Ha sido presentada como la propuesta estrella de este periodo de sesiones. La tan anunciada reforma de las Administraciones Públicas inició ayer su andadura tras una meticulosa puesta en escena de tres días, dirigida desde vicepresidencia y en la que se ha implicado hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero ante todo y sobre todo es el proyecto mimado de Soraya Sáenz de Santamaría desde que su jefe le pidiera que coordinara un amplio equipo de trabajo para hacer realidad una reforma mil veces anunciada como la que va a poner a cero el contador de nuestra Administración.
En torno a este proyecto, Sáenz de Santamaría ha tenido ocasión de ir afianzando y ensayando, una vez más, su poder interno, que es mucho y que se extiende a muchos ámbitos, desde la coordinación económica en ausencia de Rajoy -lo que viene a convertirla en "doble" vicepresidenta- al control de los servicios de inteligencia pasando por la interlocución con los nacionalistas y con los barones autonómicos, que cuando se alteran con Cristóbal Montoro levantan el teléfono para hablar con ella sabiendo que es como si lo hicieran directamente con el presidente.
Ya no es sólo una cuestión orgánica. Cada vez es más evidente el grado de confianza que el jefe del Ejecutivo siente hacia su 'número dos' y, lo más significativo, es que cada vez quiere que se note más, por lo que el mensaje llega con fuerza al resto de los miembros del Consejo de Ministros para que no haya dudas.
Por eso, le resulta imprescindible que la reforma de las Administraciones Públicas llegue a buen puerto tras las cuotas de confianza que ha recibido para que sea así. En Moncloa se extiende la idea de que cuando Rajoy quiere que algo funcione se lo encarga a Santamaría, aunque en este caso queda por ver hasta dónde se puede o se quiere llegar con este ambicioso proyecto que no culminará en toda su plenitud hasta 2015 y que han evaluado que supondrá un ahorro, entre sector público y privado, de 37.700 millones aunando también la reforma local, la tasa de reposición cero del empleo público y la digitalización de la burocracia.
La vicepresidenta ha venido hablando con los presidentes autonómicos de una reforma que les afecta. Queda por ver hasta dónde quieren asumir las "sugerencias"
Moncloa no quiere repetir la experiencia de la reforma local, embarrancada más de un año después de que se anunciara debido a la resistencia de los alcaldes a medidas como la fusión de ayuntamientos o la desaparición del 30 por ciento de los concejales, propuestas que acabaron siendo orilladas. Administraciones Públicas ha tenido que negociar con la FEMP un sin fin de alegaciones y ahora está pendiente el informe del Consejo de Estado.
Precisamente, la gran duda que suscita la 'reforma Soraya' reside en la capacidad de persuasión sobre los gobiernos autonómicos para que apliquen buena parte de las medidas. Montoro, cada vez más instalado en el incómodo papel de malo de la película, recordó que la asunción de las "sugerencias" que hace el informe de 2.000 páginas será directamente proporcional a la buena voluntad de su Ministerio en los criterios de cumplimiento de disciplina fiscal y reparto del déficit. Santamaría, más discreta, hace de su frecuente interlocución con los barones territoriales la mejor vía para atraerlos al acuerdo, sabiendo que nadie discute su autoridad interna.
Reforzada más que nunca por un proyecto que se pretende de gran calado, la reforma de las Administraciones Públicas ha permitido además descubrir dos emergentes figuras de la tercera fila ministerial. Se trata del subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y de la subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). De Renovales se decía que no descartaba dejar Moncloa tras culminar este proyecto. Si no es así, tanto él como Platero pueden tener futuro.
