El último Consejo de Gobierno, celebrado el pasado viernes, aprobó el real decreto que regula el reconocimiento de los periodos de prácticas remuneradas como tiempo trabajado. Se podrá acreditar un máximo de dos años, que contarán para la jubilación pero no para el desempleo. La nueva normativa entrará en vigor a partir de noviembre, aunque también se podrá aplicar con carácter retroactivo. Eso sí, previo pago de las cuotas atrasadas.
Según las primeras estimaciones, las cotizaciones de los actuales becarios supondrán 18 millones de euros anuales y las arcas de la Seguridad Social ingresarán entre 120 y 360 millones de euros gracias a la recuperación de los periodos de prácticas. Serán los exbecarios, y no las empresas, quienes deberán correr con la totalidad de los gastos, a razón de 75 euros mensuales, para abonar las cuotas que en su día, y gracias al vacío legal, no se pagaron a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Pablo es una de las muchas personas que podrían acogerse al convenio con la Seguridad Social para recuperar sus antiguas prácticas, de las que ya hace más de tres años, tiempo en el que ha cotizado a tiempo completo para una agencia de diseño. Ha echado cuentas y ha decidido que no necesita recuperar dos años de prácticas para su futura jubilación. Además de la recaudación, considera que el objetivo de esta medida es “sólo aparentar, porque al final estamos como siempre”.
Contribución desigual
Pero si hay una palabra que se ha escuchado ligada a esta medida es recaudación. David, informático y antiguo becario, opina que esta medida “suena más a un intento de llenar unas arcas sedientas de liquidez que a una ventaja de cara al futuro”. Reconoce que el decreto es una buena medida para regular una situación -los contratos de becario- que cada vez se da más en las empresas, si bien “se da de bruces a la hora de aplicar el carácter retroactivo”, por la notable diferencia entre los 42 euros que habrá que pagar a partir de ahora (40 la empresa y 2 el becario) mientras que “a los antiguos becarios se nos pide la humilde cantidad de 75 euros” para recuperar el tiempo perdido. “Tienen que pagar casi el doble de lo que va a tener que pagar cualquier empresa, que no es que gane precisamente la mitad de dinero al mes de lo que gana el antiguo becario”, apunta David.
Victoria, diplomada en Ciencias Empresariales, ve la medida como un intento de reducir la precariedad y de regular la realidad laboral, en la que un becario “en ocasiones lleva a cabo exactamente el mismo trabajo que cualquier empleado”. En el caso de Victoria es cierto: le dieron un puesto como becaria para cubrir una baja por maternidad. “Les salía mucho más barato que hacer un contrato de sustitución en condiciones, y aun cuando volvió esta empleada se dieron cuenta de que seguían necesitando una persona más en el departamento y me fueron renovando la beca hasta que la facultad dejó de permitir las prácticas voluntarias”.
En cuanto al pago, le parece “injusto que cotizar por las becas sea voluntario y que sea el mismo becario el que tenga que hacer frente a este pago”. Al igual que David, Victoria opina que 75 euros por recuperar tus prácticas “es un desembolso económico importante”, sin embargo, “para las empresas, que son las grandes beneficiadas de estos contratos de beca, no supone carga ninguna” y disfrutarían de una especie de amnistía fiscal por las cotizaciones atrasadas. “Si quieren ser justos, que nos pidan pagar lo mismo que van a pagar los futuros becarios, y con gusto voy mañana mismo y pago mis 20 euros correspondientes a los 10 meses trabajados”, declara David.
Quizá la intención haya sido contener una situación en aumento que se está yendo de las manos. “Es un parche para intentar solucionar una situación que quizás tenía riesgo de enquistarse”, admite Victoria. Y es que las dificultades para acceder a un puesto de trabajo han hecho que muchos jóvenes opten por alargar sus prácticas. ¿Será esta la solución que proponían los políticos al desempleo juvenil?
