano político después de que el Ejecutivo haya anunciado que la semana próxima comenzarán a tramitar la petición de indultos para los 12 líderes independentistas condenados por el procés.
La Ley del indulto obliga al Ministerio a remitir al Congreso un informe cada seis meses con datos sobre la tramitación de esta medida contemplada en una Ley de 1870. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura. Durante la segunda mitad de aquel año, se concedieron tan solo ocho indultos de 2.139 expedientes remitidos por los tribunales sentenciadores sobre peticiones. De esos ocho indultos, uno de ellos se concedió con el informe en contra de la Fiscalía.
El primer semestre del año 2019 fue similar en cuanto a expedientes recibidos, pero más profuso en indultos concedidos. La cifra ascendió en ese periodo a 39 medidas de gracia de entre 2.061 informes. Nueve de esos indultos contaban con el rechazo bien de los jueces o de la Fiscalía o de ambos. En concreto, cinco tenían el informe desfavorable de la Fiscalía, dos contaban con el rechazo del tribunal sentenciador, y en otros dos casos eran tanto jueces como fiscales los que coincidieron al informar en contra. A pesar de ello, se otorgaron.
Nueve en los últimos meses del PP
El Ministerio de Justicia presentó los datos correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2019. El primer semestre de 2018, bajo el Gobierno del PP, se dieron nueve indultos. De ellos, cinco se otorgaron con la opinión en contra de la Fiscalía. Por su parte, en la segunda mitad del año 2019, con el Gobierno en funciones, no se dio ninguna medida de gracia de entre los 1.862 expedientes recibidos.
Los delitos a los que fueron condenados los indultados por el Gobierno de Sánchez oscilan entre cuestiones de narcotráfico (8), delitos contra el patrimonio (3), orden público (1), contra la integridad física (3), contra el patrimonio (18), contra la libertad (7), falsificación (4) y delitos contra la administración pública (3). Justicia no ha aportado todavía los datos pormenorizados de la primera mitad de este año 2020.
En lo que afecta a los condenados por sedición en el procés, el propio informe de Justicia ya advierte de que no existen plazos para tomar una decisión: “La duración de la tramitación es muy variable, pues los informes preceptivos pueden recibirse en un plazo que oscila entre los siete y los diez meses”. Una vez lo recibe el tribunal sentenciador, en su caso el Tribunal Supremo, pedirá informes a la Fiscalía y a Instituciones Penitenciarias. En el caso de los presos catalanes, se encuentran en prisiones de esa comunidad, que cuenta con las competencias transferidas en esa materia.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que tendrán que estudiarlo los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio, entre ellos, Consuelo Madrigal, la exfiscal general del Estado señalada por el número dos de la carrera por presionarle en contra del Ejecutivo socialista. Son los fiscales que contra la opinión del Gobierno acusaron por rebelión a los líderes del procés.
"Indicios de arrepentimiento"
Los mismos que pidieron que en la sentencia se estableciese un periodo de seguridad para evitar que los presos disfrutasen de permisos penitenciarios. Es previsible que opongan al indulto de recaer en ellos finalmente la responsabilidad de informar. Por su parte, el Tribunal Supremo se reservó en la sentencia la última palabra sobre la posible concesión de terceros grados para los presos independentistas.
Además, el tribunal -que les impuso penas de entre ocho y 13 años de prisión- reaccionó enérgicamente en contra de que los líderes soberanistas fuesen excarcelados durante la pasada pandemia para que cumplieran condena en sus respectivos domicilios.
Según la ley del indulto, el Supremo tendrá que recabar una serie de indicaciones en su informe, entre ellas, “indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado”. No obstante, en su caso, al menos los mensajes públicos han ido más encaminados a rechazar la opción del indulto, solicitar una amnistía y reivindicar su derecho a repetir el desafío soberanista por el que fueron condenados.
