Sectores del PSOE y del Gobierno consideran "insostenible" la continuidad del Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz, tras el registro de su despacho ordenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la Guardia Civil este viernes, para investigar su móvil y sus dispositivos electrónicos. Ven "muy difícil" que el Supremo no acabe abriendo juicio oral a García Ortiz después de que cinco magistrados de la sala presidida por Manuel Marchena, en un auto cuya ponente es la progresista Susana Polo, hayan acordado por unanimidad imputarle por un presunto delito de revelación de secretos en el contencioso de Hacienda por delitos fiscales contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso; lo cual, dicen, convierte en inviable su continuidad al frente del Ministerio Público.
Las citadas fuentes, algunas del sector crítico con Pedro Sánchez pero también miembros en activo de su gabinete, son partidarias de soltar ya el "lastre" político en que se ha convertido el fiscal general, adelantarse a los acontecimientos para evitar más desgaste y obligarle a dimitir -no puede ser cesado-. Coinciden en que, sin entrar en la cuestión de fondo, sí es culpable o no de atentar contra el derecho de defensa de González Amador por filtrar varios e-mail entre su abogado y la Fiscalía de Delitos Económicos a los medios de comunicación, su salida de la primera línea debe producirse "cuanto antes"; Desde luego, "antes" de esa previsible apertura de juicio oral, "para no tener que ver la escena insólita de un fiscal general sentado en el banquillo". "Una auténtica distopía de dudoso pedigrí democrático", señala con bochorno uno de los consultados.
Recuerdan a este respecto que, cuando el Alto Tribunal imputa a alguien aforado como es el fiscal general, "lo hace en base a su doctrina de indicios reforzados de delito, no por meras sospechas, precisamente porque un aforado no tiene instancia de recurso -sólo en amparo ante el Tribunal Constitucional-". Y remarcan lo anómalo que sería para cualquier Gobierno llevar hasta sus últimas consecuencias la defensa política de Álvaro García Ortiz en un pulso institucional con el Supremo.
No obstante ven a Sánchez decidido a mantener el pulso tambièn con el Supremo porque le es rentable para su entiende que "políticamente le es rentable" para su teoría de la conspiración; todo, la imputación de su esposa, los "intentos desesperados" por implicarle en la trama del ex ministro José Luis Ábalos, su ayudante en Fomento, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, hoy en prisiòn, y, por supuesto, la ofensiva contra el fiscal general forma parte del intento del PP y Vox de derrocarle porque no le ganan en las urnas.
Sin embargo, otras fuentes consultadas ven al presidente del Gobierno decidido a no dejar caer a García Ortiz porque le viene bien el pulso con la Sala Segunda -"políticamente le es rentable", señalan-, para insistir en la teoría de la conspiración: todo, la imputación de su esposa Begoña Gómez, los "intentos desesperados" de PP y Vox por implicarle en la trama corrupta del ex ministro José Luis Ábalos, su ayudante en Fomento, Koldo García Izaguirre, y el empresario conseguidor, Víctor de Aldama, hoy en prisión, y, por supuesto, la ofensiva contra el fiscal general "por hacer su trabajo, desmentir los bulos de Ayuso y su entorno" (Sánchez dixit) forman parte de un intento de derrocamiento porque Alberto Núñez Feijóo no va a lograr sin Vox una mayoría parlamentaria salida de las urnas.
Así pues, Pedro Sánchez "no va a dar su brazo a torcer", según empieza a ser opinión generalizada entre muchos socialistas. Ya pueden los sectores críticos de su partido, incluso miembros del gabinete, la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, y la inmensa mayoría de la judicatura presionarle para muestre a Alvaro García Ortiz la puerta de salida, que el jefe del Ejecutivo está decidido a seguir en su línea de resistencia.
Las dudas del PNV
Otra cosa son los socios del Gobierno de coalición. Sumar no va a alzar la voz, inmerso como está en la profunda crisis abierta por el escándalo de acoso sexual protagonizado por su ya ex portavoz parlamentario Íñigo Errejón y, además comparte la tesis de la conspiración de la derecha política y judicial, lo mismo que ERC o Bildu, pero en el caso del PNV las cosas no estañan tan claras. Para los jeltzales, que el Fiscal General esté en esta situación penal es "insólito" e "incómodo", señala a Vozpópuli una fuente cualificada. En líneas generales se comparte la tesis de que, tarde o temprano, García Ortiz tendrá que irse porque su imagen sentado en el banquillo de los acusados es una imagen institucional imposible para cualquier gobierno.
Tanto el PNV como Junts ya han dado un aviso a Sánchez tumbándole la conversión en permanente del impuesto a las empresas energéticas, un movimiento que va a obligar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo rehacer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2025, razón de más para que La Moncloa y Ferraz intuyan que sí a Álvaro García Ortiz se le pone negro el futuro judicial, sean los primeros en exigir su cabeza. De momento guardan silencio.
Al Fiscal General ya solo le apoyan la Asociación Progresista de Fiscales y Jueces y Juezas para la Democracia. En esos ámbitos y en los del Gobierno -el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limita a hablar de respeto a las resoluciones de los tribunales- incomoda especialmente que la imputación haya sido por unanimidad de cinco jueces y, por encima de todo, que la ponente sea la progresista Susana Polo; porque desbarata en buena medida la teoría de la conspiración de la derecha política y judicial contra Sánchez
Al Fiscal General ya solo le apoyan claramente las asociaciones minoritarias, Asociación Progresista de Fiscales y Jueces y Juezas para la Democracia. En esos ámbitos y en los del propio Gobierno -el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se limita a hablar de respeto a las resoluciones de los tribunales- incomoda especialmente que la imputación a García Ortiz haya sido por unanimidad de cinco jueces de la Sala Segunda del Supremo y, por encima de todo, que la ponente sea la magistrada progresista Susana Polo; porque desbarata en buena medida la teoría de la conspiración de la derecha política y judicial contra Pedro Sánchez.
Por contra la mayoritaria en la carrera Asociación de Fiscales, conservadora, ha pedido al Fiscal General que renuncie al cargo porque su continuidad mancha a todo el Ministerio Público. "Retorcer argumentos, o en expresión más moderna, construir un relato no cambiará la realidad de las cosas", le advierte en una carta remitida a él nada más conocerse el registro de su despacho ordenado por el Supremo a la Guardia Civil. La resistencia de García Ortiz, dice la misiva no puede justificarse en defensa del Ministerio Fiscal, "ni es la evocación de cada uno de los fiscales haciendo juicios lo que conduce a su permanencia". "En su decisión solo subyace el deseo de aliviar una posición procesal personal, y quizás también la de otros cuyos nombres se ignoran, que afrenta a la Institución y a cada uno de quienes la servimos», afea la Asociación de Fiscales en su carta.
