En una carta dirigida a los 27 países miembros de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto la creación de centros de inmigración fuera de las fronteras de la UE. La iniciativa, inspirada en el acuerdo migratorio entre Italia y Albania, sugiere que estos centros sirvan para gestionar el retorno de inmigrantes mientras se determina su situación legal, ya sea para su repatriación o para otorgarles asilo.
Sin embargo, el Gobierno de España ha rechazado de manera tajante esta propuesta, abogando por una política migratoria más humana y solidaria.
La portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, confirmó la postura del país tras la reunión del Consejo de Ministros. "España ha manifestado su posición en contra de la creación de centros de inmigración fuera de la Unión Europea", declaró Alegría, reafirmando el enfoque del gobierno de Pedro Sánchez de mantener vías de migración seguras y trabajar de manera coordinada con los países de origen y tránsito para frenar las redes de tráfico de personas.
El modelo italiano y las diferencias de enfoque en Europa
La propuesta de Von der Leyen surge tras el acuerdo entre Italia y Albania, liderado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Dicho acuerdo permite el traslado de inmigrantes a Albania mientras se procesa su situación migratoria. El sistema ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian las condiciones en las que se mantienen a los inmigrantes en estos centros.
Von der Leyen, en su carta a los países miembros, mencionó que con la experiencia obtenida del acuerdo entre Italia y Albania se podrían extraer lecciones valiosas para implementar este modelo en otros lugares de Europa. Sin embargo, esta medida ha sido recibida con escepticismo en muchos sectores. En España, el gobierno se ha mantenido firme en su rechazo a este enfoque, defendiendo una política de inmigración que respete los derechos humanos y que trabaje en colaboración con los países de origen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los principales opositores a esta idea. Durante su comparecencia en el Congreso la semana pasada, en un pleno centrado en la cuestión migratoria, Sánchez reafirmó su compromiso con esta política, que no solo cumpla con el derecho internacional, sino que también sea esencial para la prosperidad y sostenibilidad del Estado del bienestar español. Sánchez destacó que acoger a quienes llegan buscando una vida mejor es un deber moral y legal que va más allá de la mera gestión de flujos migratorios.
Para el gobierno español, la clave no está en crear centros de retorno fuera de Europa, sino en aplicar soluciones que respeten los derechos de los inmigrantes. En palabras de Alegría, "seguimos defendiendo la aplicación humanitaria y solidaria del pacto de migración y asilo en Europa. Queremos apostar por vías regulares y seguras, y seguir trabajando con los países de origen y tránsito para combatir a las mafias que trafican con personas". Esta política ya ha permitido reducir en un 40% las llegadas de inmigrantes a las costas españolas.
A nivel europeo, Sánchez se ha mostrado dispuesto a mantenerse firme en su postura, incluso si eso implica quedarse en minoría en las discusiones del próximo Consejo Europeo. En contraste con otros líderes europeos que han endurecido sus posturas migratorias bajo la presión de la ultraderecha, como el canciller alemán Olaf Scholz, Sánchez defiende una visión progresista de la inmigración como un elemento clave para el futuro económico y demográfico de Europa.
La polémica en España: Ciudad Real
Mientras tanto, en el ámbito nacional, la llegada masiva de inmigrantes a las islas Canarias ha llevado al Gobierno a explorar posibles lugares en la península para aliviar la presión sobre el archipiélago. Entre las opciones consideradas, se encuentra la apertura de un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real, lo que ha generado una gran controversia.
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, se ha opuesto vehementemente a esta posibilidad, calificando el proyecto como un "campo de concentración de migrantes" y advirtiendo que el lugar no reúne las condiciones necesarias para alojar a las personas que llegarían allí. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclaró que el Ejecutivo está estudiando "cientos de emplazamientos" en toda España para aliviar la situación en Canarias y que cualquier decisión se tomará en coordinación con las autoridades locales.
Debate en el centro de la política europea
La propuesta de Von der Leyen para crear centros de inmigración fuera de la UE ha puesto de manifiesto las divisiones entre los países miembros sobre cómo gestionar la inmigración. Mientras que algunos gobiernos, como el de Italia, apoyan un enfoque más restrictivo, otros, como España, apuestan por una política basada en la cooperación internacional y el respeto a los derechos humanos.
El Consejo Europeo que se celebrará esta semana en Bruselas se presenta como un escenario clave para el futuro de la política migratoria en Europa. Con una creciente presión de la derecha y la ultraderecha en varios países, los líderes europeos deberán encontrar un equilibrio entre las demandas de seguridad y las obligaciones humanitarias que exige el derecho internacional.
