Apenas veinticuatro horas después del cese de Francisco Granados como senador y diputado regional del PP por un asunto de presunto dinero negro en Suiza, el Gobierno anunciaba una serie de medidas para atajar la corrupción en la vida política. Granados, durante años uno de los puntales de los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre, con quien ejerció de consejero en diversos cometidos y quien pilotó la comisión de investigación del famoso 'tamayazo', estaba prácticamente apartado de la política. "Sólo iba al Senado a apretar un botón", declaró con realismo casi ofensivo. El 'fuego amigo' había puesto punto final a su carrera. En el PP de Madrid se libra desde hace tiempo una guerra sorda y cruel. Granados ya había sido apartado de la primera línea. Pero alguien consideró que no era suficiente. Demasiados enemigos para quien no tiene el techo de cristal.
Todos bajo sospecha
"Un político no puede tener dinero en Suiza. Yo ni siquiera tengo un reloj suizo", declaró, tras conocerse el episodio, un veterano de la formación en el Gobierno. Granados ha sido la última gota de un asunto que se sitúa, desde hace ya tiempo, en la cabeza de las preocupaciones de los españoles. La corrupción figura entre las tres principales inquietudes nacionales según el barómetro del CIS. Se trata de un mal endémico, quizás irresoluble, que afecta a los principales estamentos de la sociedad. Instituciones, partidos políticos, funcionarios, órganos reguladores... incluso las ONG aparecen bajo el manto de la sospecha.
En el último informe de la UE, España aparece como el segundo país de Europa donde existe mayor percepción generalizada sobre la corrupción entre ciudadanos y empresas. Un documento demoledor que, sin mencionarlos expresamente, se refiere a asuntos como el 'caso Bárcenas' y la Gürtel del PP, los Ere de la UGT y PSOE de Andalucía, los ITV del clan Pujol en Cataluña. Y algo tan importante como la 'puerta giratoria' de los cargos públicos que ingresan en las empresas privadas en sectores sobre los que han tenido capacidad ejecutida decisoria.
Promesas y más promesas
Las promesas de "regeneración democrática" son cantinela imprescindible en los programas y promesas electorales de todos los partidos del arco parlamentario. Los anuncios de una 'cruzada' contra la corrupción llenan la boca de los dirigentes políticos en mítines y en declaraciones públicas. Pero apenas se advierten avances. Las medidas concretas brillan por su ausencia.
El PP tiene imputados en las Cortes Valencianas al 20 por ciento de sus diputados. El actual presidente de la Comunidad, Juan Manuel Fabra, ha apartado de sus puestos a una quincena de cargos del Gobierno y de responsables regionales por este motivo. La sombra de la Gürtel es alargada y ha tendido un espeso puente aéreo entre Madrid y Valencia.
Pero la corrupción va por barrios. El escándalo Gürtel, que sacude fundamentalmente al PP, suma ya 187 imputados en cinco años de instrucción del caso. La famosa red de los Eres andaluces, en los que sindicalistas de UGT y responsables de la Junta de Andalucía se repartían dineros públicos de parados y empresas en crisis, suma ya 161 imputados en la insrucción de la juez Alaya. La familia Pujol en Cataluña, aparece periódicamente en los medios como protagonista de casos de corrupción de todo tipo. Oriol Pujol debió abandonar la secretaria general de Convergencia por el escándalo de la ITV, un mangoneo de adjudicaciones irregulares. Tan sólo en la localidad de Marbella, el 'caso Malaya' se llevó por delante a 95 políticos y cargos públicos de todos los partidos. Las condenas, recientemente conocidas, resultaron sin embargo casi un bálsamo para los culpables.
Cajas y entidades financieras
La política no es el único territorio en el que campea alegremente la corrupción en nuestro país. El saqueo de las entidades financieras, en especial las cajas de ahorros, arroja actualmente un saldo de 100 directivos imputados pero tan sólo tres de ellos han ingresado en prisión, según el informe publicado en Vozpópuli por Miguel Alba. Bankia y Miguel Blesa se llevan la palma del estruendo en el apartado financiero. Un asunto estremecedor por sus diferentes derivadas. Saqueos de fondos públicos y estafas ingentes a miles de ahorradores.
Pero en nuestro país la corrupción no paga. Este es uno de los principales problemas. Si el asunto Madoff se solventó en nueve meses en los Estados Unidos, en España cualquier suceso reseñable, incluso los que producen verdadera alarma social, se eternizan en los juzgados mientras sus culpables se pasean libremente sin mayores quebranteos públicos.
Desde el 'affaire' Filesa, que sacudió las estructuras del PSOE en los años 80 y que dio con los huesos en la cárcel de cinco altos cargos del PSC, los trenebrosos asuntos de la corrupción no han cesado en el devenir político de nuestro país. Ni siquiera la Corona ha permanecido ajena a esta molicie, con el 'caso Nóos' que ha salpicado a una Infanta de España y a su esposo, ambos imputados. Pero las urnas se muestran clementes con los escándalos. El propio Camps volvió a conseguir la mayoría absoluta tras el escándalo de los trajes, asunto del que, por cierto, fue declarado posteriormente no culpable.
Medidas por la regeneración
Ante este panorama el Gobierno ha decidio reaccionar con la aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes de un paquete de medidas sobre el control de la actividad económica de los partidos políticos. Esta inciativa, varias veces anunciadas en los útlimos meses, se aprueba tres días antes tan sólo del debate del Estado de las Nación.
Soraya Sáenz de Santamaría es la impulsora de estas medidas regeneradoras que buscan, principalmente atajar el descontrol en que ahora se encuentran las cuestiones financieras de las formaciones políticas, tanto en lo que hace a su actividad como a sus estructuras. Son medidas necesarias e importantes. Prohibición de donaciones de empresas a los partidos (pero no a sus fundaciones), publicación de balances en las web, no a las condonaciones de créditos e información puntual de los responsables de la cuentas de los partidos ante la Cámara. Un manojo de medidas bien intencionadas que serían de enorme eficacia si los órganos de control y los reguladores actuaran conforme a Derecho. Si se manejaran con rectitud, solvencia eficacia, lo que hasta ahora apenas ha ocurrido. Una medida necesaria que puede quedarse en un mero intento de voluntarismo.
La alegría del indulto
De los más de 800 casos de corrupción política/económica que se asientan actualmente en las mesas de trabajo de los jueces de la Audicencia Nacional, tan sólo se han producido media docena de ingresos en prisión. Un porcentaje llamativo. Aunque más reseñable es el asunto de los políticos indultados, como aquellos dos dirigentes de Unió Democrática, el partido que gobierna en Cataluña junto a Artur Mas, condenados a cuatro y dos años de cárcel por el llamado 'caso Treball' y que salieron alegremente a la calle con dos multas de 3.600 euros luego de resultar indultados ainstancias del ministro Gallardón.
En nuestro país el que la hace no la paga. Ni va a la cárcel y, menos áun, restituye lo robado. Las medidas gubernamentales que ahora se aprueban pueden reusltar ejemplarizantes pero se precisan grandes dosis de voluntariedad política para que no se queden en agua de borrajas. Pronto se verá si Francisco Granados es la última cuenta de un pestífero rosario o, lamentablemente, la corrupción seguirá encaramada en el 'top' de los problemas que preocupan y angustian a los españoles.
