El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a 14 ejecutivos de Afinsa por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. A lo largo de 59 folios, Pedraz relata toda una operativa piramidal de un negocio ruinoso e inviable, que además conocían los responsables.
Según el auto, los directivos ocultaron su situación patrimonial mediante artificios contables avalados por el auditor y con ello ocasionaron un perjuicio de 1.928 millones de euros. En el auto se sostiene que, a costa del déficit patrimonial creciente de Afinsa, el incremento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio, cuya "inconsistencia e inviabilidad está fuera de toda duda" que afectó a 190.022 personas.
El consejo de administración y otros altos directivos conocían que era un negocio "ruinoso" porque carecía de sentido económico y de apoyo legal, y los administradores fueron conscientes de que para mantener la actividad resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorización, según indica Pedraz.
Los procesados son el expresidente Juan Antonio Cano, y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler, Juan Domingo y Jordi Domingo y al socio auditor de Gestynsa Francisco Blázquez. También considera como partícipes a título lucrativo a María del Mar Fernández, Felisa Montoro, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro Montoso. El juez impone a todos ellos una fianza conjunta y solidaria de responsabilidad civil de 1.928 millones de euros, y les da un plazo de 24 horas para abonarla, de lo contrario procederá al embargo de sus bienes.
A lo largo de 59 folios, el magistrado relata toda una operativa piramidal de negocio "ruinoso e inviable" y como a costa del déficit patrimonial creciente de Afinsa, el incremento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio. De esta forma, explica que "la apariencia empresarial era de una actividad lícita" de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora -Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador.
"Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar tal dinámica", asegura. Ello determinó que a 21 de abril de 2006, cuando Anticorrupción presentó la querella que dio origen al procedimiento, Afinsa se encontrase en una situación de "absoluta insolvencia, conocida por los responsables de la compañía, que además se esforzaron en ocultar para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio".
