El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia recomienda que ningún compañero facilite resoluciones a los gabinetes de prensa de los tribunales hasta no resolver "las graves deficiencias" en protección de datos, tras la filtración de datos personales de la víctima de La Manada.
En un comunicado, el colegio reacciona así tras conocerse el informe de la vocal del CGPJ Victoria Cinto, en el que aprecia "un funcionamiento irregular en materia de protección de datos" por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que remitió la sentencia al departamento de Comunicación.
La institución recuerda que el letrado de Justicia solo debe trasladar las resoluciones a los que las leyes procesales indican y le obligan, por lo que recomiendan que "desde hoy no se de resolución alguna a los gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)".
El caso de la víctima de La Manada
El Colegio indica que el informe del CGPJ señala que la letrada judicial de Navarra tenía que haber borrado el código seguro de verificación (CSV), introducido con el sistema de notificación electrónica que garantiza la integridad de los documentos judiciales que se notifican a las partes, y que figuraba en la sentencia, y no haberlo hecho es lo que ha permitido la exposición de datos personales de la víctima.
Cuando, precisa, el mismo informe explica que "la letrada advirtió al gabinete de prensa que eliminara todas las posibilidades de acceder a datos personales en la sentencia comunicada".
Así, los letrados acusan al CGPJ y al Ministerio de Justicia de no cumplir sus obligaciones legales, creando una autoridad de control y protocolizando los procesos de protección.
Y añaden que el Gobierno navarro "obliga a utilizar unos medios informáticos precarios y endebles para proteger los datos personales, sin que se hayan hecho las auditorías exigidas legalmente".
Precisamente, ayer el Consejo General del Poder Judicial retiró del orden del día dicho informe porque considera necesario recabar más información del Gobierno y la Audiencia de Navarra antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos.
El Colegio lo tiene claro: "Toda la fuerza del Colegio estará con la compañera de Navarra".
