La dura sentencia de los ERE de Andalucía que afecta altos dirigentes del PSOE no descabalgará del Gobierno al presidente, Pedro Sánchez, como sí le sucedió a su antecesor, Mariano Rajoy, tras la sentencia de la primera fase de la trama Gürtel. Se trata de dos resoluciones históricas con similitudes y deferencias en las que los tribunales han establecido una verdad jurídica sobre la corrupción en torno a los dos principales partidos españoles.
Lo que se investigó, juzgó y enjuició en ambos casos afectaba a épocas en las que ni Sánchez ni Rajoy estaban al frente del Gobierno. Ninguna de las dos tramas se puede achacar tampoco a sus responsabilidades al frente de sus respectivos partidos, aunque la sentencia del caso Gürtel afecta al periodo comprendido entre 1999 y 2005 y centrada principalmente en la Comunidad de Madrid, bastión de los populares. Rajoy -quien tuvo que declarar como testigo ante la Audiencia Nacional por estos hechos- sucedió a José María Aznar al frente del PP en 2004.
En el caso de los ERE se concentra en Andalucía, tradicional feudo de voto socialista. Se investigó una trama de desvío de fondos públicos para empresas en crisis que abarcó casi una década, entre 2000 y 2009. En ese tiempo, el máximo cargo que desempeñó Sánchez fue el de diputado raso. El actual líder socialista experimentó un accidentado aunque rápido ascenso al poder del PSOE a partir de 2017 enfrentándose a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sucesora de Griñán, condenado este martes a seis años de cárcel.
Responsables
La sentencia de Gürtel, cuyo ponente fue el juez José Ricardo de Prada -ahora apartado del juicio sobre la caja B del PP-, afectó no solo a los cargos populares investigados, sino también al partido. La sentencia de 1687 folios emitida en mayo de 2018, decía que la formación conservadora era responsable a título lucrativo. Según los jueces, la trama que dirigía el empresario Francisco Correa sufragó al PP con 245.492 euros: 133.628 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo de Alarcón, ambos municipios de la Comunidad de Madrid.
Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada 'Caja B' del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989”. Aunque está pendiente el juicio por los llamados 'papeles de Bárcenas' sobre esa contabilidad paralela del PP.
En el caso de la sentencia de los ERE de Andalucía conocida este martes, los jueces determinan que el "montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y luego 31L, de los que se dispuso todos estos años, para atender compromisos asumidos frente a terceros para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis" a través del "mecanismo inadecuado de las transferencias de financiación, desde la Consejería de Empleo a la Agencia IDEA, se elevan" a más de 680 millones de euros.
El fallo de la Audiencia de Sevilla no afecta al PSOE como partido, aunque sí a pesos pesados de la formación como es el caso del propio José Antonio Griñán o José Manuel Chaves. Según la resolución, “eran plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron. Chaves, histórico del socialismo andaluz, llegó a ocupar una Vicepresidencia en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011. También fue ministro en ese Ejecutivo y antes en el de Felipe González. Además gobernó la Junta de Andalucía durante nueve años. Este martes ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia le ha cogido lejos ya de la actividad política y sin visos de regresar.
Años de prisión
En total, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 19 personas que suman condenas hasta los 67 años y medio por delitos de prevaricación y malversación. Entre ellas hay dos expresidentes andaluces, seis exconsejeros y tres exviceconsejeros. El resto son cargos de la Administración autonómica, desde directores a secretarios.
Aquí termina -a la espera de los previsibles recursos- el conocido como caso de los ERE de Andalucía, pero en esa comunidad gestionada durante décadas por el PSOE aún está pendiente la macroinvestigación sobre corrupción en torno a los fondos destinados a los cursos de formación. En el marco de esa causa hay una pieza separada que afecta a exaltos cargos de la Junta.
En el caso de la primera fase de la trama Gürtel, la Audiencia Nacional impuso hasta 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados al considerar que cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
